Compañero hampon

El gobierno capitalino quiere frenar la simulación sindical, pero las mafias siguen tan fuertes com
Louisse Guénette

Carlos Carsolio, el famoso alpinista mexicano y propietario del Centro -Carsolio de Excelencia Motivacional, corrió a golpes al primer representante de -un sindicato que, sin estar en la nómina de su empresa, lo amenazó con -organizar una huelga.

- Hace casi dos años, tras una segunda amenaza, el alpinista pidió a sus -abogados que protegieran a su compañía de capacitación ejecutiva de este tipo -de mafias. La empresa de Carsolio depositó un contrato colectivo de trabajo en -la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal, “afiliando” -a sus trabajadores al Sindicato Progresista Justo Sierra de Trabajadores de -Servicios.

- Carsolio se siente inconforme con la situación pero este hecho lo libera del -hostigamiento y el soborno de otros supuestos sindicatos. Al tener -sindicalizados a sus empleados evita nuevos chantajes de huelgas en su empresa. -En todo este proceso, muchos de los trabajadores reales del alpinista ni -siquiera se han enterado de lo que sucede.

- Los datos de la JLCA, el Tribunal encargado de conocer, tramitar y resolver -los conflictos de trabajo de jurisdicción local en el DF, revelan que cada año -unas 1,500 empresas capitalinas reciben emplazamientos a huelga para obligarlas -a firmar este tipo de contratos, aunque pocas veces se llega al paro (en 2003 -hubo sólo 44). La gran mayoría de los sindicatos se desiste de parar las -actividades cuando logran obtener dinero de los empresarios, explica Jesús -Campos Linas, presidente de la Junta.

- Los esfuerzos del funcionario no han evitado esta práctica, pero le han -permitido tomar la justa medida al problema. Los emplazamientos a huelga y los -trámites en la JLCA reflejan el negocio de unos cientos de personas que -controlan directa o indirectamente la mayoría de los 1,381 sindicatos -registrados a nivel local. Explotan sus facultades ante la ley para ofrecer, e -incluso imponer, la “protección sindical”, que se ha convertido en un -engendro del charrismo corporativista, sin preocuparse en los derechos -laborales.

- Y uno de los peores descubrimientos de Campos Linas es que, por lo general, -los empleados no están involucrados en estos conflictos. Ni siquiera están -enterados.

- Intentos frustrados
-
Campos Linas no ha iniciado una lucha frontal contra este tipo de -corrupción, pero sí ha ordenado algunas medidas que al menos complican el -ejercicio del negocio de la protección sindical.

- La transparencia ha sido parte de su estrategia: desde octubre de 2003 -publica en internet la lista de los contratos depositados en la Junta a partir -de septiembre de 2001. Aparecen los nombres de 7,660 farmacias, ferreterías, -restaurantes, escuelas, firmas de arquitectos, consultorías y constructoras, -entre otros negocios, y los sindicatos con quienes han firmado contratos -colectivos de trabajo, sobre todo los de tiempo indefinido.

- De esta forma, un empleado puede verificar si su empresa es sindicalizada y -saber quién lo representa ante el patrón. La disposición viene acompañada de -la política de mostrar el contrato colectivo de su empresa a cualquier -trabajador que se presenta en la JLCA y lo solicite. “Antes esto era tabú”, -recuerda Campos Linas.

- Según el funcionario, este misterio de los contratos se mantiene en la -mayoría de las juntas locales de la República y en la junta federal, donde se -depositan los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos de ciertas -industrias como la aeronáutica, la automotriz, la del papel y la de -telecomunicaciones. Bajo las condiciones de estos contratos, laboran los -trabajadores de las empresas más grandes del país.

- Otro de los cambios adoptados recientemente sucede cuando un sindicato pelea -la titularidad de un contrato colectivo de trabajo que está en manos de otro -sindicato. Entonces se tiene que realizar una votación para que los -trabajadores elijan al titular del contrato y la JLCA ha empezado a realizar -estos procesos directamente en su sede.

- Campos Linas también inició un proceso de depuración de los contratos -colectivos de trabajo registrados en la Junta. De los 121,651 que tenía la JLCA -a finales de febrero pasado, archivó casi una tercera parte. La razón es que -desde 1995 no han sido revisados tal como lo exige la Ley Federal del Trabajo -(LFT).

- Una parte de las empresas en donde supuestamente trabajan los beneficiarios -de estos contratos quizá ya cerraron sus puertas, pero hay otras que en el -pasado “compraron” un contrato colectivo de trabajo para protegerse y no -siguieron pagando el soborno. Con esta depuración, perderán su escudo.

- Pero estas medidas no son suficientes para asustar a un sindicato fantasma. -Un apoderado de contratos de protección, que pidió el anonimato, asegura que -la depuración no le afecta. Los seis sindicatos que maneja, con unas 25 -empresas afiliadas a cada uno, pagan regularmente para que la simulación -jurídica sea perfecta. El cinismo es tal que el salario y las condiciones de -trabajo debidamente revisadas y totalmente ficticias son mejores que las que -exige la ley “porque se supone que el sindicato defiende al trabajador.”

