Economía resbalosa

Policías, abogados y financieros discuten quién debe perseguir el delito. Legisladores suavizan la
Genaro Mejía

Sonó el teléfono. Una voz todavía hoy sin rostro llamó para denunciar a un grupo de delincuentes que estaban comprando en efectivo viviendas, hoteles y terrenos en varios puntos de Sinaloa. La banda la dirigía una pareja, que también manejaba cuentas bancarias, pero abiertas a nombre de otras personas. Desde su oficina en Paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México, Irving Barrios, jefe de la unidad antilavado de la Procuraduría General de la República (PGR), ordenó seguir la pista de este grupo.

- Barrios movilizó a más de 100 de sus hombres. La investigación duró varios meses y rindió frutos. Se obtuvieron cientos de documentos y pruebas que hacían pensar que era lavado de dinero. Catearon escondites, aseguraron propiedades y vehículos. Casi todos los involucrados huyeron, excepto uno.

- El equipo de la PGR llevó al detenido frente a un juez de distrito en Sinaloa. El expediente tenía más de 100 tomos. La resolución tardaría. Por eso, la PGR solicitó el arraigo como medida cautelar. Hasta ese momento, el área a cargo de Barrios, llamada Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la PGR, nunca compartió el caso con otras instancias del mismo gobierno.

- Mientras el juez analizaba los expedientes, la unidad antilavado de la PGR mandó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda los cientos de fojas para tratar de sustentar mejor el caso. Como requisito para encarcelar al presunto delincuente por lavado de dinero, el Código Penal Federal exige que la UIF levante una denuncia expresa.

- Pasaron dos periodos de arraigo. Primero 40 días, luego 20 días más. Al final, el juez denegó la orden de aprehensión por una razón: no había una denuncia de la UIF. La respuesta de Hacienda tampoco fue buena: no encontró elementos para deducir la utilización de alguna institución financiera para lavar dinero. La apertura de cuentas bancarias con prestanombres no le pareció suficiente. El detenido quedó libre y los cientos de expedientes y de horas invertidas, inservibles.

- Este caso es uno de tantos que conforman la mala novela policiaca en la que se ha convertido la lucha contra el lavado de dinero en México, en la que los encargados de combatir el delito no han logrado coordinarse para obtener mejores resultados. Es una “pugna institucional” entre la PGR, la Secretaría de Hacienda y la Policía Federal, dice el senador panista Ricardo García Cervantes, vicepresidente de la mesa directiva de la cámara alta y presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, Capítulo México.

- Estas tres dependencias del gobierno federal son las responsables más evidentes de la deficiente lucha contra el lavado de dinero. Pero no son las únicas. Los legisladores han “suavizado” iniciativas de ley que intentan atajar parte de este delito y han retrasado la aprobación de una reforma que le daría a México su primera ley contra el lavado de dinero, ya que se trata de uno de los pocos países en el mundo que carece de una. Además, están los jueces que aprovechan las lagunas legales para interpretarlas erróneamente y permitir que los delincuentes queden libres. Pero empresarios y sociedad civil también tienen que hacer su parte. Todos son corresponsables.

- Lavandería mexicana
Todo mundo cree que se lava mucho dinero en México, pero, obvio, nadie sabe exactamente cuánto. Barrios, de la PGR, dice que son entre 12,000 y 25,000 MDD. Aunque él ha leído estudios que indican que podrían ser hasta 45,000 MDD. El Departamento de Estado de EU lo ubica entre 15,000 y 30,000 MDD. Ernst & Young, la consultora, lo sitúa en 24,000 MDD. Para dimensionar esta cifra sirve conocer que el año pasado ingresaron al país 36,000 MDD por la exportación de crudo.

- Las cifras son muy variables y poco serias, señala Edgardo Buscaglia, director del Centro de Derecho Internacional y Desarrollo Económico de la Universidad de Virginia. Lo que sí se puede asegurar, dice, es que 78% de los sectores económicos formales del PIB han estado infiltrados por grupos criminales mexicanos o extranjeros.

- Detener la ‘sangre’ que alimenta a la delincuencia organizada no es cosa fácil. Ni con la ayuda de EU. A través de la Iniciativa Mérida, el gobierno de ese país provee un soporte financiero y analiza en conjunto el flujo de efectivo por la frontera. “Desde flujos legítimos, como el turismo, el comercio, pero también de actividades criminales, como el narcotráfico, contrabando de personas y mercancías”, dice James H. Freis Jr., director del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU.

- Los resultados no son nada halagüeños. En lo que va de la administración de Felipe Calderón, la PGR ha detenido a 500 personas por presunto lavado de dinero, pero sólo se ha consignado a 160. Entre 2007 y 2010, esta dependencia aseguró 170 MDD en efectivo, mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) retuvo, de 2009 a la fecha, 36 MDD en efectivo que pasaron por las aduanas.

