Desde antes de los procesos electorales del 21 de agosto del año pasado, existía el consenso entre todas las fuerzas políticas nacionales sobre la urgencia de iniciar de inmediato el diálogo para la reforma del Estado. Después de las elecciones, se dieron las condiciones ideales: el contar con un presidente prestigiado y electo legítimamente, un PRI seguro y una oposición convencida de la urgencia de la reforma, garantizaban la posibilidad de lograr una transición pactada.
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Desgraciadamente, el tiempo se dejó correr y la oportunidad para una transición sin sobresaltos se desperdició. La crisis económica que se presentó a partir del 19 de diciembre del año pasado y los sucesos electorales y políticos de los siguientes meses, provocaron que el diálogo se suspendiera y la reforma se congelara.
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En este momento, desgraciadamente, no existen las condiciones adecuadas para que el diálogo se realice; el presidente Ernesto Zedillo no tiene la fuerza, ni cuenta con la confianza para poder comprometerse con una reforma política de fondo; la crisis económica y sus constantes errores políticos lo convierten en un presidente poco confiable, no sólo para la oposición, sino para sus mismos aliados de dentro y fuera del sistema.
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El PRI sabe que, en este momento, una reforma electoral de fondo lo llevaría a perder la mayor parte de las elecciones, como ha sucedido en Jalisco y Guanajuato, y como seguramente sucederá en Baja California, y probablemente en Michoacán. Los priístas piden tiempo, o un cambio en la estrategia económica que les dé credibilidad ante el electorado.
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El PAN está convencido que la transición democrática depende de su acceso al poder, y no de un acuerdo con el gobierno; su único interés está en las reformas electorales federal y de los estados. El PRD se enfrenta a una severa disputa en su interior para definir su estrategia ante el gobierno. Hay un grupo, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, que le apuesta a la caída de Zedillo, y otro alrededor de Porfirio Muñoz Ledo que considera que el diálogo debe darse de inmediato.
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Si bien existen una serie de problemas que han hecho prácticamente imposible el diálogo, como son la falta de avance en las pláticas con el EZLN, los conflictos electorales de Tabasco y Yucatán, los mayoriteos del PRI para sacar a los partidos de las elecciones de consejeros del Distrito Federal, el problema de Ruta 100 y, sobre todo, los vaivenes políticos del gobierno, las razones de fondo para que la reforma no avance están en que Zedillo no cuenta con la fuerza para impulsarla, el PRI se opone a ella, el PAN cree que ellos son la reforma y el PRI) no sabe qué hacer.
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La crisis actual hace poco probable que el diálogo se reinicie y se puedan lograr acuerdos concretos, que ayuden a distensar la difícil situación política que vivimos. Aun cuando se resolviesen los problemas que han servido de pretexto para suspender el diálogo, las causas de fondo persistirían y el diálogo se suspendería en cualquier momento. Mientras la reforma dependa sólo de la voluntad del gobierno y de los partidos políticos, el diálogo no avanzará o, en el mejor de los casos, lo hará muy lentamente y sujeto a la situación política y electoral del momento.
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La única alternativa para asegurar que el diálogo avance y para garantizar que la reforma no responderá exclusivamente a los intereses del gobierno y de los partidos, es incluir a otras fuerzas nacionales en el diálogo: incluir a las organizaciones sociales representantes de los campesinos, los obreros y de las clases populares, a los empresarios, a las organizaciones civiles y a los ciudadanos.
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El diálogo debe ser público y abierto, y no como se ha estado llevando a cabo, en una casa cerrada con la presencia de sólo 10 personas que pretenden decidir a espaldas y en nombre de todos los mexicanos.
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La reforma política del Estado es urgente. El sistema que nos permitió la estabilidad y la paz en los últimos 65 años ya no funciona, el cambio tiene que darse para recuperar la confianza y la concordia nacionales. No podemos seguir dejando el diálogo sólo en manos de los partidos. Debemos exigir un diálogo abierto y público, en el cual todos podamos opinar y decidir sobre el México que queremos.
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El autor es miembro del Grupo San Angel y articulista del periódico La Jornada.