Desechos tóxicos <br>El tiradero nacion
En 1990 todo estaba listo para construir un vertedero tóxico en las inmediaciones del Lago de Texcoco: había un inversionista interesado (Protecol, filial de Waste Management) que contaba con todas las autorizaciones, incluidas las de las máximas autoridades ambientales. Pero comenzaron las protestas de académicos y organizaciones ecologistas; había múltiples aspectos cuestionables. La discusión subió de tono hasta el punto en que el proyecto fue cancelado. Con pocas variantes, esa misma historia se ha repetido una y otra vez durante la última década en poblaciones del Estado de México, Veracruz, Baja California, San Luis Potosí y recientemente en Coahuila.
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Es una polémica interminable. A diario, la industria genera toneladas de desechos tóxicos y se disculpa de lanzarlos a ríos, lagos, barrancas o baldíos con el argumento de que no existen los sitios adecuados para tratar y confinar estos desperdicios. Por su parte, las autoridades ambientales han actuado con precipitación, en su prisa por atender este problema y a su vez impulsar lo que estiman será el segundo mercado verde más lucrativo (detrás del tratamiento de aguas residuales). Esto ha dado pie a que las poblaciones aledañas a los sitios donde se ha intentado instalar basureros industriales emprendan enérgicas protestas, con el respaldo de grupos ecologistas. Cada parte tiene sus razones, pero por cada día que no logran ponerse de acuerdo 19,000 toneladas de desechos peligrosos son arrojados al territorio nacional, hecho que atenta contra la salud humana y el endeble equilibrio ecológico.
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De acuerdo con las estimaciones oficiales, el tratamiento adecuado de esos residuos representaría un desembolso de $8.5 millones de dólares al día. Es por ello que no hay desaliento entre los inversionistas, ni siquiera entre las 30 empresas que desde mayo de 1996 obtuvieron el aval del Instituto Nacional de Ecología (INE) para participar en la construcción de centros de tratamiento. Nadie ha dado un paso atrás. Y es que a causa de los convenios internacionales suscritos por México, en el corto plazo el gobierno deberá mejorar el panorama de los desechos peligrosos. Por eso, un regimiento de empresas especializadas se mantiene a la expectativa para ofrecer sus servicios.
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Las autoridades han cumplido con su parte. Si bien persisten fallas en la vigilancia e inspección, ya cuentan con una normatividad estricta y un vasto y ambicioso programa para los desechos peligrosos. Pero eso no parece suficiente para que emerja la infraestructura necesaria. “Eso no va a suceder por decreto –comentó recientemente Juan Antonio Cuéllar, de Multiquim, una de las dos únicas empresas tratadoras de residuos tóxicos que operan en México–. Sólo hasta que el mercado lo indique. Ése es el mandón.”
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UN NICHO CODICIADO
-La industria nacional reporta la generación de 164 millones de toneladas de desperdicios cada año; de ese volumen, ocho millones de toneladas se consideran desechos peligrosos, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables. El problema es que sólo 12% recibe un tratamiento y un confinamiento adecuados. Del resto, no se conoce siquiera el destino. Esta contabilidad no incluye los jales mineros, residuos que también pueden ser peligrosos y cuya producción es masiva (entre 110 y 170 millones de toneladas al año). Por añadidura, las autoridades ambientales estiman que para el año 2010 la producción de residuos habrá aumentado en 15%. De ahí la urgencia de comenzar a controlarlos.
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Instalar un centro con capacidad para procesar 150,000 toneladas anuales de desechos peligrosos representa una inversión de $120 millones de dólares, pero el negocio es sumamente rentable pues los ingresos en ese mismo lapso ascenderían a $67.5 millones de dólares. Por ello todos quieren participar en este mercado. El INE ha recibido solicitudes de firmas estadounidenses, alemanas, españolas, canadienses, italianas, y suizas, entre las cuales destacan Waste Management, Tradem, Molten Metal y Bovart, por citar sólo algunas. Aunque en menor cantidad, los consorcios nacionales también se han incorporado a la competencia (ICA, Grupo Mexicano de Desarrollo, Bufete Industrial, entre otros).
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La gama de servicios que ofrecen es variada: recolección, manejo, transporte, análisis, clasificación, reciclaje, tratamiento, incineración y algunas otras soluciones térmicas, así como confinamiento de los desechos cuando no hay otra alternativa. Algunas de estas empresas, para atender los pasivos acumulados, promueven también el saneamiento de cuerpos de agua y la restauración de suelos.
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A la lista se suman estudios ambientales y de ordenamiento ecológico y asesorías para promover la separación de los desperdicios en el sitio mismo donde se generan. “Se requiere de una cultura por parte de las industrias para la separación de los posibles residuos reutilizables y reciclables”, considera Alfonso Chávez Vasavilbaso, director de Servicio de Tecnología Ambiental. Esta actividad es prioritaria, opina a su vez Cristina Cortina, recién nombrada directora de Residuos, Materiales y Riesgo en el INE.
