Cortomanía
El 3 de marzo de 1998, el Banco de México anunció su propósito de dejar “corto” al mercado de dinero por un monto de $20 millones de pesos. Desde entonces, la máxima autoridad monetaria del país ha realizado seis ajustes adicionales, hasta el punto en que el “corto” ha alcanzado un monto diario de $160 millones de pesos. ¿La justificación? Según los perpetradores de esta estrategia, se trata de evitar presiones inflacionarias derivadas de un entorno mundial en el que la inestabilidad financiera cobra un alto precio en Asia, Rusia y América Latina, además de la necesidad de recortar el gasto de gobierno para enfrentar la caída de los precios internacionales del petróleo.
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El mecanismo del “corto” supone que el organismo dirigido por Guillermo Ortiz envía al mercado la señal de que existirá una escasez relativa de recursos prestables, lo cual provoca un incremento en la demanda monetaria y también en el costo del dinero. Esto, por un lado, eleva el atractivo de las tasas de interés y contribuye a estabilizar al tipo de cambio –y por lo tanto, frena la fuga de divisas–, mientras que por el otro, contrae la demanda interna a fin de contener posibles presiones inflacionarias.
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Pero eso es la teoría. En los resultados, los sucesivos “cortos” del Banco de México no han sido tan benéficos: a pesar de conseguir un ajuste de las expectativas de inflación inferior al incremento de los precios y un crecimiento real negativo del tipo de cambio, también se obtuvo un aumento desproporcionado en las tasas de interés y la inflación anual en 1998 superó con mucho la meta oficial establecida. Es más: lejos de que la evolución ascendente de la inflación se corrigiera, a lo largo del segundo semestre de ese año se acentuó, particularmente en septiembre, cuando las expectativas inflacionarias superaron, incluso, al aumento de precios observado y arrojó como resultado una desviación, respecto de la estimación proyectada por el gobierno, de poco más de 33%.
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¿Vale la pena que el Banco de México siga con sus “cortos”? Los defensores de este planteamiento indican que el mecanismo esbozado funciona adecuadamente en condiciones normales y presenta limitaciones para enfrentar choques externos, tal y como ha ocurrido en México en el último año. Aún así, indican, la inflación, aunque lejana a la meta oficial, fue controlada en 1998 y en febrero de 1999 ya se observan resultados satisfactorios: no sólo los precios comienzan a disminuir, sino que se presenta un entorno de estabilidad cambiaria y las tasas de interés ya están retrocediendo, lo que demuestra que el efecto alcista de los “cortos” sobre el costo del dinero ocurre en un plazo inmediato.
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No obstante, más allá de estabilizar a los mercados financieros, esta política cobra un alto precio en términos económicos, financieros y sociales, difícil de cuantificar y medir temporalmente, aunque está presente a través de múltiples expresiones de deterioro: el desempleo, la caída de ventas internas, el crecimiento de la cartera vencida, el aumento de los índices delictivos, etcétera. Y, a pesar de todo ello, nada garantiza que mañana se establezcan las condiciones para aplicar de nuevo la política de “cortos”.
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En el fondo, si se trata de controlar la inflación o de estabilizar al tipo de cambio, lo conducente en un caso es fortalecer las finanzas públicas pero a partir de una profunda reforma fiscal. En el otro caso, y más allá del marco tradicional de discusión sobre el régimen cambiario más “apropiado”, lo pertinente es fortalecer la capacidad estructural para generar divisas, lo que implica ir más allá de impulsar a un sector externo que ha soltado de la mano a su mercado interno. La brecha entre uno y otro es la medida de las limitaciones para fortalecer la capacidad generadora de divisas. La política de “cortos” es un mecanismo regulador que puede funcionar más o menos bien, dependiendo de las circunstancias en las que se aplique. Pero esa no puede ser la política recurrente: conviene preguntarse si sus altos costos la justifican.
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