Quince meses y medio de lucha entre los partidarios de que Augusto Pinochet fuera juzgado en España y los que exigían el fin de su arresto en Londres terminaron con una victoria de estos últimos. La Alta Corte de Londres negó a Bélgica y seis organizaciones humanitarias el derecho a frenar el “indulto médico” que el ministro británico del Interior, Jack Straw, otorgó al ex dictador. Es una victoria de la realpolitik , un triunfo de la clase gobernante que, en nombre de los intereses de Estado y las relaciones bilaterales, ha dejado que se apague la ilusión de quienes apostaron por una justicia capaz de romper la inmunidad bajo la que los dictadores violan los derechos humanos con total impunidad
- ¿Se puede hablar de una derrota de quienes querían ver a Pinochet en los tribunales? En absoluto. El dictador regresa a casa abucheado por la opinión pública mundial, que finalmente ha escuchado el grito de los familiares de desaparecidos. El mundo sabe ahora que el anciano en silla de ruedas es un asesino, que no tuvo el menor atisbo de piedad con sus víctimas. Regresa, además, humillado, tras implorar la compasión de unos médicos, ante quienes mostró —fingiendo o no— la suficiente demencia senil que necesitaba Straw para ponerlo en libertad.
- Si los pinochetistas han ganado esta batalla, no han ganado la guerra. La complicidad de Londres, Madrid y Santiago para acabar con el espinoso asunto no consiguió abortar el embrión de una futura justicia universal. El juez Baltasar Garzón logró despojar de inmunidad a un ex jefe de Estado, lo que sienta un peligroso precedente para todos aquellos que han sido torturadores o lo siguen siendo. El “síndrome Pinochet” ha calado entre quienes se creían inmunes a la justicia. Desde el arresto del ex dictador en 1998, jueces de varios países han perdido el miedo al establishment y sobre ex represores de Argentina, Etiopía o Uganda caen querellas criminales y pedidos de extradición, aunque es en Chile donde empieza a notarse el efecto beneficioso del arresto de Pinochet.
- Los chilenos demostraron gran civismo en las elecciones de enero, acorde con la moderación y la cultura democrática mostradas por los candidatos. Los electores se dividieron entre una derecha y una izquierda nuevas, que hablan de examinar el pasado sin venganza. Ni Joaquín Lavín es el heredero de Augusto Pinochet ni el nuevo presidente, Ricardo Lagos, lo es de Salvador Allende, pero el nuevo gobierno tiene la obligación de no demorar más la abolición de los enclaves autoritarios que persisten en la Constitución y debe permitir que la justicia chilena juzgue a Pinochet, porque a ello se comprometió. Sólo entonces la difícil transición chilena habrá seguido el camino hacia la reconciliación.