Despachos de cobranza. De profesión, co

Falta generalizada de liquidez, altas tasas de interés, bancos empeñados en rescatar su dinero al mejor precio posible y deudores desesperados son los ingredientes de un desajuste que amenaza convertirse en un conflicto de amplio alcance entre los tarjetahabientes y sus acreedores.

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Con la crisis financiera desatada con la devaluación del peso en diciembre, que disparó las tasas de interés en tarjetas de crédito, de 45% que mantenían antes de la devaluación a alrededor de 120%, punto máximo alcanzado al final del primer trimestre de este año, el pago de adeudos adquiridos con este mecanismo se complicó, al grado de convertir en morosos incluso a usuarios puntuales.

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Por su parte, imposibilitados para ejercer la cobranza por su cuenta, ante una cartera vencida que creció desmesuradamente en cuestión de meses, los bancos descargaron con mayor contundencia esa tarea en los despachos jurídicos de cobranza, que se han convertido -con razón o no- en blanco de ásperas críticas, por los métodos utilizados con los deudores.

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"Al principio, el despacho nos invitó a hacer pagos parciales, o bien a cubrir la cantidad vencida, para evitar problemas; como no pudimos hacer una cosa ni otra, en los siguientes escritos nos pedían liquidar el total de la deuda, y empezaron las llamadas telefónicas. Después vino la advertencia de que el caso estaba por llegara los juzgados, que el embargo sería superior a lo que debemos, que nos meterían a la cárcel... Las llamadas son muy temprano y algunos de los escritos vienen sin fecha", cuenta a EXPANSIÓN la señora Graciela Álvarez, quien nunca pensó que las tarjetas de crédito, que tantas satisfacciones les dejaron a ella y a su familia hasta el año pasado, pudieran tener un lado tan desagradable y convertirse en fuente de tanta preocupación.

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Frente a situaciones similares, con el paso de los meses cada vez más clientes, agobiados por las estréchese económicas que les impuso la crisis, al tiempo que ven cómo los intereses bancarios elevan sus adeudos muy por encima de su capacidad de pago, han optado por afiliarse a asociaciones civiles, algunas de ellas creadas ex profeso. Allí reciben asesoría legal para enfrentar la embestida de los despachos y, en su caso, para levantar demandas en su contra, con lo que el asunto ha adquirido tintes marcadamente políticos. El panorama, de por sí sombrío, se complica cada vez más ante la ausencia de iniciativas de programas de reestructuración efectivos, es decir, que tomen en cuenta la dimensión de la descapitalización de los deudores, que no es menor a la de los propios bancos.

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Ante la polarización del problema, a la que la actuación de la mayoría de los despachos ha contribuido, los temores de que ocurran conflictos sociales son cada vez más extendidos. Tal vez por ello, las autoridades federales decidieron, en mayo último, intervenir en la búsqueda de nuevos acuerdos, pero sobre las mismas bases: la reestructuración diseñada desde los departamentos de cobranzas de los bancos. Los resultados han sido pobres, como los propios banqueros reconocen. El 15 de junio pasado, el propio presidente Ernesto Zedillo dio a conocer un programa de desgravación fiscal que actuará sobre la parte de los intereses que es producto de la inflación.

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Mientras tanto, cientos de notificadores recorren las calles en busca de los domicilios de los deudores morosos, para entregarles los temidos oficios en los que se les informa que sus bienes y su libertad tienen los días contados (pese a que legalmente no es posible aplicar una pena corporal por deudas en los plásticos), indiferentes a los alegatos de los abogados que no terminan de ponerse de acuerdo en cuanto a quién asiste el derecho, a los deudores o a los acreedores.

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Enorme problema.