Casinos <br>El reino de los espacios pri

Tarde o temprano, los casinos se instalarán en México. Esto parece ser lo único en común entre p

Alex es originario de Querétaro y vive en el pequeño poblado de Tunica, Mississippi, desde hace ocho años, la mitad de los cuales trabajó en el campo pizcando algodón y soya, la principal actividad económica del sur de Estados Unidos. Actualmente trabaja en un casino, y así se expresa: “En un lugar como estos siempre se puede trabajar, a diferencia del campo, en donde si llueve o hace mucho calor se pierde el día.”

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Millones de personas como él se han integrado en los últimos años a la vida moderna de los espacios cerrados, no tanto como consecuencia de la producción fabril en las urbes sino porque la actividad pública se ha desplazado a zonas privadas, con reglas y seguridad propias. Las áreas residenciales de los suburbios, los centros comerciales –malls– y la proliferación de casinos desde principios de la década en Estados Unidos y Latinoamérica, representan buenos ejemplos de esta transformación de la sociedad.

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Los locales de juego han cambiado su imagen gangsteril por la de lugares de entretenimiento local, aunque Las Vegas, Atlantic City y Montecarlo conservan su carácter internacional. Prueba de su impresionante crecimiento es que en 1988 sólo dos ciudades contaban con casinos en Estados Unidos, mientras que una década después hay cientos de ellos a todo lo largo de la Unión Americana, excepto en dos estados donde el juego está prohibido: Utah y Hawaii. El juego con apuestas está legalmente aceptado en 26 estados y en 23 es tolerado en diversas maneras.

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Aún no se puede hablar de un patrón en el desarrollo de los casinos; ha habido fracasos rotundos y éxitos contundentes, tanto en términos económicos como sociales. Lo que se sabe con seguridad es que crean empleos, amplían la captación fiscal y estimulan, como única consecuencia directamente atribuible, la ludopatía –adicción al juego y a las apuestas–.

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En México su instalación es un tema que vuelve a ser considerado por los diputados, y está marcado por el antecedente de que en 1996 una iniciativa de ley presentada por la Secretaría de Turismo fue votada en contra por un PRI dividido.

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La diferencia ahora es que “hay más apertura” tanto de los congresistas como de la gente en general, según la diputada Luz del Carmen López Rivera, presidenta de la subcomisión de Casinos de la Cámara de Diputados. Además, los interesados se han organizado para exponer su postura ante los legisladores, comerciantes, empresarios y medios de comunicación, de acuerdo con Henry Fink, vicepresidente de Hollywood Casino, compañía estadounidense que planea invertir en Acapulco y Nuevo Laredo.

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“Si este esfuerzo falla, dentro de dos años vendrá otro: hay demasiado dinero en juego para quitar el dedo del renglón”, admite Alejandro Sousa, director del Instituto de Proposiciones Estratégicas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señalada por diputados y posibles inversionistas como la oposición más consistente en torno a este tema.

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Historia vieja
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La instalación de estos centros en el país no sería una novedad. El presidente Lázaro Cárdenas prohibió el juego con apuestas en 1936 arguyendo razones morales y nacionalistas, que escondían más bien la determinación de acabar con los cotos de poder de Plutarco Elías Calles, su antecesor. El juego, sin embargo, se ha practicado en México durante muchos años.

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Los especialistas en la materia calculan que en el país existen 3,000 palenques, 50 casas de juego, 400 casinos nómadas, galgódromos, hipódromos, jai-alai y apuestas deportivas institucionalizadas por la Lotería Nacional. Tan sólo en la Ciudad de México se estima que existen 400 casas de juego clandestinas.

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La subcomisión de Casinos, con representación plural y dependiente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, ha elaborado un estudio sobre el tema, el cual quedó listo en noviembre de 1998 para presentarlo ante el Congreso, discutirlo y eventualmente aprobarlo o rechazarlo en el próximo periodo de sesiones o, probablemente, en la siguiente legislatura.

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Algunas cifras preliminares de este documento indican que de legalizarse en México el juego con apuestas, se instalarían 10 casinos en siete ciudades (Tijuana, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Cancún, Cabo San Lucas y Acapulco), que representarían una inversión directa de $1,500 millones de dólares y la creación de aproximadamente 300,000 empleos, entre labores de construcción y operación.

