Corporativismo empresarial en la mira
El pasado mes de agosto, la Cámara de Comercio de Pachuca anunció su salida de la vida participativa en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco). El motivo, esgrimieron los comerciantes hidalguenses, era que el presidente de la Concanaco, Armando Araujo Montaño, “daña la imagen de representatividad del gremio”.
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Manuel Pérez Antón, presidente de la Canaco de Pachuca, dijo que la reconciliación con la Concanaco sólo podrá darse “una vez que el cargo de su presidencia sea asumido por una persona dispuesta a ejercer sus funciones de -representatividad acorde a las necesidades y exigencias de nuestro sector”.
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Por su parte, la Concanaco respondió al embate con el argumento de que no se puede culparla de las ineficiencias de la Cámara de Pachuca (por ejemplo, sus adeudos por más de $22,000 pesos). Y, para dar la última estocada, reveló que esa cámara sólo ha registrado en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) a 356 empresas de un universo estimado en más de 13,000 unidades.
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Esta fue la primera vez que el nuevo mecanismo de control gubernamental –el SIEM– fue utilizado directamente en contra de una agrupación de comerciantes, y también constituyó uno de los primeros signos del rechazo que sienten los comerciantes e industriales hacia la gestión empresarial tradicionalmente realizada por las élites del sector.
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Capítulos como el anterior, que rompen la armonía reinante en la familia empresarial mexicana, serían difíciles de imaginar hace apenas unos años, cuando el sistema corporativo mexicano se enorgullecía de mantener en funcionamiento a un país por casi medio siglo.
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El secreto del éxito estribó en que, desde 1941, el gobierno obligó a los empresarios a afiliarse a organismos cuyas cúpulas resultaron altamente maleables en función de las necesidades del régimen. De esta forma, las cámaras industriales y de comercio aglutinaron a los empresarios que vieron cómo, de forma paulatina, sus representantes tomaban distancia con respecto a sus agremiados y se mimetizaban con el gobierno.
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El modelo –bautizado como “corporativismo mexicano”– es, a ojos de especialistas, uno de los principales motivos por los cuales ahora los empresarios mexicanos tienen dificultades para ponerse a la altura de las exigencias de la economía global. La afiliación forzosa construyó, al paso de los años, estructuras burocráticas que únicamente sirvieron de escenografía en una película de la que ahora se mira el epílogo.
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JUNTOS A LA FUERZA
-“Lo que el gobierno buscaba con la política de la afiliación forzosa era permitir que existieran las asociaciones que quería y no otras”, dice el doctor en derecho Emilio Krieger. El escenario que recuerda Krieger se sitúa en 1941 cuando el entonces presidente, Manuel Ávila Camacho, “ordenó” que el Legislativo emitiera reformas a la Ley de Cámaras. Hasta ese momento, la Confederación de Cámaras de Comercio estaba dominada por la de la ciudad de México. El problema para Ávila Camacho era doble: por una parte, buscar la manera de tener controlados a los industriales y comerciantes, y por otra, evitar que estos tuviesen más poder que el conveniente. Para no tratar con un único frente patronal fuerte y poderoso –y sin dejar de tener plena influencia sobre el sector–, Ávila Camacho propuso separar a los comerciantes de los industriales, y a estos entre sí. El resultado: de la ya existente Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se crearon las confederaciones de Cámaras de Comercio (Concanaco), de Cámaras Industriales (Concamin) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Además del nuevo esquema en que se agrupaban los hombres de empresa del país surgió la afiliación forzosa que se mantuvo durante mucho tiempo.
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Industriales y comerciantes tuvieron una forzada convivencia que Krieger no duda en calificar como “casi medio siglo de una ley que contrariaba la Constitución Mexicana”. El fundador de la Asociación de Abogados Democráticos pone el dedo en la llaga: “En principio es anticonstitucional obligar a los ciudadanos a asociarse a determinados grupos”, puesto que se contraviene una de las garantías constitucionales. El artículo 9º de la Constitución otorga el irrestricto derecho de libre asociación. Para Krieger, la única razón para imponer afiliaciones es el interés público. Sin embargo, en el caso de las cámaras “no existe una verdadera razón de interés público para obligar a los comerciantes y a los industriales a afiliarse”. Más bien, dice el abogado que en 1988 cimbró al Poder Judicial cuando renunció a un puesto en la Suprema Corte, como señal de protesta a la dudosa elección de Carlos Salinas a la presidencia de México, “se trataba de construir mecanismos de control”.
