De impuestos y democracia

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Andrés Piedragil Gálvez

“La cámara de Diputados aprobó la inclusión del IVA [15%] en el precio final de bienes y servicios de una manera tan improvisada, que ni siquiera la diputación que integra la Comisión de Hacienda tuvo el tiempo suficiente para discutir la medida”, afirmaba un enfadado legislador del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) en la historia de portada de la edición número 408 de Expansión (fechada en febrero 6 de 1985).

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José González Bailó, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, compartía el enojo del político: “Esta actitud produce un deterioro en las relaciones de los empresarios con sus autoridades, porque se había estado jugando de una manera y de repente nos cambian las reglas del juego. Por otra parte, la Cámara de Diputados ha dejado de representar los intereses de un sector de la población, al menos el de uno: el empresarial.”

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A 18 años de distancia, el impuesto al valor agregado regresa al escenario de la polémica: la reforma fiscal propuesta por la administración de Vicente Fox, que se acaba de presentar oficialmente al Poder Legislativo, contempla la aplicación de un IVA generalizado de 10%.

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No obstante, la discusión sobre el gravamen se está desarrollando en un contexto muy distinto: en el de una vida parlamentaria más activa, basada en la búsqueda de consensos entre las distintas facciones. A diferencia de lo que ocurría hace casi dos décadas, para llevar a buen puerto la iniciativa de reforma fiscal, el mandatario tendrá que exhibir extraordinarias capacidades de negociación. Las desventajas de haber dejado atrás la práctica del carro completo.

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