Doctor Simi: ¿presidente?
La primera semana de diciembre se recibió una noticia estrambótica. El señor Víctor González, presidente de Farmacias de Similares, reveló a la luz pública su deseo de convertirse en Presidente de la república. Lo hizo de una manera grotesca: convocando a la población a una consulta sobre su potencial precandidatura.
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La primera argumentación pública de esta postulación fue muy noble. El empresario se presentó como el garante de las causas de pobres y enfermos, dada su lucha, ya legendaria, a favor de los pacientes con sida y cáncer. El brazo político, sobra decirlo, sería el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
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La idea del señor González no es mala en sí. En primer lugar, cualquier mexicano que cumpla los requisitos constitucionales y obtenga la mayoría en la elección puede convertirse en el mandatario de la nación. Sin embargo, la sola mención de que alguien con sus convicciones pudiera ocupar la silla presidencial pone a temblar a más de uno.
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La razón es muy sencilla. El aspirante se ha manifestado públicamente en contra de uno de los más elementales derechos que tenemos los ciudadanos: el derecho sobre lo que nos pertenece, la propiedad. Basta recordar la campaña pública que ha financiado contra los laboratorios farmacéuticos que realizan investigación, así como el desprestigio que promovió contra el director general del IMSS, Santiago Levy, por supuestas irregularidades en las compras a ciertos distribuidores de medicamentos.
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Desde mi punto de vista, resulta muy desafortunado que un hombre de negocios con nula proclividad a proteger nuestros derechos básicos pretenda gobernar México. No me quiero imaginar las propuestas que enviaría al Legislativo para violar patentes y derechos de autor de todo aquello que considere popular y necesario. Así lo hizo con los medicamentos, levantando ampollas entre la comunidad empresarial internacional, la cual, sobra decirlo, ha invertido millones de dólares en nuestro país.
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México debe tener cuidado de elegir Presidente a aquel que enarbole causas populares que no tengan sustento jurídico. Por ejemplo, cualquier precandidato de izquierda podría aparecer de un momento a otro para decir que no se deben pagar los títulos del Fobaproa –conocidos como pagarés–, porque ese dinero saldría del erario y porque no debemos absorber el costo de tanto fraude. Sería muy rentable políticamente, pero de nueva cuenta, una falacia. El gobierno debe hacer válidos tales documentos y cumplir al momento de su vencimiento.
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A partir de 2004 viviremos una efervescencia política que se irá incrementando. No obstante, el mundo de los negocios no debe expulsar a sus peores representantes para convertirlos en gobernantes. En la política, como en los negocios, se requiere de individuos serios, con convicciones y con respeto a las causas de las mayorías.
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*El autor es columnista del periódico Milenio. Comentarios: - motacarlos@aol.com .