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Las casi cinco décadas en que los gobiernos priístas hicieron gala de ser el epicentro de un sistema estable y en desarrollo entraron en fase terminal a principios de los 90. Un nuevo escenario comercial en el mundo y una sociedad más activa alcanzaron al exclusivo mundo de la élite empresarial que había hecho de sus cámaras y confederaciones apéndices del gobierno y antesala para los líderes con ambiciones políticas. Las voces discordantes se elevaron cada vez más alto hasta que en 1995 la Suprema Corte puso punto final a una larga exigencia de los empresarios y dictaminó como anticonstitucional la afiliación forzosa. “Los mexicanos veíamos la afiliación obligatoria como normal, porque durante esos años el corporativismo fue un elemento de control y de cohesión que tuvo el gobierno para manejar a la iniciativa privada”, dice el columnista financiero Alberto Aguilar.
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JUNTOS Y REVUELTOS
-No obstante que la Suprema Corte enmendó un punto oscuro de la Ley de Cámaras, el gobierno mexicano no quiso quitar el dedo del renglón y a través del artículo 28º de la nueva Ley obliga a todos los comerciantes e industriales a afiliarse al SIEM. Es decir, se les obliga a estar nuevamente juntos, sólo que ahora “también revueltos”, ironiza Krieger.
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Los agremiados a las cámaras, ya engolosinados con la libertad de asociación, no miran con buenos ojos este nuevo ordenamiento y se dicen maniatados por una Ley que prevé futuras desobediencias: multas y sanciones de entre 15 y 300 salarios mínimos a los que no se incorporen al nuevo sistema de registro que pretende acopiar información sobre las empresas asentadas en territorio nacional. Y para todos aquellos que, en arranques de rebeldía, hagan caso omiso de los castigos, se reservan multas dobles.
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“Es un esquema que elabora el gobierno para tener otra vez el control del sector privado”, afirma -Aguilar. Y Krieger va más allá cuando sostiene que en el SIEM no está de por medio el interés nacional, sino el de una parte de todo el conjunto social “cuyos intereses no coinciden las más de las veces con los de la sociedad en general”.
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Sin importar que “nuevamente se cometan violaciones a la Constitución” –a juicio de Krieger–, el gobierno otorgó un plazo de seis meses para que los convocados acudieran al llamado. Lo que no esperaban las autoridades es que su voz fuera prácticamente ignorada y que tuvieran que verse en la necesidad de dar una segunda llamada que extendía el plazo hasta el 31 de agosto.
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Al parecer, la apatía e indiferencia de los empresarios bien merecía una tercera, y definitiva, prórroga. Sólo que el gobierno ya no está dispuesto a ser benévolo con los -renuentes a formar parte del SIEM.
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Los registros de empresas han llegado a cuentagotas y de las 650,000 que el gobierno tiene contabilizadas, sólo se han inscrito hasta la fecha poco más de 200,000.
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La renuencia de los agremiados se atribuye a la mala estrategia de promoción que el gobierno diseñó -para dar a conocer el SIEM. Esto provoca que el empresario considere poco útil y atractivo sumarse al registro y desembolsar entre $100 y $670 pesos de anualidad.
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JUNTOS Y ENFADADOS
-Pero hay una razón de mayor peso en la que se centran las polémicas que han dado un triste debut al SIEM: la crisis de representatividad de las cámaras comerciales e industriales. El gobierno ha decidido que el SIEM sea operado por las cámaras y las confederaciones, decisión contraria al artículo 36º de la Constitución, que permite a las dependencias de gobierno, exclusivamente, el manejo de los registros nacionales. En lo que no repararon las autoridades es en que el empresario, una vez obtenida la libertad de pertenecer o no a una cámara, se ha alejado de los antiguos esquemas y no está dispuesto a vérselas con tales organismos sólo por cumplir su registro en el SIEM.
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Además, parece que los tiempos dorados en que las cámaras eran la cúspide de una estructura empresarial burocrática han pasado. Y la nueva realidad ha sido como un bofetón para un buen número de ellas, porque han revelado un secreto a voces: tras la escenografía no hay más que vacíos. A pesar de que el líder de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, José Alfredo Santos Asseo, no tuvo pudores al decir que “en cinco años nos preguntaremos cómo es que pudimos vivir y organizarnos sin el SIEM”, lo cierto es que son las propias cifras las que funcionan -como aguafiestas del futuro tan promisorio que pronostica. Sólo una tercera parte de las empresas existentes se ha incorporado al SIEM en un plazo de ocho meses. Inclusive, hay casos de cámaras y confederaciones que no han podido colocar una sola empresa en el registro.