- Si acaso, el único obstáculo que sí reconoce es la nueva práctica de la -Junta de exigirle más documentos para realizar sus trámites. Aun antes de la -llegada de Campos Linas (enero de 2001), la JLCA había empezado a pedir -documentación adicional a la que se requiere por ley para emplazar a huelga por -la firma de un contrato colectivo. Entre estos documentos figuran los registros -de los empleados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta medida mitiga -los efectos negativos de una ley que autoriza emplazar a huelga sin verificar -antes si el paro es legal.

- Aunque para ellos no hay nada que no se pueda arreglar con dinero. En todo -caso, el apoderado sindical entrevistado afirma que los requisitos adicionales -sólo le encarecen su negocio, pero no lo detienen. Como no tiene las hojas del -IMSS tiene que presentar unas falsas, debe pagar un soborno mayor a los -funcionarios de la JLCA para que así pueda presionar a los empresarios.

- Sobre estos actos de corrupción, el presidente de la Junta admite que -ciertos empleados públicos “han adquirido vicios”, pero que no es fácil -removerlos porque, paradojas de la vida, a ellos sí los protege su sindicato.

- Campos Linas confía en que al aumentar el valor económico del acto de -corrupción (en el organismo público) y del soborno (a los empresarios) -disminuya el incentivo del negocio de la protección sindical, pues será más -difícil recuperar el dinero invertido.

- Aunque si se ha resentido la aplicación de algunas medidas de Campos Linas, -éstas no se ven reflejadas en las cifras oficiales. Si bien el número de -sindicatos casi no aumenta y se depositan menos contratos colectivos de trabajo -nuevos, se registran más emplazamientos a huelga que en 2001.

- Esto a pesar de que menos de 10% de las empresas cumplen con las revisiones -periódicas que determina la ley. Los trabajadores de la capital siguen tan -falsamente sindicalizados como antes.

- Problema histórico
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El negocio de la protección sindical se originó con los dirigentes que -tenían una verdadera relación con los trabajadores de ciertas firmas y que -quisieron lucrar con su posición firmando simulacros con otras compañías.

- “A partir de los años 80, el fenómeno tuvo una nueva expresión: abogados -que obtuvieron tomas de nota (registros) de sindicatos y pusieron prácticamente -empresas que ofrecen tranquilidad laboral a los empresarios”, explica José -Alfonso Bouzas, investigador de la UNAM.

- Hoy, estos pseudosindicalistas se enriquecen con el efectivo que reciben de -hasta 50,000 pequeñas y medianas empresas capitalinas, según estimados de la -JLCA. Para desistir en un emplazamiento a huelga para firma de contrato, el -apoderado entrevistado cobra desde $5,000 pesos (si son seis empleados) hasta -$100,000 pesos (si son 300 trabajadores).

- Hay propietarios de grandes restaurantes que, frente a una posible huelga un -viernes en la tarde, aceptan realizarle pagos espléndidos para no perder las -ventas del fin de semana.

- Cuando el apoderado entrevistado firma un contrato con un patrón de 15 -trabajadores, cobra $25,000 pesos anuales. Además, exige a todas las empresas -que tiene afiliadas un salario mínimo mensual por cada cinco empleados.

- Pero no siempre es necesario torcerles el brazo a los empresarios para cargar -con este peso financiero. La Junta registra más de 3,000 nuevos contratos por -tiempo indefinido cada año. Muchos empresarios lo asumen como un mal necesario, -sin tener que recibir amenazas. Prefieren firmar con un sindicato de su -elección para protegerse de otros más agresivos. Incluso hay consultores que -recomiendan hacerlo a empresas nacionales e internacionales, antes siquiera de -fundar un negocio.

- Según el abogado Marcos Chávez, la LFT incluye una figura legal llamada -sindicato de empresa, cuyo campo de acción es limitado sólo a una compañía. -Esta opción permite a las firmas estar más protegidas, pero no es fácil crear -nuevos organismos sindicales. Por lo tanto es más expeditivo firmar con uno de -los sindicatos de industria ya existentes, cuyo campo de acción abarca toda la -actividad del negocio.

- Trabajadores sin derechos
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Sin embargo, sería falso pretender que la demanda para la protección se -construyó a la fuerza. El empresario también teme la amenaza de los -auténticos esfuerzos de sindicalización. Si existe un contrato colectivo de -trabajo cualquier sindicato que gana el apoyo de los empleados, antes que nada -tiene que luchar por la titularidad del documento ya depositado en la Junta, -mientras que el patrón y su sindicato fantasma despliegan todos las maniobras a -su alcance para impedirlo. Pero si los trabajadores lograran este cambio, los -empresarios “prefieren desaparecer a una empresa y abrir otra enfrente con -otro nombre”, afirma Campos Linas.

