Del desengaño a la incertidumbre
El año de 1969 o la resaca tras la explosión antiautoritaria, el desengaño, la fuga hacia el delirio de la contraviolencia. 1999 o la incertidumbre, el viaje por el desfiladero, la ambigüedad que perfila posibilidades y riesgos.
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¿Qué ha cambiado en 30 años de política mexicana? Mucho más de lo que somos capaces de asumir. Mucho menos de lo que fuimos capaces de imaginar.
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1968 no fue sólo el sueño de una generación que contemporizó con los afanes libertarios de la juventud en el Occidente industrializado o en vías de desarrollo. Es, sobre todo, una especie de condensación de la utopía posible –siempre cancelada, pospuesta, traicionada– del otro México que recorre la memoria histórica: de la Independencia con Hidalgo a los Sentimientos de la Nación de Morelos; de la Reforma juarista a la resistencia liberal y magonista contra el porfiriato; de Madero y la revolución democrática a la guerra campesina de Zapata y Villa; de los constitucionalistas del 17 a los revolucionarios de la construcción institucional; de los hombres y mujeres anónimos, marginados o marginales al poder posrevolucionario, a la ciudadanía negada durante décadas de paz social, estabilidad, crecimiento económico y habilidad reformista de un régimen corporativo, cerrado, no democrático.
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En 1968 –año axial, parteaguas histórico– los nietos de la Revolución Institucionalizada se rebelaron contra el padre petrificado. Los sectores medios, urbanos, modernizados, ilustrados por dos o tres generaciones de educación pública y movilidad social, exigieron cuentas a la cúpula del poder. Un movimiento estudiantil como cualquier otro, que tuvo su origen en una gresca estudiantil como cualquier otra y recibió un trato policiaco-autoritario como cualquier otro, precipita la ruptura profunda, inimaginable, en aquella sociedad mexicana del milagro y el desarrollo estabilizador.
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La juventud estudiantil de la Ciudad de México salió a las calles. Se le sumaron los jóvenes de muchas capitales del país y la casi totalidad de las escuelas vivas –no muertas– de educación media y superior. También las franjas angostas, pero altamente significativas, de la cultura y el pensamiento; las muy escasas y débiles organizaciones sociales independientes (grupos sindicales, agraristas) y la oposición de izquierda reducida a grupúsculos testimoniales.
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El movimiento estudiantil-popular de 1968 pedía reformas, apertura, diálogo, libertades civiles, derechos políticos. No era una revolución en ciernes. Era la primera manifestación del reclamo democrático, o por lo menos la expresión más articulada –política, civil, pacífica, multiclasista– de las nuevas necesidades de una sociedad real o potencialmente moderna, que ya no soportaba la camisa de fuerza de un sistema político autoritario, presidencialista, de partido único, de farsa electoral, de inexistencia histórica de instituciones republicanas, de control paternalista y represivo.
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Ya sabemos cuál fue la respuesta de la burocracia gobernante, del ogro filantrópico, del terrible padre/cacique mítico, del señor presidente Gustavo Díaz Ordaz encarnación de la Patria: la muerte, la tortura, la cárcel, el deshonor de un sistema judicial corrupto, el aplauso y la justificación del crimen desde el Congreso, el servilismo de las corporaciones y la prensa, la infamia de los líderes de opinión y demás paladines de la mexicana alegría.
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La matanza del 2 de octubre en Tlatelolco desplazó los obstáculos para la realización pacífica de las olimpiadas mexicanas. (Los empleados/ municipales lavan la sangre/ En la Plaza de los Sacrificios: Octavio Paz.) La mayoría silenciosa y silenciada aplaudió el espectáculo. Las aguas volvieron a su cauce. No obstante, algo se quebró por dentro. (Si/ Una nación entera se avergüenza/ Es león que se agazapa/ Para saltar: O.P.) Algo que empezaría a transformar el fondo y la forma, la profundidad y la superficie del paisaje mexicano. El cambio a partir de una fractura, un quiebre, una ruptura. A partir de una catástrofe que el Sistema tardaría en procesar.
