"Llevábamos 14 años en la industria, no escogimos salir de ella, por lo tanto no es correcto que se hable de un rescate." Así contesta Juan Carlos Cortina –director de Finanzas y Planeación Estratégica de Grupo Azucarero México (GAM)– a los múltiples cuestionamientos que diversos grupos han hecho respecto de la expropiación de 27 de los 60 ingenios del país, decretada por el presidente Fox.
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El ejecutivo apunta que aunque GAM será respetuoso de las disposiciones gubernamentales –de hecho ya hicieron entrega de los cinco ingenios que les pertenecían–no están de acuerdo con ellas. Argumenta que, entre otras cosas, GAM no cumple con las caracterizaciones que plantea el edicto para ser sujeto de expropiación: el grupo representa menos de 3% de los adeudos totales que la industria azucarera tiene con el gobierno federal, como empresa pública (desde 1997) jamás ha pagado un sólo dividendo a sus accionistas y todos los pagos al fisco, IMSS y trabajadores estaban en orden.
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Esta no es la única empresa que cuestiona la expropiación: las otras compañías involucradas –Grupo Santos, Consorcio Azucarero Escorpión (Caze) y Grupo Machado– también han manifestado su rechazo. Incluso la primera de ellas informó que interpondrá un recurso de amparo ante la medida.
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El tema, sin duda, es controvertido. Para algunos el hecho representa la reactivación de viejos esquemas proteccionistas, alejados de la dinámica global actual; para otros significa un verdadero cambio de actitud frente a los problemas que desde hace años presenta el campo mexicano, particularmente el sector cañero, que emplea directa e indirectamente a cerca de tres millones de personas y cuya producción el año pasado ascendió a 4.88 millones de toneladas de azúcar.
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El peso de la deuda
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El gobierno federal tiene un gran reto: no sólo deberá administrar eficazmente 27 empresas con grandes deudas y problemas de liquidez –sólo Caze y GAM le deben a los cañeros $650 y $200 millones de pesos, respectivamente–, sino tendrá que sanearlas totalmente para después poderlas vender. Por si fuera poco, la expropiación de los ingenios también exigirá la creación de otro organismo paraestatal coordinado por las Secretarías de Hacienda (SHCP) y Agricultura (SA) y la erogación de entre $1,000 y $3,000 millones de pesos para mantenerlos en operación.
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Por su parte, los cañeros pertenecientes a la Confederación Nacional Campesina (CNC) celebraron la resolución. De acuerdo con Miguel Ángel Lagunes, su vocero, la expropiación "da señales positivas al mercado interno del azúcar para su normalización y es un mensaje dirigido a los demás industriales del predominio de un Estado de derecho, pleno y vigente, que no tolera la impunidad".
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Empresarios y trabajadores coinciden al señalar que la expropiación sólo tendrá éxito si se busca la creación de una ley que regule la actividad agroindustrial azucarera, si se garantiza el congelamiento de los excedentes de azúcar no exportada –un millón de toneladas– y se revisa a fondo el Tratado de Libre Comercio con los vecinos del norte para detener la importación de alta fructosa y maíz transgénico.
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