Corporaciones en apuros. Recursos de úl

En la víspera de que fuera derogada la ley de quiebras, muchas empresas abarrotaron los tribunales.
Lucía Pérez-Moreno

Pasaron 15 días desde que el Congreso aprobó la Ley de Concursos Mercantiles y la Miscelánea de Garantías hasta que éstas entraron en vigor. Entre el 27 de abril y el 12 de mayo –día en que se publicaron ambos ordenamientos en el Diario Oficial de la Federación– los juzgados civiles registraron un movimiento inusitado.

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Muchas empresas y comercios decidieron acogerse a la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, que data de 1943, pues es mucho más benevolente con los deudores. “Hubo mucha actividad en los juzgados en suspensión de pagos”, dice Francisco Cossu, abogado litigante en estados del norte del país.

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La cantidad de solicitudes de suspensión de pagos en los tribunales pudo ser una de las razones por las que el gobierno decidió no postergar más la publicación de la nueva ley en el Diario Oficial. Pero la gota que derramó el vaso fue la noticia de que dos grupos importantes se habían acogido a la ley anterior y un juez les había concedido la suspensión de pagos. Biconsa, la principal subsidiaria de Bufete Industrial, con deudas de $146 millones de dólares, y Grupo Azucarero Mexicano (GAM), con pasivos de $125 millones de dólares, provocaron la furia de muchos banqueros. Manuel Guereña, analista de Standard & Poor calificó su decisión de “agresiva”.

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Ambas empresas argumentan que no tenían otra salida. Con la ley anterior pueden operar mientras renegocian sus deudas y además no están obligadas a cubrir intereses morosos. Si bien la ley de quiebras se prestaba a toda clase de abusos, permitía a las empresas un mayor margen de maniobra. “En muchas ocasiones no había manera de recuperar los préstamos más que demostrando conductas penales”, dice Cossu Mussi.

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Ahora, los deudores morosos tendrán sus días contados pues con la nueva ley tienen exactamente seis meses para llegar a un acuerdo antes de que sus activos sean embargados. Hay quienes consideran que el gobierno se fue de un extremo al otro: de favorecer a los deudores pasó a privilegiar a los acreedores. “Habría sido mejor algo más neutral, como el capítulo XI de la ley de quiebras en Estados Unidos”, dice un ejecutivo de una de las empresas que se declaró en suspensión de pagos. 

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En Bufete Industrial argumentan que actuaron para defenderse de los acreedores que rompieron el pacto de caballeros. “En lugar de estar buscando un socio teníamos que estar contestando demandas”, dice una fuente de la compañía. Esta constructora, la segunda en importancia en México, llevaba meses sin capital de trabajo y sin poder cubrir sus compromisos con extranjeros. GAM, también tenía dificultades debido a la caída del precio del azúcar. Juan Cortina Gallardo, director de finanzas de gam, afirma que existía el riesgo de que dejaran de funcionar los ingenios, los cuales cumplen una importante labor social. “Optamos por seguir operando, aunque tuviéramos dificultades”, dice.

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Desde luego, nadie reconoce haber abusado del llamado Vacatio Legis (tiempo que transcurre entre la aprobación y la entrada en vigor de una ley). Algunas empresas afirman que fue una “coincidencia” el que se declararan en suspensión de pagos en esas dos semanas. “De ninguna manera quisimos aprovecharnos de la vieja ley, sino que actuamos de acuerdo a nuestros vencimientos”, dice Juan Cortina Gallardo al afirmar que buscará salir lo más rápido posible de esta situación.

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Como sea, los juzgados que atenderán los expedientes amparados en la vieja ley tendrán mucho trabajo en los próximos meses. A la larga se irán cerrando para ser sustituidos por el Instituto Federal de Concursos Mercantiles. Desde el pasado 12 de mayo, quien se declare en suspensión de pagos corre el riesgo de perderlo todo. Quienes actuaron a tiempo, tienen razones para sentirse a salvo.

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