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Al año siguiente empieza la cuenta regresiva. 1969 o la desilusión, la normalidad como paz de los sepulcros, la reacción de minorías desesperadas que transitan del arma de la crítica a la “crítica de las armas” (la vía guerrillera que no encontrará reposo sino hasta bien entrada la década siguiente, tal vez). Pero también, sin duda, 1969 o la continuidad ridícula de la vida “institucional”, el año del “tapado”, la burlesca formalidad de la política mexicana, la decadencia y la barbarie de “nuestra convivencia democrática”.
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De 1969 a 1999, una larga y sinuosa acumulación de inercias y dinámicas nuevas, optimismo y derrotas, apertura y liberalización por goteo, populismo y dispendio, demagogia y corrupción, fin del milagro y aparición de la pesadilla a fin de sexenio, crisis y reformas, deterioro y reformas, descalabro y reformas, ruina y reformas, descomposición terminal y reformas definitivas que nunca concluyen.
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El principio del fin
¿Qué ha cambiado en 30 años? Todo, o casi todo. Nuestro fin de siglo marca, sin duda, la conclusión desordenada del ciclo iniciado en 1929 con la creación por y desde el poder del partido oficial, la organización de los sectores de la sociedad en corporaciones o faccios, el “arreglo especial” con el empresariado, la instauración del mecanismo sucesorio como transmisión del poder monárquico-sexenal y la erección del Poder Incontrastable encarnado en un solo hombre: el Presidente de la República.
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La no-democracia sui generis, el viejo pacto que reguló las relaciones entre el Estado y la sociedad, se agotó antes del medio siglo. 1968 y sus secuelas fueron la señal más obvia, aunque no la primera ni la última. Marcarían, eso sí, el dramático principio del fin.
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No cabe, empero, desarrollar una cronología pormenorizada del deterioro sufrido por los ejes fundamentales del sistema político: la Presidencia y el partido de Estado. Aunque se trata de un proceso lento y extendido por décadas, aún resulta difícil identificar los niveles y momentos de desgaste, así como los puntos de quiebre. En otras palabras, no es sencillo documentar dónde, cuándo y cómo arranca la decadencia del antiguo régimen.
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Se podría decir, por ejemplo, que el clímax del autoritarismo tiene lugar durante el gobierno de Díaz Ordaz. A partir de tal pináculo criminal, todo sería cuesta abajo... Y sin embargo, salvo en lo concerniente al uso excesivo de la fuerza, las presidencias posteriores no harían más que potenciar la omnipotencia.
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Con Luis Echeverría el “estilo personal de gobernar” adquiere tonos de épica-populista, reciedumbre y control absoluto, desorden estatista y mano dura (el golpe contra Excélsior cierra el sexenio). Con José López Portillo, la ostentación y la frivolidad corrupta van de la mano del nepotismo orgulloso, el dispendio de la riqueza petrolera y la catástrofe que echó por la borda la prometida “abundancia”. Con Miguel de la Madrid el “estilo” es el hombre: gris Oxford, balbuceo ideológico, “renovación moral” de claroscuros y “medianía” pretendidamente republicana.
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No es extraño que sea justamente en la administración delamadridiana –moderada y gélida, arrogante y distinguida, distante del universo nacional-revolucionario– cuando tenga lugar la ruptura de mayores consecuencias en la historia del partido de la Revolución (la Corriente Democrática que en 1987 abandonaría al PRI). Y tampoco, por supuesto, que al estilo insustancial y parco de don Miguel le suceda su contrario en temperamento y carácter: Carlos Salinas de Gortari, el primer priísta –y quizá el último– que ocupa la Presidencia sin la legítima bendición de las urnas –incluso fraudulentas.
