De poder a poder

La mayoría de las empresas se preparan para entablar juicios y ampararse ante los nuevos gravámene
Roberto Campa Zúñiga

Toca a las compañías hacer plantones ante los tribunales. La causa: la Ley Fiscal 2002. Corporativos de telecomunicaciones, alcoholeros y tiendas de artículos de lujo, entre otros, solicitaron amparos en los juzgados ante lo que llaman abusos y violaciones a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. "Cada organización diseñó sus propias estrategias de defensa basadas en su situación particular", considera Christian Natera, coordinador fiscal del departamento académico de Contabilidad en el ITAM.

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Las demandas se han concentrado en impugnar la tributación de los impuestos especiales: de 5% a bienes suntuarios, 10% a servicios de telecomunicación y 60% al alcohol.

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La imposición debe estar claramente establecida en la ley y la del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), aplicado a artículos de lujo, no es muy explícita. "Por el simple hecho que no se entiende y crea confusiones ya es inconstitucional y no cumple con el principio de legalidad", subraya el entrevistado.

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Las empresas argumentaron ilegitimidad de la norma que –como con los perfumes– la Secretaría de Hacienda definió mediante reglas administrativas y no a través de la Ley de Ingresos.

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Mientras las compañías no tengan un amparo, estarán obligadas a pagar el gravamen. Sin embargo, valiéndose del recurso de "suspensión del acto", contenido en la figura del juicio de amparo, solicitaron que no se les aplique la ley que los afecta.

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"En materia fiscal es muy difícil que les otorguen la suspensión; aun cuando la obtengan, las organizaciones estarán obligadas a depositar mensualmente en un banco, como garantía, los impuestos que les corresponde pagar mientras transcurre el juicio, que puede prolongarse hasta tres años", precisa el abogado fiscalista Ricardo Ahumada, socio director del despacho Deloitte & Touche.

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Para las firmas puede resultar incluso una buena inversión, porque en caso de ganar los juicios recibirán la devolución de esos pagos más intereses al 3%.

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En tanto, los usuarios de bienes y servicios –como los 380,000 clientes de Nextel, compañía que ofrece radio comunicación digital– pagarán $355 en vez de $320 pesos por el plan básico.

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"Por lo pronto ya ajustamos nuestras tarifas en un promedio de 10% para hacer frente al pago del impuesto especial a los servicios de telecomunicación" confirma Enrique Guzmán, director de Comunicación del corporativo Jugos del Valle tiene experiencia en estos asuntos. Reclamó la devolución de más de $2,000 millones de pesos por el importe de IVA e IEPS tributado de 1995 a 1997. Hasta ahora ha recibido $895 millones y lucha en los tribunales para recuperarlo todo.

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En octubre de 1999, después de cuatro años de litigar por los diferentes peldaños judiciales, obtuvo el amparo de la Suprema Corte en contra del artículo 2ºA de la Ley del IVA, que a partir de la reforma fiscal de 1994 dejó fuera de la canasta básica las bebidas diferentes a la leche y las pasó a la lista de productos gravados con la tasa de 15%.

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Como esta, muchas empresas tienen la oportunidad de ganar el litigio.

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