Noviembre es un mes clave. Además de los temas pendientes que registra la agenda de políticas públicas, existe expectativa por algunas cifras relevantes que darán razón de cuán profunda es la recesión que azota a la economía estadounidense y sus impactos en la mexicana. Como parte de éstas ha ganado fuerza en los últimos días la previsión de un ligero decrecimiento para este año en México, con sus consecuencias sobre el número y calidad del empleo para los próximos seis meses.
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Los números oficiales ya muestran los signos de la crisis. De acuerdo con los reportes del INEGI, la tasa de desempleo abierto pasó de 2.3 en agosto a 2.5 % en septiembre pasado; mientras que el IMSS registró una caída de 166,000 asegurados entre enero y agosto.
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Mucho se ha discutido acerca de los criterios metodológicos que sigue el instituto para calificar y cuantificar la cantidad de personas que han perdido su trabajo en el país. En lo que sí parece haber consenso es en el incremento del desempleo formal y en el deterioro el trabajo en los próximos meses. Esta idea está sustentada en dos factores estructurales: el primero es la prolongada caída de la demanda en la economía del vecino país del norte, que está provocando fuertes ajustes en las plantas mexicanas encadenadas al sector exportador. Algunas estimaciones señalan que la industria maquiladora que vende al extranjero perdería entre 50,000 y 70,000 plazas en el último trimestre, para sumar alrededor de 200,000 en el año; cifra dramática por los altos impactos sociales que ocasiona, especialmente en la región fronteriza.
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El segundo elemento constitutivo que amenaza al trabajo reside en los cambios –aún insospechados en cuanto a su magnitud y alcance– que podrían producirse en la agenda de políticas públicas del gobierno estadounidense derivados de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. Es evidente que el tema de la seguridad ha pasado a encabezar la lista de prioridades de la unión americana y ello ha abierto grandes posibilidades a sectores radicales de derecha para impulsar prácticas de endurecimiento migratorio, como la que encabeza el grupo legislativo republicano HRIRC en el Congreso.
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Mas allá de que consigan plenamente sus objetivos, la nueva política migratoria estadounidense significará mayores obstáculos al cruce de indocumentados mexicanos y –en consecuencia– mayores presiones al desempleo. Lo anterior hace evidente la urgencia de una reasignación transitoria en la manejo presupuestal, otorgando prioridad a proyectos intensivos en mano de obra.
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* El autor es economista y columnista de temas financieros.
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