Se caen los precios del petróleo y aquí no pasa nada. Tenemos a un universitario y sus compadres jugando a los guerrilleritos en el sureste del país y aquí no pasa nada. Transcurren 100 días de gobierno “democrático” en la ciudad de México, hay un cúmulo de promesas incumplidas y aquí no pasa nada. La inflación en los dos primeros meses del año ya se nos salió de madre y aquí no pasa nada.
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En ese universo particular que se ha bautizado como “sector público”, vemos que los hombres y mujeres son invadidos por un ciego optimismo ante el indicio de las adversidades. Esta actitud contrasta con la que tendrían esos mismos hombres y mujeres si estuviesen en ese otro universo llamado “sector privado”. ¿Por qué?
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Tomemos el caso de los precios del petróleo. Al 11 de marzo el precio promedio de la mezcla mexicana de crudos de exportación estaba ya 20% por debajo de lo presupuestado. Después de informar esto, el director de Pemex dice, con una tranquilidad envidiable, que por el momento “no parece prudente” modificar las previsiones originales plasmadas en el presupuesto. Sólo le faltó añadir que si la terca realidad de los mercados se empeña en registrar precios menores a los del presupuesto, peor para la realidad.
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Al parecer, lo que explica este optimismo ciego, esta infundada esperanza de que las cosas se arreglarán, este talante tranquilizador del “aquí no pasa nada”, tiene que ver con el hecho de que se trata de empresas de todos y de nadie, es decir, de entidades a cargo de sus respectivos gobiernos en las que los dirigentes no tienen incentivos para prevenir los desastres, sino para negarlos a punta de retórica.
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¿Qué sucede en una empresa privada, así sea el más modesto comercio o taller, cuando en tan sólo los primeros 70 días del año los ingresos brutos han sido menores en 20% a lo previsto? Que el dueño, los accionistas, el consejo de administración, modifican sus presupuestos y disminuyen lo más rápidamente posible los gastos para ajustarlos a la realidad: menores ingresos. Se hacen recortes de gastos que no son imprescindibles para la operación, se disminuye la producción, se reducen inventarios, se despide personal.
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En ese universo llamado “sector privado” los hombres y mujeres que toman decisiones tienden, en contraste con lo que sucede en el “sector público”, a prever que las cosas pueden seguir mal y hasta pueden empeorar, y toman previsiones.
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El asunto nada tiene que ver con la ideología. Quien quiera que se anime a pensar por su cuenta, sin muletas ni anteojeras ideológicas, comprende que en el caso del sector privado se trata de conservar con vida la unidad productiva, y en el público, de conservar el puesto sin hacer muchas olas.
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Algunos economistas serios –los hay–, como el húngaro Janos Kornai, han estudiado el fenómeno y lo explican en términos de restricciones presupuestales “blandas” y “duras”. Las primeras se aplican a las entidades que maneja el gobierno, las segundas a las unidades productivas que pertenecen a personas de carne y hueso.
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Si lo deseáramos expresar en términos coloquiales, en el caso del sector público “hay colchón para azotarse sin peligro” y en el caso del sector privado sólo está el duro piso, y si uno se azota corre el riesgo muy probable de romperse la cabeza, es decir, de quebrar.
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Por eso, por simples razones de salud social, debe haber sólo el sector público estrictamente necesario y todo el sector privado que sea posible.
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El remedio para poner freno al irrefrenable optimismo ciego de los administradores públicos y de los gobernantes es el escrutinio público que permite que el público (usted y yo) llamemos a cuentas a los “servidores públicos” (dicho sea sin sarcasmo).
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Claro, habría que empezar por enterrar de una vez por todas leyendas inverosímiles surgidas de la intoxicación ideológica, como aquella que dice (¡hágame el favor!) que Pemex es “la empresa de todos los mexicanos”. Sí, cómo no, y su nieve ¿de qué la quieren?, ¿limón o guanábana?