Tal vez a nadie se le ocurriría leer un artículo titulado con un latinajo como el que encabeza esta nota. Sin embargo, detrás del término legal affirmativa ficta hay un concepto tan importante para generar una economía más dinámica y productiva en nuestro país que tenemos que correr el riesgo de entenderlo.
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El concepto no implica ni gasto público adicional ni sacrificio social, por lo que resulta difícil entender por qué no se adopta de inmediato. Las resistencias políticas, sin embargo, son sorprendentemente fuertes.
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El término affirmativa ficta establece un principio de ley según el cual el silencio de la autoridad se interpreta en sentido afirmativo. Si una empresa o persona física presenta un recurso o solicitud ante la autoridad, es muy común que ésta demore un tiempo excesivo en responder. Cuando rige el principio de affirmativa ficta, la falta de respuesta, después de un tiempo determinado, se considera legalmente como una aprobación. Este principio representa una garantía de tramitación expedita y da seguridad al solicitante de que puede planificar sus acciones a partir de cierta fecha.
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Desafortunadamente, este positivo principio legal no se aplica en nuestro país. La negativa ficta se convierte así en una pesadilla burocrática y en una fuente de corrupción. Cuando el silencio significa "no", y el funcionario puede aplazar de manera indefinida una decisión, el empresario o el ciudadano que se aproxima a la autoridad para obtener un permiso se ve obligado a ofrecer cohechos con el fin de conseguir decisiones oportunas y afirmativas.
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Uno pensaría que el establecimiento del principio de affirmativa ficta sería algo automático en una sociedad como la nuestra, que necesita desesperadamente inversión, crecimiento y empleo y que podría obtenerlos con un simple cambio legal que no implica ni dinero ni esfuerzo. La modificación, sin embargo, es más difícil de lo que parece.
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Los intereses creados en nuestro país por el laberinto burocrático son enormes. Grandes fortunas se han forjado gracias a la capacidad discrecional de los funcionarios para impedir o retrasar la inversión productiva, la actividad económica en general o incluso la impartición de justicia. Cualquier reforma a fondo que busque cambiar esta situación se enfrentará a una gran resistencia por parte de los burócratas que se benefician del sistema.
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El problema, sin embargo, no radica sólo en esta resistencia. La mayor dificultad se hunde en los cimientos del sistema legal mexicano, que surgió del código napoleónico francés y del sistema legal español.
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En México, como en otros países que comparten nuestra tradición legal, el individuo es culpable en tanto no compruebe su inocencia. Si es objeto de una acusación formal, debe demostrar ante los tribunales que no ha cometido el delito que se le imputa en lugar de esperar a que la fiscalía compruebe su culpabilidad más allá de toda duda. Un empresario, por otra parte, debe demostrar constantemente que no está violando ninguna de las múltiples leyes y reglamentos que se puedan aplicar a su actividad. Por ello, los empresarios mexicanos dedican una parte muy grande de su tiempo al trato con la autoridad.
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Esto nos coloca en una situación de franca desventaja ante otros países y en especial frente a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Allí, las leyes consideran al individuo inocente a menos de que se demuestre su culpabilidad. La autoridad en la Unión Americana cree en principio en las declaraciones que presenta el individuo o la empresa, aun cuando se reserva, por supuesto, el derecho de verificación. El resultado práctico es facilitar la actividad productiva. El individuo o el empresario, en particular, tiene que dedicar un menor tiempo y esfuerzo para resolver su trato con la autoridad.
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Es quizá imposible modificar en un plazo relativamente breve el sistema legal mexicano. Ciertamente no podría realizarse a tiempo para ayudar al país en la actual crisis económica. Pero lo que sí se puede hacer con relativa facilidad es cambiar el principio de interpretación del silencio de la autoridad.
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Si se establece la affirmativa ficta, el gobierno tendrá que acortar sus tiempos de decisiones. Esto colocará al individuo o a la empresa en una posición de mayor igualdad ante la autoridad a la que presenta una solicitud. Lo más importante es que la affirmativa ficta encauzaría una parte significativa del esfuerzo de tratar con el gobierno, a la producción y, por supuesto, a la generación de empleos.
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El autor es Vicepresidente de Noticias de Televisión Azteca.