Competencia, gritos y sombrerazos

Telmex llama ineficientes a sus competidores e intenta diversificar sus ingresos con la mira en Esta
Claudia Olguín

El acalorado debate que las nuevas operadoras de larga distancia sostienen con Teléfonos de México, al interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dio un nuevo giro al prolífico negocio de las telecomunicaciones en sólo un par de semanas. Para quienes estaban al tanto del desarrollo de la atractiva industria, las subastas para la licitación del espectro radioeléctrico habrían significado un buen avance para la continuidad de un proceso que en 1994 se estimó generaría inversiones por alrededor de $6,000 millones de dólares. Significaba, para la competencia, la posibilidad de ingresar de lleno a la telefonía local, el punto del cual pende cualquier negocio de las telecomunicaciones y por el que hoy se discute.

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Esta última fase, que encontró en febrero pasado su etapa más álgida, busca el desarrollo de nuevos mercados como la telefonía local y servicios digitales en la telefonía celular. Se estima que sólo el gobierno obtendrá ingresos por al menos $500 millones de pesos.

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Sin embargo, el jaloneo al interior de la SCT por parte de los nuevos operadores para establecer costos de interconexión más bajos que los acordados en abril de 1996, no es un fenómeno aislado. Incluso, muchos en la industria han tratado de ligar el conflicto local entre operadores y Telmex, con el proceso que siguen carriers extranjeros frente a diferentes instancias de Estados Unidos y el mundo, entre ellas la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Federal Communications Comission (FCC).

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En semanas pasadas, AT&T y MCI enviaron cartas a ambas, buscando reducir el ingreso que Telmex obtiene por recibir una llamada del extranjero.

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Las dos corporaciones obtuvieron el pasado 25 de febrero el visto bueno de William Kennard, presidente de la FCC, quien avaló su batalla contra Telmex en el mercado de larga distancia de México. El funcionario aplaudió “los esfuerzos de los carriers para reducir los costos de larga distancia internacional doméstico y en el extranjero”.

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Kennard exigió también que las autoridades mexicanas eliminen rápidamente los que denominó “cargos inflados hasta en 58%”, que Telmex cobra por servicios de conexión a las operadoras estadounidenses. Así, pareciera más un conflicto binacional, e incluso de bloqueo a Telmex para que ingrese a Estados Unidos, que un simple ajuste de cuentas.

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Pero al mismo tiempo, y en contraparte, los nuevos operadores pretenden reducir la tarifa que Telmex fija a los competidores por utilizar su infraestructura de interconexión, un punto independiente al avalado por Kennard.

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De cualquier manera, ambos procesos tienen un solo objetivo: presionar a las autoridades mexicanas para que Telmex reduzca los costos de interconexión y las tarifas de liquidación.

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APUESTAS FALLIDAS
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Lo que no se ha dicho, en el caso del mercado mexicano, es qué bases han sentado autoridades y grupos privados para permitir una sana competencia en un negocio que desde el inicio prometía generar inversiones, empleos e infraestructura adicional de telecomunicaciones.

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Tampoco se ha dicho que, según la Ley Federal de Telecomunicaciones, el mercado nacional debe mantener costos equiparables con los de sus principales socios comerciales, situación que no se cumple si se compara el precio de interconexión que se cobra en México por cada minuto de larga distancia, de 7.11 centavos de dólar, contra los 2.5 centavos de dólar que se cobran en Estados Unidos y Canadá.

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Una pregunta más en la mesa es por qué si empresas como Avantel consideraron desde 1996 que los cargos de interconexión anunciados por la SCT a finales de abril eran muy superiores a los niveles tarifarios de mercados internacionales, no retomaron la discusión sino hasta ahora. Desde entonces se sabía que, con un costo similar, era imposible que una compañía viera esa pérdida sólo como una mera inversión de ingreso al mercado. Baste decir que el primer bienio de operaciones es el periodo más importante para que una corporación establezca las bases de su desarrollo.

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Posiblemente haber iniciado un litigio habría echado por tierra las numerosas campañas publicitarias de apertura de mercado, en las que el factor precio era fundamental. Pero mucho más complicado ha sido y será para empresas como Avantel comprobar su intención de negociar, después de que su postura siempre ha sido de confrontación, destacando las diferencias de su servicio frente al de Telmex.

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Ante todas esas dudas, las respuestas pueden encontrar un punto de partida si se analizan hechos acontecidos en febrero pasado y algunas cifras oficiales. Casualmente, en ese mes, una mano no identificada liberó un estudio de la firma británica Ovum Interconnect. “Guiando tu entrada al mercado y estrategias de planes de negocios a nivel nacional e internacional”, anota Ovum en la presentación de su estudio.

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El análisis, que compara los costos de interconexión de las 17 telefónicas líderes en el mundo de la telefonía, destaca que con una tarifa de 7.11 centavos de dólar por minuto, Telmex es la empresa con el mayor costo. Este nivel representa en promedio 2.5 veces más de lo que se considera un nivel eficiente en la industria.

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Adicionalmente, como parte de un acuerdo firmado en abril de 1996, los carriers estadounidenses pagan a los operadores de larga distancia en México un impuesto de 39.5 centavos de dólar por cada minuto de llamada entrante.

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El plan, avalado por la SCT, establece que en 1998 ese nivel caerá a 37.5 centavos de dólar, en 1999 a 34.5 centavos y a 19 centavos en el año 2000.

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Pero para los operadores extranjeros, que dicen haber pagado $6,000 millones de dólares por este concepto de 1989 a la fecha, esa reducción no es suficiente, ya que representa un sobrecargo de 58%. Para la telefónica mexicana, reducir de golpe lo acordado para los próximos dos años significaría perder la mayor parte de los $1,000 millones de dólares que obtiene por la renta de su infraestructura para interconectar llamadas de los nuevos operadores.

