Austeridad antes que populismo

Los recortes al gasto complacen a los inversionistas, pero molestan a las bases que apoyan al gobier

La administración de Brasil envió un mensaje claro a los mercados financieros hace unos días, cuando elevó su meta para el superávit presupuestal primario y se comprometió a recortar drásticamente sus gastos. Esta decisión del gobierno de someterse a una severa disciplina fiscal ha complacido a los mercados y a los acreedores multilaterales, pero está creando brechas cada vez más profundas dentro del Partido dos Trabalhadores (PT), ahora en el poder. Tales medidas podrían dificultar que el Ejecutivo consiga el apoyo del Congreso para las reformas cruciales que quiere efectuar este año, y es posible que erosionen su base de apoyo popular y político.

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Los inversionistas han acogido con agrado las cautelosas políticas, adoptadas por el nuevo equipo económico desde que entró en funciones el 1 de enero. El ministro de Finanzas, Antonio Palocci, el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles y el ministro del Presupuesto, Guido Mantega, son partidarios de la austeridad fiscal para proteger al país contra cualquier daño colateral de la posible guerra en Medio Oriente. Lo más importante es que el presidente Luiz Inácio da Silva, pese a ser de izquierda, apoya esta estrategia. La combinación de una política monetaria austera con prácticas presupuestarias conservadoras también fue alabada por el FMI.

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Para los acreedores e inversionistas internacionales, el único renglón de las finanzas públicas brasileñas que importa realmente en este momento es la cantidad disponible para cumplir con los pagos de la deuda pública, que asciende a $244,000 millones de dólares. El país se comprometió a cumplir con metas específicas respecto a su superávit presupuestal primario desde 1999, a fin de garantizar que haya suficientes fondos para pagar su adeudo. El Presidente aceptó continuar con este plan. El año pasado, Brasil logró un superávit de $14,600  millones de dólares (4.06% del PIB), rebasando la meta de 3.88%.

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El 7 de febrero, Palocci incrementó el objetivo para 2003 sin consultar al FMI, haciéndolo pasar de 3.75 a 4.25% del PIB. Esto bastó para tranquilizar a los inversionistas, al menos por ahora. La nueva cifra corresponde a un superávit de $18,999 millones de dólares y representa el esfuerzo más intenso por implantar la austeridad fiscal en Brasil desde el lanzamiento del Plan real en 1994. También es la mejor garantía que el gobierno puede ofrecer a los mercados financieros, pues prueba que está tomando en serio sus compromisos con los acreedores.

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El incremento en el superávit presupuestal primario es una consecuencia lógica de las alzas recientes en las tasas de interés. La tasa de referencia Selic subió en sucesivos ajustes, de 18% en octubre, a su nivel actual de 25.5%, con objeto de aliviar las presiones inflacionarias. Sin embargo, esto también hizo más pesada la carga de la deuda. Por ello, el gobierno tuvo que apartar más fondos para cumplir con los pagos y evitar especulaciones dañinas acerca de la solvencia del país.

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La meta fiscal modificada deberá ser asequible gracias a los más de $3,900 millones de dólares que se recortaron del presupuesto. Aunque los programas sociales prioritarios (como el plan bandera, Fome zero, para erradicar el hambre) no sufrirán recortes, los gastos en todos los demás rubros tendrán que reducirse, lo mismo que algunas inversiones. Según Palocci, el gobierno no está contemplando alzas en los impuestos.

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Mantega también quiere mejorar la eficacia de la burocracia estatal, que deberá tener mejor desempeño con menos dinero. Ha anunciado que introducirá técnicas comparativas para medir la eficiencia administrativa. Todos los contratos externos se han suspendido y se revisarán. El ministro del Presupuesto espera lograr ahorros cercanos a 30%. También ha dicho que todas las compras gubernamentales se harán electrónicamente (en la actualidad, las adquisiciones de este tipo sólo representan 12% del total).

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El equipo económico argumenta, con razón, que semejantes políticas son la única forma de preparar el camino para futuras reducciones en las tasas de interés. No obstante, la estrategia ha generado gran desazón entre los líderes sindicales y en las facciones radicales del PT.

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Tal turbulencia complica las cosas en un momento en que los dirigentes del PT están tratando de lograr un respaldo mayoritario en el Parlamento,  a fin de garantizar la aprobación de reformas cruciales. Este año se presentarán propuestas fiscales y de seguridad social, y Da Silva quiere aprovechar su actual luna de miel con la opinión pública con miras a lograr el apoyo de los partidos políticos de centro. Esperando acallar las críticas, el 10 de febrero el gobierno anunció, junto con los recortes al presupuesto, una serie de medidas para atacar problemas económicos y sociales que afectan a los sectores más pobres. Dichas disposiciones incluyen subsidios fiscales a cooperativas, financiamiento para la cosecha de cereales de 2003, precios garantizados por el gobierno a los productores de leche e incentivos para que los bancos privados hagan préstamos a pequeños agricultores. También se pondrá en práctica un plan de reforma agraria por el que se expropiarán más de 200,000 hectáreas de tierras ociosas con el fin de asentar en ellas a 5,500 familias pobres antes de fin de año.

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El PT ha respondido a la disensión incipiente imponiendo una disciplina más firme, amenazando incluso con expulsar a quienes voten en contra de las iniciativas del gobierno.

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Aunque los desacuerdos en el PT se supriman por el momento, sólo podrá mantenerse ese silencio si los radicales se convencen de que el gobierno hará más por satisfacer sus expectativas una vez que logre el objetivo inicial de estabilizar las finanzas públicas.

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