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Ante la impotencia, el gobierno ha solicitado a las cámaras y confederaciones las “listas negras” de las empresas que aún no realizan sus trámites de registro en el SIEM, pero se topó con pared cuando José Luis Vázquez Camarena, de la Concanaco, puso en claro a principios de septiembre pasado que “no nos prestamos a hacer el trabajo de cañería del gobierno”. Y ya puesto en críticas, dejó ver la necesidad de elaborar un reglamento a la nueva Ley pero, dijo, “ni siquiera hay señales de estarse trabajando, lo que va a permitir a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) actuar con discrecionalidad”.
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Temerosas por las reacciones que pudiese desencadenar la puesta en marcha de las sanciones previstas por la ley, en la mayoría de los casos las autoridades han optado por enviar “cartas de invitación” a los agremiados no inscritos y –en algunas situaciones– también han decidido dar lecciones a los incumplidos con la realización de -fiscalizaciones, como sucedió con la Cámara de Comercio de Quintana Roo.
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“El problema con la Secofi es que ejerce presión sobre las cámaras y no en las empresas”, se queja Vázquez. El empresario denuncia el “hostigamiento” que el -gobierno ejerce sobre las cámaras y ha promovido que las asociaciones se nieguen a otorgar relaciones de empresas aún por afiliar.
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Los dudosos niveles de legitimidad y representatividad de las agrupaciones de empresarios (entre 20 y 50% de las empresas existentes dejaron de pagar sus cuotas a las asociaciones en 1996) fueron exhibidos en la Reunión Anual de Comercio, que se llevó a cabo en la ciudad de Zacatecas del 3 al 5 de septiembre pasado. En la cita, los empresarios mostraron sus discrepancias internas y se escenificó la confrontación entre los comerciantes y la Secofi sobre las formas en que debe echarse a andar el SIEM.
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El presidente de la Concanaco reconoció que el SIEM “no es muy comprensible para las empresas” y dejó en manos de cada organismo gremial la decisión de hacer llegar al gobierno las famosas y controvertidas “listas negras”.
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En el encuentro, la noticia de que 47 cámaras estaban en la cuerda floja y podrían desaparecer por falta de representatividad –es decir, por no haber inscrito una sola empresa en el SIEM– terminó por desatar las controversias internas y los debates llegaron a tal punto que Herminio Blanco, titular de la Secofi, y Silvia Hernández, secretaria de Turismo, mejor optaron por abstenerse de clausurar el encuentro, como se tenía previsto.
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JUNTOS Y PARA SIEMPRE
-Si lo que buscan los empresarios e industriales al participar en un organismo es obtener la información que les permita acudir a los sectores del mercado que les interesa intervenir, el SIEM “no es un registro amplio y suficientemente libre para poder satisfacer este interés y, definitivamente, no es atractivo para los posibles registrados”, dice Krieger. Pero no será el SIEM lo que mantenga juntos a los empresarios, sino la necesidad de estar aglutinados en agrupaciones aunque sean nuevas, como es el caso de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación (ANIT), fundada en 1986 por ocho industriales que fueron expulsados de la Canacintra no por incumplir con sus pagos de afiliación, sino porque se atrevieron a criticar a su organismo.
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De igual forma en que la oposición en el Congreso ha establecido nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, “igual vemos hoy las primeras señales de cambio que nos van a permitir una relación más sana y transparente entre el gobierno y el sector privado”, anuncia Aguilar. Es por ello que el columnista del diario -Reforma cree que las cámaras seguirán existiendo, sólo que condiciona su futuro a que se tornen más combativas y a su capacidad de romper el cordón umbilical que las mantenía unidas al gobierno: “Para tener afiliados ya no necesitan tener tantos nexos con el gobierno. Al contrario, presionarán al gobierno para conseguir lo que sus agremiados demandan.” Si no cumplen estos requisitos, opina Aguilar, los agremiados se irán a otra asociación y dejarán sin legitimidad al organismo.
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Aguilar y Krieger coinciden en que el gobierno no se da cuenta –o no quiere darse cuenta– de que el escenario ha cambiado. Los empresarios seguirán juntos, pero en agrupaciones que les brinden verdaderos apoyos y que defiendan a sus afiliados, incluso de arbitrariedades como el SIEM. “Yo creo que se acabaron las negociaciones con una sola persona –sentencia Aguilar y concluye–: Con una sola persona que representaba a todos y que, en el fondo, no representaba a nadie.”