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Se recaudarían alrededor de $500 millones de dólares anuales, equivalentes a casi 1% del presupuesto federal, según López Rivera. Un estudio realizado por la consultoría Economics Research Associates estima una captación fiscal aún mayor; con un impuesto al juego de 15%, el gobierno recaudaría alrededor de $4,000 millones de dólares sobre unos ingresos brutos estimados en $15,000 millones de dólares, sólo durante el primer año.

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No obstante, en opinión de Sousa estos beneficios son cuestionables. “Consideramos al casino como un agente económico estéril que no produce valor agregado, igual que la lotería –con la diferencia de que en ésta se redistribuye el remanente hacia la asistencia pública–. Además, no se crean empleos productivos que aporten a la generación de riqueza.”

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México, sin embargo, se rezaga turísticamente al no ampliar su oferta y rechazar inversiones a corto y mediano plazos, de acuerdo con declaraciones del diputado panista Fernando González Corona, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

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Un estudio hecho para la Secretaría de Turismo en 1996 por el canadiense Ryerson Polytechnic Institute, señala que la construcción de casinos en sólo seis lugares estratégicos elevaría 19% los ingresos turísticos del país. Con todo, el estudio no respalda abiertamente la instalación de los clubes, sino que sugiere la creación de “centros turísticos integrales”; es decir, complejos cuyas instalaciones incluirían campos de golf, centro de convenciones, hoteles y restaurantes.

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Esa idea encierra, por sí sola, otro problema. Es muy común que los casinos ofrezcan comida, bebida, hospedaje e incluso transportación gratis o a precios subsidiados, por lo que podrían constituirse en una competencia desleal para los comerciantes locales. Por ello, algunos inversionistas interesados han señalado, en voz de Fink, que se instalarían únicamente en centros turísticos ya desarrollados, y hoteles-casino en las ciudades fronterizas, por ejemplo.

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Isle of Capri, emporio del juego que espera invertir en Acapulco, calcula que un local impulsaría la ocupación de 30,000 cuartos al año en el puerto.

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El escenario ideal para el empresario Fink es que los casinos atraigan turistas del exterior que dejen su dinero en la comunidad –como en Montecarlo–. El inconveniente es que la mayoría del turismo internacional en México es estadounidense, país donde ya hay cientos de centros de juego, y en consecuencia el “efecto Montecarlo” disminuiría.

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El estado de Mississippi, por ejemplo, capta 10% de su presupuesto de las contribuciones de los casinos, pero estos son sostenidos en 50% por clientes locales y 50% por visitantes de 100 a 500 millas a la redonda. Otro ejemplo: en la exitosa industria australiana, de 30 millones de jugadores acogidos en sus clubes sólo un millón son extranjeros.

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Pero hay quienes sostienen que en una economía cerrada –basada en el consumo local– los casinos propician el empobrecimiento general de la comunidad y funciona como un extractor de recursos, que de otra manera podrían destinarse al ahorro o actividades productivas.

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Según estudios de la consultoría turística Morones y Asociados, en ninguna de las más de 15 ciudades con casinos investigadas se comprobó que el juego con apuesta fuera por sí mismo un atractivo para el turismo extranjero; es, acaso, sólo un complemento.

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Alejandro Morones, coordinador turístico del estado de San Luis Potosí, especula: “Yo me imagino un casino en Acapulco lleno de mexicanos, y en un momento como este, en el que la economía no da para hacer este tipo de experimentos, sería razonable pensarlo dos veces.”

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Y agrega: “Los casinos, más que un evento de carácter turístico, es uno de carácter económico.” Un “evento”, por lo demás, basado en una mecánica muy simple, como anota Sousa: “Los ingresos de las casas de juego son las pérdidas de sus clientes.” En todo caso, Morones matiza las opiniones en torno al juego con apuestas: “Yo no le veo ningún problema a que lo legalicen, lo que no veo es un beneficio tan directo como el que se ha manejado.”

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El negociazo
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Los casinos por lo general representan un negocio extraordinario; hay algunos en Estados Unidos que en seis meses recuperaron su inversión inicial. Las casas de juego con apuestas están diseñadas para captar miles de personas diariamente y, contra lo que su glamour cinematográfico hace suponer, este entretenimiento va dirigido a un consumidor promedio.

