Con el alma en un hilo
¿Cuál es la situación actual de GAM?
-Hemos gestionado recursos legales contra la expropiación. Tenemos plena confianza en ganarlos y en que se nos regresen los ingenios. El grupo ejerce en la industria desde hace 15 años, y quiere seguirlo haciendo.
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¿Cuándo se resolverá este asunto?
-Presentamos las pruebas periciales y estamos en espera de que el gobierno presente las suyas para que se lleve a cabo la audiencia constitucional; es decir, que el juez emita una sentencia. Si alguna de las partes no se siente beneficiada con ella, la segunda instancia son los tribunales judiciales. En ese caso podemos hablar de entre tres y ocho meses.
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¿Qué activos afectó la expropiación?
-Confiscaron todos los ingenios del grupo [Jalisco, Michoacán, Tabasco y dos en Veracruz]. Sólo conservamos la tenedora de las subsidiarias y la comercializadora.
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¿Cuál es la actividad de la compañía?
-Continuamos con la distribuidora de azúcar; compramos a ingenios del gobierno federal y privados, y proveemos a la industria y al autoservicio. La empresa vendía $2,200 millones de pesos al año; después de septiembre sólo $300 millones.
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¿Quedaba algún adeudo de la privatización?
-No. En 1995 GAM hizo una colocación privada de capital con inversionistas extranjeros, luego hizo una pública aquí y después otra más de bonos. Entre las tres reunió cerca de $300 millones de dólares para pagar deudas.
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¿Cuáles son los argumentos contra la expropiación?
-Se dijo que esta era una actividad de interés público; sin embargo, no se explicó por qué 27 ingenios lo son [los expropiados] y 33 no. Se habla de que los empresarios saquearon a sus compañías, pero en nuestro caso invertimos en modernización; lo prueba información pública que enviamos a la Bolsa cada trimestre. El decreto hablaba de que no se le iba a poder pagar a los cañeros, pero unas semanas antes GAM había firmado acuerdos de pago. De un total de $130 millones de dólares ya sólo se les debían $30, y éstos estaban garantizados con azúcar.
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¿Qué otras deudas tenía el GAM?
-Obligaciones bancarias, como todos los demás grupos; con tenedores de bonos, con Bancomext e Inverlat. Sumaban cerca de $140 millones de dólares.
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¿Fue la suspensión de pagos un factor para la expropiación?
-No, porque es un derecho legal, y para que te lo den tienes que probar que eres una empresa viable. La industria azucarera tiene adeudos por más de $2,500 millones de dólares. Estamos hablando de un Fobaproa azucarero y justo antes de elecciones no era momento para destaparlo.
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¿Era viable la compañía?
-Tenía un capital de $1,500 millones de pesos, no estaba quebrada, [aunque] tenía pérdidas operativas. Lo que había que garantizar era que los ingenios siguieran operando, así que no quedó otra que acogerse a la suspensión de pagos.
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¿Cuál es el escenario deseable para ustedes?
-Estamos en una situación muy difícil. A partir de la expropiación se detonaron tres derechos, independientes entre sí. El de la empresa, que busca seguir en la industria; el de los inversionistas de capital extranjero, que tienen su propia vía legal en el marco del TLC; y el de los tenedores de bonos, quienes tenían los avales solidarios de cada uno de los ingenios.
-El gobierno dice que todo está sujeto a los amparos y los inversionistas ya están muy molestos, porque en 1995 creyeron en la regulación de la industria y su observancia. Nunca sucedió así. Viene la expropiación, te llaman ratero y te quitan tus activos. Meses después arreglan las cosas que tú venías peleando para que compusieran y sube el precio del azúcar. Lo que piden los inversionistas es salirse, que les paguen. Eso nos pone en conflicto de interés con lo que hace la empresa.
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¿Se perderá la compañía?
-No. Estamos dispuestos a pelear los amparos, tenemos seguridad jurídica de que vamos a ganar, creemos que en México se vive un Estado de derecho.
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