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Todo depende de las preferencias del cliente, aunque algunas empresas de tratamiento sugieren ir a la vanguardia: “Pensar en confinamientos es mirar hacia el pasado. El futuro está en ayudar a que las industrias minimicen su producción de residuos”, afirma Cuéllar, de Multiquim.
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EL HIT PARADE DE LA CONTAMINACIÓN
-No es la lista de popularidad, pero tampoco es una lista negra. Está conformada con los informes de desechos peligrosos que proporcionan las industrias a las autoridades ecológicas. De acuerdo con estos reportes, los rubros más contaminantes son: la industria química básica (con 22% del total) y la petroquímica (11%); les siguen las industrias metal-mecánicas y de metales básicos (con 10% cada una), química secundaria (8%), electrónica y eléctrica (8%), alimentos (6%) y minerales no metálicos (5%). Por debajo de ese porcentaje, y en orden decreciente, están cueros y pieles, papel y celulosa, textiles, automotriz, plástico, caucho y goma y el sector farmacéutico.
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Raúl Tornel, presidente de la Comisión de Ecología en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), admite la culpabilidad del sector que representa, pero considera que no basta con señalar rubros. Ejemplifica: 98% de las aproximadamente 300,000 industrias son micro y pequeñas; una tercera parte tiene ingresos mensuales menores a $1,000 dólares, lo que hace difícil distinguirlas de la economía informal. Así, el espectro del parque industrial es de lo más variado y eso complica cualquier estrategia.
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“Debemos establecer un proceso en el que todos los generadores de residuos peligrosos puedan cumplir con las disposiciones a través de una cuidadosa definición de criterios de clasificación, simplificación de trámites, revisión de la normatividad y evitar la sobrerregulación, sin menoscabo del cumplimiento de los compromisos internacionales”, considera Tornel.
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Y agrega: “Deben diseñarse soluciones para casos especiales, como el de algunos sectores productivos que generan residuos con características similares y en cantidades reducidas, quienes podrían agruparse para que la recolección y disposición final resultara lo más económico posible, con lo que seguramente se combatirá la clandestinidad.”
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En tanto se instrumentan las estrategias respectivas, el parque industrial sigue arrojando a su alrededor toneladas de arenas, tierras, aguas y residuos de proceso, polvos, breas, carbón activado, catalizadores gastados, disolventes, efluentes tratados, envases y empaques, escorias, líquidos y sólidos residuales, lodos de proceso y de tratamiento, materiales de relleno, soluciones y lubricantes gastados.
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El INE prefiere agrupar los desechos de la siguiente manera: solventes (35% del total), aceites y grasas (15%), pinturas y barnices (9%), soldaduras (8%) y resinas (6%). En porcentajes menores: ácidos y bases, derivados del petróleo, metales pesados, adhesivos, freón, lodos, silicón, tintas y plásticos.
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Cabe señalar que cerca de 90% de los residuos adoptan estados acuosos o semilíquidos que se mezclan fácilmente con las aguas residuales, de manera que buena parte de los desechos van a parar a ríos, lagos o playas.
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UN VERDADERO DESORDEN
-Hasta la fecha, no existe un inventario confiable que señale con precisión los volúmenes de desechos peligrosos que se generan a diario, su origen y su destino. Los únicos datos con que cuentan las autoridades ambientales provienen de las propias industrias, y no obstante afloran inconsistencias. Documentos oficiales publicados con menos de seis meses de diferencia ofrecen cifras distintas.
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Aun así, las entidades que más están demandando estos servicios son: el DF (con una producción estimada de desechos superior a los dos millones de toneladas cada año), el Estado de México (1.7 millones), Nuevo León (800,000), Jalisco (600,000), Veracruz (475,000), Coahuila (300,000), Guanajuato (298,000), Puebla (286,000), Chihuahua (210,000), Querétaro (208,000), San Luis Potosí (180,000), Baja California (160,000), Tamaulipas (150,000), Sonora (145,000) e Hidalgo (135,000).
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El destino de estos desechos suele ser desconocido hasta que su volumen se hace inocultable, comienzan a ocasionar daños en la salud o resulta ostensible la contaminación de cauces de agua, mantos acuíferos, suelos o aire. Los casos son múltiples.
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Entre los sitios más contaminados por metales pesados, hidrocarburos, solventes, cromo, fosfatos, agroquímicos, arsénico y cadmio están Tijuana (Baja California), las delegaciones Azcapotzalco y Miguel Hidalgo (DF), los municipios de Tultitlán y Ecatepec (Estado de México), Coatzacoalcos (Veracruz), San Luis Potosí, Saltillo (Coahuila), Monterrey y Santa Catarina (Nuevo León), Salamanca y San Francisco del Rincón (Guanajuato), Pachuca y Tula (Hidalgo), Guadalajara (Jalisco), Progreso (Yucatán) y Cumobabi (Sonora). Al inventario, de por sí incompleto, habrá que añadir considerables extensiones de costas y las principales cuencas hidrológicas.
