Abogados trabajando

En el mundo corporativo hay una profesión de moda: la abogacía. Los empresarios ya se aseguran de que sus socios y proveedores cumplan con lo que prometen y ahora exigen que lo pongan por escrito, como se narra en el artículo de portada de este número de Expansión. Esa puede ser una buena noticia, porque significa que los arreglos ya no se hacen por abajo de la mesa, sino con reglas claras y a la vista de todos. La tendencia también se da en las relaciones del sector privado con el gobierno. Y esa es una mejor nueva. Si es así, ahora será más importante actuar de acuerdo con la ley que tener influencias.

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La proliferación de despachos de abogados también puede ser una mala advertencia. Los negocios se han complicado de tal manera que sólo quienes tienen grandes recursos para dedicarlos a ayuda profesional pueden salir bien librados. ¡A nadar entre tiburones se ha dicho!

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En realidad las cosas no son ni tan color de rosa ni tan graves. El hecho de que los contratos por escrito y la intervención de los abogados prolifere demuestra que en el país empieza a imperar la ley. Eso facilita la libre competencia. También puede entorpecerla. Hay firmas que han fortalecido más sus departamentos jurídicos que los de mercadotecnia o investigación y desarrollo.

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México necesita un justo medio en esta tendencia, que empezó claramente cuando firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Al principio de los años 90, el equipo negociador de ese acuerdo destacaba que por primera vez las pequeñas y medianas empresas conocerían las reglas para exportar a Estados Unidos y Canadá. Eso sucedió. También pasó que con la llegada de inversión de los socios comerciales, los contratos empezaron a incluir elementos de legislaciones extranjeras.

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Los grandes despachos nacionales de abogados tienen más poder, pero ahora advierten que sus contrapartes estadounidenses empiezan a ganar espacios donde quizá no deberían tenerlos. Los acuerdos se firman en oficinas en Nueva York, atendiendo a reglamentaciones de la unión americana. Tal vez algunas compañías aceptan las reglas externas por comodidad, otras pueden hacerlo por simple ingenuidad. Al admitir que otros vigilen el cumplimiento de los contratos, debilitan a las instituciones mexicanas.

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Claro, el problema no se resuelve sólo con apelaciones al patriotismo de los hombres de negocio del país. Si ellos o sus socios al otro lado de la frontera perciben que la procuración de justicia en México no es expedita, que la burocracia domina buena parte de los procesos, entonces preferirán recurrir al extranjero. Y ahí no pierden sólo los bufetes de abogados. Pierden los empresarios –que quedan en desventaja frente a sus socios, clientes o proveedores foráneos– y pierden las autoridades, porque se deteriora el poder que tienen para vigilar lo que sucede dentro del país. También pierde México, porque eso erosiona su soberanía.

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–Los editores