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Virtual derrota o victoria virtual, el resultado obtenido por Carlos Salinas en las elecciones de 1988 estimuló el despliegue de las mejores artes del presidencialismo mexicano. Con el joven y audaz Ejecutivo, el presidencialismo omnipotente adquiere dimensiones pocas veces vistas. Hábil e inteligente, utiliza amplia e intensamente las atribuciones legales y metaconstitucionales de la Presidencia para ejecutar la maniobra inesperada: la reforma (neo)liberal de la Revolución. Osado y atrevido, utiliza las armas del sistema (primitivas, premodernas, autoritarias, antidemocráticas) para “modernizar” el sistema, el régimen, el país.
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Hacia la mitad de su administración algunos críticos y opositores recalcitrantes (emisarios del pasado, naturalmente) adelantaron el desenlace: una perestroika sin glasnost, una modernización instrumental sin democracia. Nadie les creyó. Presa de seducción presidencial, el país no advirtió que la imposición vertical de un modelo de desarrollo –aun con las mejores intenciones y en perspectiva estratégica– está destinada al fracaso: no hay modernidad industrial, productiva, exportadora, gubernamental, administrativa, de “mentalidades”, sin el acompañamiento racional de la modernidad política, cultural, social y comunitaria: esto es, sin democracia.
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Sólo hasta el último trecho, el año terrible de 1994 y su continuación angustiosa en el 95 de emergencia económica, se conocería el barro en que fueron moldeados los pies del gigante.
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La omnipresencia del PRI
Con el ejemplo de Carlos Salinas en la memoria viva, ¿se puede afirmar con plena certeza que después del 68 la Presidencia conoció el declive, la decadencia, la debilidad que presagia el tránsito al caos (en el peor de los escenarios) o hacia un presidencialismo democrático, controlado por mecanismos republicanos (no por “autorregulación” discrecional), equilibrado por poderes autónomos?
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En todo caso, es posible que la crisis terminal haya tomado los caminos ocultos del cáncer que revienta cuando ya no hay remedio. Tal vez. Seguramente. No sería difícil, entonces, que lo mismo ocurriera con el partido hegemónico: el invencible, el impugnable, el “prácticamente único”.
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La onda expansiva del 68 no tuvo efectos inmediatos, palpables en el cortísimo plazo de la sucesión presidencial de 1970. El partido-aparato gubernamental arrasó sin dificultad. Sin oponentes de peso. Sin partidos reales. En estricto sentido, sin procesos electorales, sin sufragio efectivo, sin democracia, a menos que se considere como “especie vernácula” la contrahechura mexicana del destape, la cargada, la campaña presidencial como “baño de pueblo”, el acarreo, la simulación, el resultado previamente “ajustado” a las necesidades de legitimidad.
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Lo mismo ocurriría en los siguientes tres lustros de historia electoral priísta: carro completo, votaciones millonarias en todos los estados, control de todos los municipios, monopolio total de los poderes públicos, aplanadora imponente (sin oponente) en el Congreso federal y los congresos locales. Todo ello incluso después de las paulatinas reformas político-electorales que abrieron la cámara baja a los “diputados de partido”, reconocieron la existencia legal de corrientes políticas, prefiguraron el actual sistema de partidos, moderaron las operaciones fraudulentas. Las reformas de liberalización (nunca de raíz, auténticamente democráticas) parecían fortalecer al viejo partido de la Revolución Institucionalizada.
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El 68 estudiantil “clasemediero” no melló la fuerza ni la gracia del PRI. Tampoco la segunda matanza de estudiantes, el 10 de junio de 1971. Menos la “guerra sucia” contra la guerrilla urbana y campesina (de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero).
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No obstante, de la doble derrota de “minorías aisladas” (el 68 legal y la vía armada) surgirían las fuerzas nuevas que pondrían en aprietos la hegemonía tricolor: la insurgencia sindical en los 70; la proliferación de organizaciones urbano-populares, campesinas e indígenas independientes; la formación o refundación de partidos de la izquierda socialista o nacionalista, potencialmente democrática, dispuesta a participar en la política institucional; el nacimiento de un periodismo libre, crítico, sin demasiados compromisos con el poder o el dinero.
