Amenaza el fisco

Los refresqueros del país temen por nuevos gravámenes.
MM

Los productores de agua embotellada, jugos y refrescos están inquietos dado que recientemente ha circulado un rumor –en diversos foros y medios de comunicación– respecto a la intención de aplicar a sus artículos un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de 20%, como hasta 1990.

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Aunque sin nombre y apellido, la propuesta ocasionó la reacción inmediata de los sectores involucrados. Luis Riba, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), señala que esta carga impositiva en el periodo 1985-1988 provocó que la industria presentara tasas fijas de desinversión de hasta –6.3%, efecto que se revertiría paulatinamente con su derogación.

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Ya sin IEPS, la fabricación refresquera tomó fuerza y hoy México es el segundo consumidor de estas bebidas en el mundo, sólo después de Estados Unidos. Según datos de la ANPRAC, la demanda se da mayoritariamente en los niveles socioeconómicos que perciben menos de tres salarios mínimos, por lo que este segmento sería el más afectado de aplicarse la medida.

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Para Jaime Rojas, analista de Mancera, Ernst and Young, aplicar un IEPS de 20% a jugos, aguas y refrescos tendría graves efectos entre los participantes en las cadenas productivas y de distribución, en los 950,000 pequeños negocios que viven de la venta de estos productos, en la propia industria –donde sólo podrían sobrevivir las grandes corporaciones multinacionales– y hasta en el gasto en salud que realiza el gobierno, pues explica que en buena parte el alto consumo de sodas en México se debe a que la población las ha preferido al agua a causa de la pésima calidad de ésta en la mayor parte del territorio nacional.

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En los últimos cinco años la industria de tales bebidas destinó $2,966 millones de dólares a inversión fija; en 2000 generó 137,458 empleos directos y 728,527 indirectos y demandó $50,000 millones de pesos a diferentes proveedores de insumos, tales como azúcar, gas carbónico, envases de vidrio y plástico, jarabes, etcétera.

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El entrevistado señala que la aplicación de un IEPS se da por lo general para desanimar el consumo de productos nocivos a la salud, por lo que es muy cuestionable que se quiera gravar a los ya mencionados. No obstante, la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor (AMEDEC) advierte que la elevada ingestión de refrescos en nuestro país –aproximadamente 160 litros per cápita al año– ocasiona, entre otras cosas, obesidad, diabetes, caries, cálculos renales, hipertensión, úlceras gástricas, excitación nerviosa y adicción (particularmente las bebidas que contienen cafeína).

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Tal vez la clave en la defensa de los refresqueros está en lo que señala el senador panista Fauzi Handam: un gravamen como el mencionado es inconstitucional, puesto que sólo puede aplicarse a los bienes a que se refiere la fracción 29 del artículo 73 constitucional; esto es: bebidas alcohólicas, fósforo, tabaco, petróleo y sus derivados. Por ello, en todo caso, podría manejarse una tasa de IVA diferenciada para jugos y refrescos.

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Según la ANPRAC, imponer una carga adicional al IVA que ya paga el sector en diversos insumos de su proceso ocasionaría la pérdida de 80,000 empleos directos e indirectos a escala nacional, el aplazamiento y cancelación de inversiones, así como que se dejaran de demandar 200,000 toneladas de azúcar y alrededor de 7,000 vehículos al año para renovación de flotas.

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