- Como ejemplo, el presidente de la JLCA menciona a Grupo Televisa, que -combatió un intento de sindicalizar a los empleados de Mercatel, un centro de -mensajes para el servicio de radiolocalización Skytel. Los empleados se -hicieron socios de un sindicato de la Central de Trabajadores Democrática, -cuenta Álvaro Villalobos, un miembro que apoyó este esfuerzo de la Comisión -Nacional de Acción Política del Sindicato de Telefonistas de la República -Mexicana. Consiguieron la titularidad del contrato colectivo tras un recuento el -10 de junio 2002. “En los siguientes meses desaparecieron a la empresa, -liquidaron a todos”, dice Villalobos. Y hoy una nueva empresa opera el -servicio de mensajería de Skytel.

- El Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios -Similares y Conexos del DF (STCCOESC) ha perdido dos gasolineras por la -oposición aferrada de sus dueños, según Salvador Arrellano, secretario -general y ex despachador de gas.

- Con el apoyo de los empleados, su sindicato ganó en 2002 la titularidad del -contrato de la estación de gas Río Tuerto, parte del Grupo Sirago. La entidad -gremial logró que los trabajadores obtuvieran por primera vez $400 pesos de los -recibos de nómina que firmaban cada semana sin percibirlos, afirman Max Rosas, -Valentín Real y Antolín Razo, que antes llenaban tanques en Río Tuerto.

- Ellos vivían exclusivamente de las propinas, unos $120 pesos diarios, como -muchos trabajadores en las gasolineras.

- Pero la vida no les fue fácil después de la victoria. Rosas fue despedido -cuatro veces y el sindicato logró reinstalarlo, hasta que los dueños, Silverio -y Ramón Aja Gómez, liquidaron a las 50 personas de los tres turnos a -principios de este año. Rosas, Razo y Real recibieron unos $70,000 pesos cada -uno por sus largos años de antigüedad.

- Estiman que les costó a los dueños un total de $4 millones de pesos. El -contrato sigue con el STCCOESC pero ya que éste no tiene gente que lo apoye en -la empresa, es inactivo.

- La lucha de los sindicatos para representar legalmente a los empleados que -los escogieron ocasiona encuentros reñidos en la JLCA. El año pasado Campos -Linas llamó a los granaderos unas ocho veces para evitar que haya violencia -entre grupos de choque contratados por los pseudosindicatos y los empleados que -acuden a votar.

- Y el cambio ¿para cuándo?
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Más allá de las medidas administrativas que implementó, la estrategia de -Campos Linas en contra de estas prácticas es provocar el desgaste al obligar a -los pseudolíderes a pelear los contratos colectivos uno por uno. “Lo único -que puedo hacer es vigilar que se cumpla con la ley y que no se hagan tantas -trampas ni maniobras”, dice.

- En cuanto a los abusos que se cometen a diario, se remite a la naturaleza del -sistema legal y hace un llamado a los trabajadores y empresarios: “es la -víctima la que tiene que denunciar. Apóyennos”.

- El cometido no es pequeño e implica sacrificios financieros. Si un -empresario objeta la validez de las hojas amarillas presentadas para emplazar a -huelga, el IMSS se tarda por lo menos un mes en la verificación.

- El día de la huelga puede pedir que esté presente un actuario judicial que -se cerciore si los huelguistas son empleados o gente de choque traída por el -sindicato. En tan sólo dos semanas se podría declarar improcedente a la -huelga.

- En el Senado existe un dictamen sobre la reforma a la LFT que propone medidas -semejantes a las que el presidente de la Junta capitalina puso en marcha. Si -fuera aprobada tal reforma se aplicaría en todo el país, donde existen un -millón de contratos colectivos, según el estimado de Antonio Villalba, -coordinador nacional del Frente Auténtico del Trabajo.

- El dictamen, empujado por el senador panista Francisco Fraile, plantea el -voto universal y secreto de los líderes sindicales por los trabajadores y un -registro público de sindicatos, controlado por un área. Esta última podría -ser la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que verifique la veracidad -de los datos de los dirigentes y los miembros que dicen tener afiliados.

- También propone un registro público de contratos colectivos en donde los -empleados podrían consultar las condiciones de trabajo a las que, en teoría, -tienen derecho. El problema es que estarían a la vista de todos, incluso de los -competidores del negocio.

- A pesar de la mala suerte que han tenido las demás reformas estructurales, -Fraile espera lograr la aprobación de por lo menos los extractos que gozan del -consenso entre los partidos políticos, pero no sabe si entre ellas -sobrevivirán las medidas que ayudarían a combatir el comercio de la -protección sindical.

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- A pesar de los cambios por la vía de la práctica en la JLCA del Distrito -Federal y de las propuestas de reforma que circulan entre legisladores -federales, la democratización del ámbito sindical tarda en llegar.

- Las empresas capitalinas siguen desangrándose con los gastos que exige la -protección laboral y los empleados que desean sindicalizarse tienen sus -derechos de asociación severamente limitados.

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