Jorge Eduardo Navarrete –representante permanente de México en las Naciones Unidas– fue puntual hace cuatro meses, cuando aclaró que la política exterior del país lucha por disuadir al Consejo de Seguridad de enjuiciar y castigar a los criminales de lesa humanidad.
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Enfatizó que la no participación de México en la elección de jueces para los tribunales especiales no es indicio de tolerancia a la impunidad, sino un precedente en cuanto a universalidad de jurisdicción para perseguir delitos de este tipo. La finalidad de esta posición no es otra más que la protección de las vidas de los civiles en el planeta.
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Ante los acontecimientos de Nueva York tal postura reviste primordial interés, especialmente cuando hay quienes hablan de un apoyo a Estados Unidos distinto al de tipo diplomático. El canciller, Jorge G. Castañeda no ocultó su irritación cuando alguien de la prensa le preguntó si habría efectivos mexicanos sumándose. La verdad es que esta es una cuestión, como muchas otras, en la que la última palabra la tiene el Congreso.
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