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Mas no todo es recuento de los daños. También se han identificado zonas potencialmente vulnerables, por sus características geográficas y su desarrollo industrial. Agrupadas regionalmente, éstas son: Celaya, Aguascalientes, Irapuato, León, Salamanca y Silao; Colima y Lázaro Cárdenas; Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Morelia y Zitácuaro; Cuernavaca, Toluca, Puebla, San Juan del Río, Querétaro y la zona metropolitana de la Ciudad de México; Tapachula, Villahermosa, Coatzacoalcos, Poza Rica y Veracruz; Chihuahua, Monclova, Torreón, Ciudad Juárez, Gómez Palacio y Monterrey; Delicias y Hermosillo; Mexicali, Piedras Negras, Nogales, San Luis Río Colorado y Nuevo Laredo.
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La nueva estrategia oficial persigue cinco objetivos básicos: minimizar la generación de los residuos peligrosos mediante la incorporación de procesos y tecnologías limpias; fomentar la recuperación de materiales e insumos secundarios mediante reciclaje de desechos; asegurar su manejo adecuado; promover la creación de un mercado verde de los residuos a través de su valorización, e inducir la integración de nuevas cadenas productivas asociadas al reciclaje. Para apuntalar este plan se reforzarán el marco normativo, los mecanismos de inspección y vigilancia, y se creará un sistema de información y rastreo de residuos.
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Pero, hasta el momento, dicha estrategia no ha trascendido la letra impresa.
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EL MERCADO POSIBLE
-Luego de tres años, el programa oficial de desechos peligrosos no ha logrado caminar. Los tropiezos ya ocasionaron la destitución de Gabriel Quadri, presidente del INE, y de Jorge Sánchez, director de Residuos, Materiales y Riesgo. Los nuevos funcionarios tratarán de convencer a la ciudadanía de los beneficios de su plan, de ahí que pongan especial énfasis en el reuso y reciclaje de los residuos industriales y aseguren que sólo se sepultarán previa estabilización química y cuando no haya otra alternativa.
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El requisito indispensable para que esta estrategia camine es la construcción de varios Centros Integrales para el Manejo y Aprovechamiento de los Residuos Industriales (Cimaris). Se estima que de estos centros podrían salir cada año cuatro millones de toneladas de solventes, grasas, aceites y otros derivados del petróleo, listos para usarse como combustibles en hornos y cementeras de alta eficiencia, así como 3.6 millones de toneladas de solventes y aceites regenerados. Además, 1.5 millones de toneladas de desechos serían incineradas y otro tanto, sepultadas.
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En octubre de 1996, Julia Carabias, secretaria de Medio Ambiente, confiaba en que pronto comenzaría la construcción de Cimaris en el centro del país. “Pensamos que hay mercado para cuatro o cinco. Pronto podríamos arrancar con un par de ellos y después crear la estructura de confinamientos, distribuidos en las zonas prioritarias”. Además, la misma dependencia anunció que promovería la construcción de al menos tres plantas en la frontera norte. Había confianza en iniciar las obras a mediados de 1997.
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Y en efecto, Servicios Ambientales de Coahuila estaba a punto de iniciar la construcción del primer Cimari en General Zepeda, cuando surgió una oleada de protestas. Al rechazo ciudadano se sumó un informe de la Comisión Nacional del Agua que advertía sobre mantos acuíferos de baja profundidad en esa región. En consecuencia, el cabildo local canceló el permiso de construcción. Actualmente, a petición del Senado, un grupo de especialistas en geografía, ecología e hidrogeología de la UNAM está analizando la viabilidad de esa obra.
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En tanto las autoridades ambientales no logren convencer a la ciudadanía y con ello apaciguar el progresivo rechazo a las plantas de manejo de residuos tóxicos, la estrategia oficial no prosperará.
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Es una ardua tarea que se contrapone con la prisa del gobierno, pues gracias al TLC a partir del año 2000 las maquiladoras podrán dejar en México sus desechos que, en teoría, actualmente deben regresar a su país de origen. Asimismo, desde ese momento, los países de la OCDE no podrán exportar sus desperdicios tóxicos a naciones que no pertenezcan a dicho organismo, lo cual hace atractivo a México, que es un gran importador de desechos para reciclaje, aunque las escorias resultantes no reciben un tratamiento adecuado.
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Por ahora, la estrategia más inmediata es promover los recortes en la generación de desechos. Grandes empresas están explorando este camino, de cara a las exigencias que imponen las certificaciones internacionales en el terreno ecológico.