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Tal conglomerado de iniciativas, proyectos, luchas y derrotas, avances y experiencias, tardaría casi dos décadas en expresarse como un movimiento político capaz de competir por el poder. Antes, tenía que ocurrir lo inimaginable: el desgajamiento de una franja significativa, más que numerosa, del partido-aparato oficial; un puñado de figuras sobresalientes, emblemáticas, del nacionalismo-revolucionario y las fuerzas progresistas del PRI: Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez... El desprendimiento de personalidades del ámbito oficial para convertirse en “caudillos electorales”, mutación radical en la lógica de la no-democracia mexicana. (La hipótesis sólo fue contemplada, años antes, por una inteligencia nada convencional como la de Gabriel Zaid. Los ideólogos la tacharon de inepta. Perdieron los ideólogos.)
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1988: el antes y el después
Entre 1969 y 1999, una estación de paso ineludible: 1988. La elección de ese año representa no sólo la derrota de los cálculos corporativos (10 millones de votos prometidos por el Partido y sus sectores), sino la emergencia de referentes políticos y sociales que marcarán la lucha por el poder en nuestro fin de siglo: por un lado, la refundación de la izquierda mexicana en una matriz nacional-populista, de origen cardenista; por el otro, la renovación sin precedentes de la derecha democrática encarnada en la figura del empresario sinaloense Manuel de Jesús Clouthier, candidato presidencial del PAN.
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A mediados de los años 70, Acción Nacional vivía la peor crisis de su historia. En el proceso sucesorio de 1976 sus pugnas internas le impidieron registrar candidato a la Presidencia. La vieja organización del conservadurismo legal, de la resistencia anticardenista, de la lucha testimonial contra el estatismo y los excesos populistas, el partido de los “místicos del voto”, parecía condenado a disolverse en el caos de la muy dinámica y mutante, laica y “progresista” sociedad mexicana.
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No ocurrió así. La intemperancia y el desenfreno del lópezportillismo, el cierre demencial del sexenio con la estatización de la banca privada (1982) y el lloriqueo cocodrílico por los pobres de la tierra, inyectaron energía y rabia a los sectores empresariales lastimados por el populismo improductivo. El pan recibió a los descontentos. Los descontentos tomaron el pan como ariete.
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Germinó rápido el neopanismo. Más agresivo, más dispuesto a ganar, más obligado a transformar el misticismo doctrinario por el éxtasis incomparable de la victoria contante y sonante. (Nada mejor para el panismo anquilosado que la transfusión de sangre empresarial y espíritu pragmático.)
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En los años 80 se remueven las aguas del mar muerto de la política oficial. Nace la ola blanquiazul. Avanza por el norte y es víctima del “fraude patriótico” en Chihuahua (imposible que la derecha gobierne un estado fronterizo). De la Madrid, con todo y su proverbial “vocación republicana”, le arrebata al pan un triunfo legítimo.
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De ahí al 88, el crecimiento de la opción democrática por la entreala derecha. El cuadro estaba completo. Las condiciones para la transición, el cambio político, la fundación de un nuevo régimen, más que maduras. Aunque faltaba el último jalón. Un sexenio. No cualquier sexenio. El sexenio de la Gran Reforma.
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No es el momento ni el espacio para intentar el balance de la administración salinista. El saldo más evidente, sin embargo, nos habla de grandes esperanzas y enormes decepciones. Por lo demás, el modelo transexenal en materia económica y social no ha concluido: permanece y se profundiza en el programa de gobierno y en la convicción personal del presidente Ernesto Zedillo. Y si triunfa en el 2000 el candidato oficial a la Presidencia, estaremos muy cerca de ver cumplida la profecía de José Ángel Gurría ante empresarios japoneses: la continuidad y expansión del Proyecto a lo largo de, por lo menos, 24 años.
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En lo que concierne a la pura política, el salinismo fue de oscuridades atravesadas por pequeñas ráfagas de luz. Más que desarrollos, avances controlados y retrocesos; frenos a la transición; maquiavelismo y gatopardismo en una sopa espesa: cambiar lo suficiente para garantizar el poder en manos de la cúpula (ni siquiera del “sistema” en su conjunto).
