ADE <br>Prórroga... para los Bancos

Si no consigue reestructurar, ojalá totalmente, los créditos otorgados, la banca mexicana persisti

A pesar del contundente apoyo gubernamental que ha obtenido la banca mexicana desde que inició la crisis, la mayoría de dichas instituciones aún están lejos de derrotar a uno de sus principales fantasmas: el de sus carteras vencidas.

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Según numerosos analistas, esta es la razón fundamental que ha llevado a los bancos a prorrogar el plazo para reestructurar créditos al amparo del Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores (ADE) hasta el 30 de abril de 1996. Es decir, 90 días más de lo contemplado inicialmente, pero ello para beneficio de los bancos, no para los deudores.

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Según el semanario Tendencias (11 de diciembre de 1995), el gobierno ha apoyado directamente a las instituciones bancarias a través de la compra de cartera de crédito a bancos capitalizados por otras instituciones, interviniendo a otros bancos y con la implementación del ADE.

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En el primer caso, los beneficiados han sido Probursa —que implicó compra de cartera por parte de Fobaproa por $4,700 millones de pesos—, Bital (por $4,380 millones), Bancen ($1,100), Serfin ($4,340), Promex ($3,030), Atlántico ($3,700) y Bancrecer-Banoro ($5,020). Banca Confía es la única institución que se mantiene en el Programa de Capitalización Temporal (Procapte), con obligaciones por $425 millones de pesos.

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Actualmente, la cartera comprada por el gobierno sobrepasa los $26,000 millones de pesos y, según este mismo semanario, falta considerar la posible compra de cartera a Confía, Mexicano y a los dos bancos más grandes del país: Banamex y Bancomer. Se estima que dicha operación alcanzaría la extraordinaria suma de $23,000 millones de pesos.

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En cuanto al segundo tipo de apoyo, se intervino, por bajos niveles de capitalización, a los bancos Obrero, Interestatal, Oriente e Inverlat.

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Y en lo que respecta al ADE, un subsidio gubernamental complementa las menores tasas de interés que ofrece el Acuerdo a sus deudores (dependiendo del tipo de crédito que hayan adquirido). Este apoyo oficial busca que los ingresos financieros de las instituciones bancarias no se vean tan deteriorados.

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Y aún así...
-Sin embargo, este “apapacho” gubernamental no ha bastado y, para resumir, ahí están las cifras: al cierre del año pasado, la cartera vencida de la banca alcanzó el nivel histórico de 18.5%, lo que en pesos y centavos significa $120,000 millones de pesos. Hace un año y medio, ni el más pesimista o el más acérrimo enemigo de la banca privatizada habría pensado en este tenebroso escenario.

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Y por ello la prórroga que, según las instituciones de crédito, está concebida como la “única alternativa” para resolver créditos entrampados, casi en su totalidad producto de la crisis financiera desatada a fines de 1994. En otras palabras, el ADE estaría ayudando a “limpiar” la bodega de las cifras malas, pero aliviando pocas cargas reales.

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En primer lugar, porque muchos de los créditos reestructurados que contabiliza la banca se dieron de forma automática y pertenecían a clientes que nunca dejaron de pagar. En segundo, porque no se prorrogó también la fecha límite para firmar la carta de intención.

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¿Qué se busca entonces? Un retoque a las cifras, según muchos, aunque ningún banco lo reconozca.

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En cualquier caso, según lo manifestado el 11 de enero por la Secretaría de Hacienda y la Asociación de Banqueros de México, hasta el 31 de diciembre de 1995 se logró renegociar los términos de pago de 73% del universo de créditos previstos dentro del programa. Y la decisión de extender el plazo para reestructurar créditos con problemas era sólo para los deudores que firmaran la carta de intención antes del 31 de enero.

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Así, la prórroga se convirtió en realidad en un “respiro” para los bancos, que ahora disponen de más tiempo para desahogar créditos que no podían atender en los plazos convenidos.

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Y hay más aún. Los créditos que no se reestructuren tendrán que reconocerse como pérdidas y afectarán el capital de las instituciones, así como los niveles de reservas preventivas que les exigirán las autoridades.

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Funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reconocen extraoficialmente que unos $12,000 millones de pesos podrían ser reconocidos como pérdidas bancarias si el ADE no rebasa un 85% de créditos reestructurados respecto al universo contemplado originalmente.

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Según las últimas cifras de la CNBV, hasta el 31 de enero la banca comercial consiguió reestructurar 1’544,856 créditos, equivalentes a pasivos por un total de $145,883 millones de pesos. Hasta esa misma fecha se habían firmado más de 551,000 cartas de intención.

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Cuando comenzó a operar el ADE, en septiembre de 1995, los banqueros anunciaban con bombos y platillos que éste beneficiaría a 100% de los acreditados, a 75% de los créditos empresariales —de las micro, pequeñas y medianas empresas— y a 78% de los deudores de tarjetas de crédito. Asimismo, 91% de los créditos personales y 49% de los hipotecarios disfrutarían de las ventajas de este “macroacuerdo”.

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Sin embargo, hoy, con la prórroga, está dando cuenta, sobre todo, de la persistente debilidad financiera de la banca nacional.

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