Del dicho al hecho

Ahora resulta que sí se habían creado expectativas alrededor de un programa gubernamental de desarrollo para el sexenio que apenas inicia. Voces por doquier en el Congreso, el empresariado y un sinfín de analistas y académicos señalaron, a fines de mayo, las varias limitaciones que presentaba el nuevo Plan Nacional de Desarrollo; como si en realidad alguien esperara que el documento marcase pauta en este país, donde la planificación –ya no digamos en amplios periodos, sino la que debe florecer en la inmediatez– se hubiera llevado a cabo efectivamente en tiempos y objetivos.

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No deja de ser paradójico que, a pesar de que el concepto de Estado planificador –el cual suele analogarse con el de Estado rector– tiene un buen número de detractores, hubiera declaraciones que mostraron decepción por un proyecto gubernamental que tiene muchos qué y pocos cómo, visiones cualitativas en lugar de metas cuantitativas.

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¿Conviene o no que el gobierno delinee las políticas generales de la economía en el mediano y largo plazos? La respuesta tendría al menos dos direcciones: sí, en tanto el país requiere coherencia y certidumbre en los objetivos; los diversos sectores productivos deben conocer los fines estatales y hacerlos coincidir con los particulares. Los países exitosos han hecho evidente que el crecimiento es posible cuando el gobierno se coordina con la iniciativa privada y proporciona las condiciones para que ésta encuentre los caminos del desarrollo. Los tigres asiáticos demuestran con sus planes a 25 años que las cosas pueden lograrse si todos están de acuerdo.

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Por otro lado si, como ha sucedido en sexenios pasados, el gobierno propone pero las metas quedan sujetas a circunstancias adversas urgentes, domésticas y foráneas, los proyectos simplemente aran en la mar, sirven para nada.

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Resultó alentador, por lo pronto, que la propuesta foxista haya incluido referencias concretas tendientes a apoyar el sistema financiero del país. Banca comercial, intermediarios no bancarios y el renglón de seguros –se dijo– serán los segmentos que habrán de hacer palanca para impulsar el ahorro interno y propiciar la liberación del tan necesario crédito. La participación de este sector es ineludible para que la buena intención gubernamental logre sustento. El compromiso, entonces, tiene que ser compartido. Por lo menos varios bancos, entre ellos Banamex, anunciaron ya reducciones en sus tasas.

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Otra señal que no puede ignorarse son las iniciativas que la administración lanzó en lo relativo a la información que la sociedad tiene derecho a conocer con puntualidad. Los datos mensuales de la Secretaría de Hacienda o los que libera de forma más abierta el Banco de México son síntomas de que la relación entre los responsables de la política económica y la sociedad puede ser más sana.

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Ese tipo de medidas son precisas en un gobierno de transición. Más que cumplir el ritual de un Plan Nacional de Desarrollo por el solo hecho de hacerlo, lo interesante es conocer las necesidades reales de cada sector y abocarse a su solución. Aún está en espera, por ejemplo, una política industrial integral que se adapte a los nuevos tiempos. Cierto, hay mucho por hacer todavía. Pero si el juego se llama transparencia, el gobierno ahí tiene una buena oportunidad de mostrar sus cartas.

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