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No se impulsó, como ahora afirma el ex presidente, la reforma democrática. El reconocimiento de los triunfos del PAN en algunos estados no “salva” al sexenio, y, por el contrario, el acoso criminal al perredismo (con todo y sus excesos) marca al ex mandatario y su círculo íntimo con el estigma de la represión, la exclusión, la cerrazón.
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La reforma electoral, que permitió en 1994 las elecciones presidenciales más confiables en la historia del régimen, llegó como reacción ante el caos y la descomposición (estallido en Chiapas, sacrificio de Colosio). Lo mismo puede afirmarse de la “apertura política”: nada fue otorgado por la gracia y la vocación democrática de Carlos Salinas y el grupo gobernante; lo avanzado durante los seis años de su mandato fue arrancado por la combinación de presiones externas (la universalización del ideal democrático), fortalecimiento y resistencia de las oposiciones, así como por la emergencia de un potente y plural movimiento de la sociedad civil.
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El salinista no fue el sexenio de la transición democrática. Como no lo será, cabalmente, el periodo de Ernesto Zedillo al frente de los destinos nacionales. No, por lo menos, en el sentido de consolidar el cambio político y refundar el régimen. Aún no se puede hablar, con rigor, de una “normalidad democrática”. Falta mucho por avanzar hacia el objetivo último: la instauración de un Estado democrático de derecho.
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La Presidencia acotada
Pese a todo, entre 1969 y 1999 hay un mundo de diferencia. El país es otro, por lo menos en materia política (no así en materia social, donde más de 40 millones de mexicanos sobreviven en la miseria: el gran reto del primer gobierno del siglo XXI). Los tiempos, los ritmos y la lógica del antiguo régimen han sido trastocados. La Presidencia omnipotente mantiene la última palabra en asuntos de economía y gasto, pero cada vez más se ve obligada a negociar con un Congreso donde la aplanadora priísta ha perdido la voz cantante.
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¿Qué ha cambiado en 30 años de política nacional? Casi todo. El presidente de la República ya no puede nombrar sucesor. Mantiene las riendas al interior de su partido, pero ya no puede garantizar que las urnas ratificarán su elección. El PRI se convierte, cada vez más, en un auténtico partido, no obstante que carezca de lo esencial: la independencia del poder Ejecutivo. Sin embargo, la pluralidad de corrientes, fuerzas sociales e intereses, parece irreversible.
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Un dato fundamental: el candidato del PRI a la Presidencia surgirá de una elección interna, por voto directo, luego de una contienda singularmente abierta... No importa que las reglas hayan sido confeccionadas a la medida de Francisco Labastida Ochoa. Nadie pasa por la prueba de fuego de las urnas sin quemarse las alas. Y ya nada será igual: en el fondo, el ex secretario de Gobernación sentirá que la nominación se la debe a las bases, no al presidente que lo palomeó... Esto cambia la lógica del poder, la relación de lealtad, el vínculo perverso entre potencial mandatario y virtual ex mandatario.
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Pero más allá de eso, la verdadera novedad reside en la incertidumbre democrática que define al 2000: sea quien fuere el candidato del partido gobernante, deberá ganar cada voto en una de las más feroces competencias políticas que registre la historia moderna del país. Porque hoy, como nunca, el poder está en juego. Hoy, como nunca, la decisión final está en la calle.
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Entre 1969 y 1999, la mutación radical del universo político mexicano. Existen riesgos, ciertamente. Pero ninguno tan descomunal y potencialmente desestabilizador como el peligro latente de intentar el retorno a las viejas seguridades del autoritarismo, la simulación y la antidemocracia.
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El futuro de un México justo, equitativo, estable, capaz de ofrecer alternativas a las nuevas generaciones, pasa por la consolidación de un régimen democrático. El 2000 puede ser el punto de arranque para encontrarle sitio a la utopía posible, que define a buena parte de nuestra historia negada.
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El autor es director de Carta Política Mexicana