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Esa popularización se debe a que el casino actual se basa en las máquinas tragamonedas, en las que cualquiera que sea capaz de insertar una moneda y jalar una palanca puede participar, en contraste con los juegos de mesa –naipes, dados o ruleta–, más costosos y con reglas más específicas. En promedio, dos terceras partes de los ingresos de estas casas se deben a las máquinas tragamonedas.

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Los centros son operados por empresarios que promueven la idea del juego como un entretenimiento inofensivo, socialmente aceptado y accesible para todos. Un dato interesante es que los jubilados son su clientela habitual en el país de las barras y las estrellas. En 1991, los casinos tenían ingresos en Estados Unidos de $8,900 millones de dólares y para 1996 ya llegaban a $22,800 millones; es decir, sus ingresos se incrementaron a una tasa compuesta anual de 14%. Y salvo Las Vegas, único mercado que se considera “maduro”, todos los demás siguen creciendo.

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En resumen: son un buen negocio. Algunos, sin embargo, lo han vinculado con el lavado de dinero, pues por su naturaleza es relativamente fácil realizar en pequeña escala ese delito.

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Según Charles Intriago, editor del boletín Money Laundry Alert, en países como México, donde las mafias de la droga se han infiltrado en los círculos políticos del más alto nivel y han lavado miles de millones de dólares en ganancias a través de empresas mexicanas, los casinos podrían constituir otra vía para cometer el ilícito.

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Opiniones como esta quieren encontrar sustento en el hecho de que dos de los más activos promotores de la legalización de los casinos en México durante 1996 fueron Mario Villanueva, gobernador de Quintana Roo, y Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora, relacionados por medios informativos con el narcotráfico.

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Óscar Espinosa Villarreal, secretario de Turismo, ha señalado que una legislación eficaz que regule y sancione prácticas indebidas en las casas de juego será suficiente para evitar un incremento en la llegada de capitales “sucios” al país.

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Pero el blanqueo no es el único aspecto digno de la consideración gubernamental. Los casinos requieren de permisos, que serían otorgados por el gobierno. En esta relación “existen aspectos que merecerían un análisis, porque está la tentación de la corrupción”, advierte Sousa, de Coparmex.

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Tentación agudizada si se toma en cuenta la acostumbrada generosidad de la industria casinera en Estados Unidos con el poder público: más de $700,000 dólares fueron entregados de manera oficial en el reciente año a candidatos a cargos federales, tanto republicanos como demócratas, según la Federal Election Comission. Además, los locales de juego son uno de los principales temas de cabildeo en el Congreso de ese país. Los empresarios del ramo cuentan con recursos ilimitados, “y las relaciones casino-poder público tienen muchos asegunes”, agrega Sousa.

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En caso de legalizarse el juego con apuesta en México, según la iniciativa de ley presentada en 1996, las secretarías de Gobernación, Hacienda y Turismo, y específicamente las procuradurías General de la República y Fiscal de la Federación, integrarían una comisión reguladora para prevenir y detectar operaciones ilícitas de lavado de dinero; además de vigilar el manejo de los casinos y aplicar las infracciones y sanciones a quienes no cumplan con las nuevas disposiciones legales. También se modificaría la actual Ley de Juegos y Sorteos.

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¿Qué tan probable es la instalación de estos locales en el país? Según la diputada López Rivera, “la consulta –llevada a cabo por la subcomisión a su cargo– es ligeramente favorable a la legalización”. Baja California, Jalisco y Guerrero han dicho sí a los casinos, mientras que Sonora, Quintana Roo y Sinaloa han manifestado su interés. Casi idénticas expectativas, finalmente frustradas, se crearon durante 1996, cuando también se dijo que la aprobación era sólo cuestión de tiempo.

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Las consecuencias de la posible reforma al juego en México dependerán de cómo, dónde y cuándo se haga. Por lo pronto, la ludopatía afecta –según la fuente– a entre 0.1% y 6% de la población de Estados Unidos, un precio que muchos están dispuestos a pagar en aras de otros beneficios.

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“El problema es que constituyen un paso muy difícil de revertir, porque implicaría eliminar empleos y suprimir fuentes de ingresos fiscales”, opina Sousa, de Coparmex. Y enfatiza que una vez implementados los casinos, si es que sucede, no tiene caso poner ningún candado porque las leyes del mercado los condenan a desaparecer debido a que los inversionistas buscan invertir en el país que les otorgue las mayores facilidades para hacer lucrativo su negocio.

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