El 1 de septiembre de 1982, cuando el reloj de la Cámara de Diputados marcaba las 2:16 de la tarde, el presidente José López Portillo decretaba la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios. La edición número 349 de Expansión (septiembre 15 de 1982), que en su portada muestra a un cochinito no muy feliz con su pintura tricolor, presentó las reacciones que causó esta decisión, tomada por el más vehemente –que no efectivo- defensor de la moneda mexicana.
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Antes de que el mandatario modificara las leyes del ramo, la banca del país estaba formada por 33 instituciones. Ninguna celebró el cambio: “Lo único que se ha hecho es nacionalizar la deuda externa del país”, declaró Carlos Abedrop Dávila, en ese entonces presidente de la Asociación de Banqueros de México. Durante tres días las 4,378 sucursales que existían en el territorio nacional cancelaron sus operaciones.
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A 21 años de aquella edición, la banca mexicana otra vez está en manos del sector privado. Las principales corporaciones financieras internacionales, a través de la adquisición de firmas locales, ya forman parte del paisaje local. Instituciones como Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Santander Central Hispano y HSBC operan en la nación con la esperanza de ganar terreno en un mercado que, según algunos analistas, todavía no se explota al máximo.
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A la distancia, la nacionalización bancaria parece una extravagancia, un mal sueño. Pero el momento dejó una lección importante: hay que desconfiar de quienes, sin argumentos, nos invitan a prepararnos para la abundancia.