Apuestan todo en el Congreso

La dependencia busca cristalizar objetivos de la actual administración, pero antes tendrá que conv
Roberto Aguilar

Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el balance de los 100 días dependerá de la decisión del Congreso. En manos del Poder Legislativo está aprobar o no la reforma fiscal propuesta por el equipo de Francisco Gil Díaz , funcionario que tuvo su primera gran prueba en la negociación del presupuesto.

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El planteamiento de una “nueva hacienda pública” es ambicioso en términos de metas y, en palabras del propio Gil Díaz, más amplio que sólo un aumento de impuestos, debido a que contempla  reformas en los ámbitos tributario, presupuestal y financiero. Se pretende que estos cambios, y el acotamiento de mayor deuda extranjera del gobierno, permitan  financiar eficientemente las necesidades prioritarias de la actual administración.

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Por su parte, el gobierno contribuirá a mejorar el balance económico del país a través de un programa de reducción de gastos que llegará a $3,500 millones de pesos sólo en el primer trimestre de 2001. “Nos apretaremos el cinturón pero sin que esto demerite la operatividad del sector”, aclara Patricia Quesada, vocera de la dependencia.

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En este lapso se anunciaron medidas en materia de contrabando,  regularización de contribuyentes a través de la iniciativa Cuenta nueva y borrón y la reestructuración de pasivos del país mediante emisión de deuda para cubrir los compromisos de 2001. La dependencia también anunció la devolución de impuestos a empresas de productos alimenticios luego de que las autoridades determinaran que algunos de sus productos no deberían ser gravados.

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Las variables financieras y la estimación de crecimiento de 4.5% para 2001 se mantuvieron a pesar de la inestabilidad en los mercados,  focos amarillos que se encendieron en Turquía y Argentina, y las previsiones sobre el aterrizaje de Estados Unidos. Incluso en la primera quincena del mes de  febrero los precios al consumidor registraron una caída de 0.13%, lo cual equivale a una deflación que –según se espera–, revierta su tendencia en el corto plazo. 

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Quesada rechaza las versiones de que la propuesta de aplicar una política equitativa  en el cobro de impuestos, que implica gravar alimentos y medicinas, sea resultado de la abultada deuda del sector público. Agrega que la reforma tributaria contempla varias modificaciones: la tarifa completa del ISR; el IVA, que tiene sus mecanismos de compensación, y la eliminación de 5% de impuesto sobre dividendos para permitir a las empresas la deducibilidad acelerada de su inversión.

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