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Cálculos privados sobre los costos de liquidación e interconexión que se aplican en México, indican que, de cada llamada que ingresa al mercado, el operador se queda con 70% del valor. Sólo en 1996, dice AT&T en un documento enviado a la OMC, los carriers estadounidenses pagaron $600 millones de dólares por este concepto.

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Con todo, para los usuarios de seis millones de líneas telefónicas, la apertura se ha traducido en descuentos en el uso de llamadas de larga distancia, un mercado que representa ingresos anuales de $3,000 millones de dólares. En promedio, las tarifas de larga distancia internacionales –altamente concentradas en el mercado corporativo– han caído 30% de enero de 1997 a la fecha, mientras que los enlaces entre ciudades del país lo hicieron a un ritmo de 15%.

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Esta es también una de las razones que pesan al interior de las negociaciones, donde no se menciona que los nuevos operadores obtuvieron concesiones sin ningún costo, a diferencia de los grupos que participan en las licitaciones de espectro radioeléctrico. A cambio, los nueve operadores de larga distancia invirtieron, de la apertura a la fecha, $1,500 millones de dólares para integrar redes con una extensión total de 10,000 kilómetros de fibra óptica.

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REGLAS Y DOMINIO
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Si el lector voltea un poco a la experiencia seguida por países como Venezuela, Ecuador, Chile y El Salvador en el terreno de la apertura telefónica, notará que esas naciones han optado por esquemas de fraccionamiento de territorios o división en la operatividad de la empresa predominante.

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La intención de los gobiernos de esos países ha sido generar una ruptura desde el principio y desconcentrar la atención de la inversión privada sobre la empresa dominante. Desde que Telmex se privatizó, por ejemplo, ése ha sido uno de los señalamientos de publicaciones como The Economist, que en 1994 cuestionaba las posibilidades de competencia en un entorno dominado por una sola compañía.

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Aún así, los planteamientos no son sencillos: la telefónica de Parque Vía considera que el acuerdo de abril de 1996 sentó las bases que regirán los costos y sus respectivos descuentos a futuro, mientras que los nuevos competidores aseguran que con tales tarifas no existe posibilidad de tener una actividad rentable (y al debate sumaron otros puntos, como el uso de los números 800), por lo que están presionando para que se firme un nuevo contrato.

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Telmex argumenta haber invertido más de $12,000 millones de dólares en la digitalización del 95% de su red de fibra óptica –de más de 30,000 kilómetros–, monto que incluye $500 millones de dólares en equipo de interconexión, y que en este 1998 inyectará, además, $1,800 millones de dólares en el mejoramiento de la red de fibra óptica, el crecimiento de líneas telefónicas y el desarrollo de servicios de telefonía pública.

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Así las cosas, Arturo Elías Ayub, asesor de la dirección de la telefónica, sentencia: “No debe haber cambios al contrato. Telmex está compuesto por muchos inversionistas y un consejo de administración donde se invierte sobre acuerdos base y utilidades.”

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Los argumentos del asesor de Telmex van a tono con las declaraciones de Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, quien fue directo al grano: “La competencia ahora está pagando caro la forma en que arrebató a Telmex el 35% del mercado de telefonía de larga distancia, porcentaje que en un solo año es mucho.”

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Avantel, el competidor más cercano a Telmex –con una inversión de $900 millones de dólares–, ha enfrentado desde diferentes trincheras la posición de la telefónica mexicana. Hasta ahora, la empresa conjunta de MCI y Banamex ha construido una red de 5,700 kilómetros de fibra óptica.

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Hasta ahora, su amenaza más fuerte ha sido la de detener su plan de invertir otros $900 millones, en tanto no existan condiciones de mercado, al tiempo que solicitó a la FCC que analice la aprobación para que la firma mexicana ingrese a Estados Unidos. Pero el tono con que se maneja el asunto interno en la SCT ha generado limitaciones para que las cabezas de los principales consorcios hagan declaraciones al respecto.

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De hecho, ante inversionistas de Nueva York, los principales ejecutivos de Telmex dijeron estar de acuerdo en negociar las tarifas de liquidación pero no hicieron mención a las pláticas que se efectúan para establecer un nuevo contrato que dé origen a nuevos costos de interconexión.

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Alestra, la empresa conjunta de AT&T, Alfa y Visa, ha invertido a la fecha $750 millones de dólares en la edificación de su red de 4,500 kilómetros de fibra óptica.

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“La postura siempre ha sido de negociación: creamos equipos de trabajo con la filosofía de la no confrontación”, enfatiza Jorge Escribano, vocero de Alestra.

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Un último quejoso es Marcatel, empresa producto de la alianza entre Radio Beep, IXC Communications y Westel. En este caso, la “retención” de inversiones para 1998 asciende a $75 millones de dólares.

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Para los analistas del sector, repetir la experiencia de larga distancia en los nuevos mercados dañaría, a los ojos de los inversionistas, la credibilidad de las autoridades con respecto a su capacidad para crear bases de competencia. Empero, Elías Ayub, de Telmex, insiste en que los concesionarios de telefonía local están al margen de las actuales disputas porque para ellos el reto más importante es crecer localmente.

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Hasta el cierre de esta edición el conflicto no hallaba fin. Pero sentó un precedente para quienes buscan enfrentarse de manera directa a Telmex, sobre todo en lo relacionado con el mercado de la telefonía local. Lo que se espera no sólo es un documento que reoriente la política de costos de Telmex, sino que instancias como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (CFC) tengan más facultades legales para resolver con la prontitud que requiere una industria que avanza a pasos agigantados. Lo demás es mera cuestión de mercado.

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