- El último reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (FAFT-GAFI), publicado en octubre de 2008, refleja que México cumple poco o nada 17 de las 40 recomendaciones que hace el organismo intergubernamental. Los montos incautados de dinero sucio son bajos y pocos son los delincuentes procesados por este delito. “Hay un bajo nivel de efectividad del sistema”, reconoce Luis Urrutia, presidente del GAFI, quien fue titular de la UIF de Hacienda hasta diciembre pasado.

- Expediente 1. ¿Quién investiga?
Casi al inicio de su gestión, el presidente Felipe Calderón integró la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la PGR y la Policía Federal Preventiva (PFP), con el objetivo de sumar atribuciones y capacidades operativas con un mando único. Esta nueva instancia, encargada de la investigación de delitos, quedó a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo que dejó al Ministerio Público sin su brazo investigador.

- En mayo de 2009, se le regresó a la PGR un cuerpo especializado en investigación de los delitos, la policía ministerial. Al mismo tiempo, a la Policía Federal se le quitó del nombre la parte de ‘preventiva’ y se le reconoció, a nivel constitucional, la facultad de realizar investigaciones para la prevención del delito. “Esto generó una serie de reorganizaciones y de reacomodos muy fuertes”, cuenta un alto funcionario internacional especializado en el tema.

- Fue una decisión política del presidente Calderón, dice el senador García Cervantes. “Se han invertido los papeles”.

- Esto disminuyó las capacidades que tiene el Ministerio Público para investigar y obtener las pruebas suficientes para convencer a los jueces de imponer sentencias a sus acusados. También puso en desventaja a la UIF de Hacienda, que tiene una relación más institucional con la PGR y no con la SSP, ya que en ninguna ley se establece un intercambio de información y cooperación entre la Policía Federal y Hacienda.

- En agosto pasado, el presidente Calderón presentó la ‘Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo’. Con ella, nacieron las células especializadas, que son grupos de trabajo formados por elementos de Hacienda, la PGR y la Policía Federal, que intercambian información y se coordinan para dar seguimiento a casos específicos.

- A casi un año de su formación, altos funcionarios del gobierno de Calderón aseguran que aún no tienen resultados concretos de esta estrategia, por estar todavía en un estado incipiente aunque, según fuentes de Hacienda, existe un “trabajo continuo de comunicación entre las tres entidades al más alto nivel”. Barrios, de la PGR, reconoce que no existe una comunicación adecuada entre las tres dependencias. “Ahorita la información de la UIF está en la UIF. La información aquí (en la PGR), la tenemos nosotros. La información de campo la tiene la Policía Federal”.

- “La información sigue siendo poder para ellos. Es un tema exclusivo de poder”, dice José Antonio Quesada, socio del sector financiero de PWC.

- Expediente 2. Queso gruyère
El 21 de junio de 2010, el gobierno impuso límites a operaciones con dólares en efectivo en los bancos, de hasta por 4,000 dólares mensuales a cuentahabientes, mientras que aquellos que no son clientes están limitados a 300 dólares diarios o 1,500 al mes. Desde ese día, nuevas formas de lavado hormiga han surgido.

- En la frontera, cuenta Alejandro Valenzuela, director general de Banorte, los delincuentes entran a los supermercados y compran televisiones que valen 1,000 dólares. Pagan con dólares en efectivo. Luego, a cuatro o cinco cuadras, las revenden en 600 dólares, pero cobran en pesos.

- Los bancos tienen controles para el manejo de efectivo y áreas muy especializadas para prevenir, detectar y reportar el lavado de dinero, dice Ramón García Gibson, quien fue director de Cumplimiento (Compliance) de Banamex y de HSBC.

- Pero entidades financieras, como los centros cambiarios y las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, no cumplen con la regulación ni son supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). “Aquí empiezan los problemas, porque algunos sí reportan y otros no”, dice César Tello, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Casas de Cambio (AMCC).

- Para contrarrestar estas debilidades en el sistema financiero, ya se trabaja en homologar las reglas de control para todas las entidades, dice Pablo Gómez del Campo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV.

- Fuera del sector financiero hay más huecos sin tapar. No hay controles ni regulación en la mayor parte de las actividades económicas vulnerables, como casas de juego y de empeño, compraventa de inmuebles en efectivo, de joyas, metales preciosos, vehículos, así como actividades profesionales independientes, como contadores, abogados y notarios públicos. También están sin regular entidades como agrupaciones filantrópicas y ONG, partidos políticos, sindicatos y asociaciones religiosas. México es un ‘queso gruyère’ por donde se sigue colando el dinero sucio.

- Expediente 3. Justicia a la mexicana
Hoy existen 13 diferentes leyes dispersas que tocan la prevención o la persecución del blanqueo de recursos. “Todo mundo toma un pedacito, nadie hace nada y todo mundo se echa la bolita”, dice el diputado perredista René Arce.

- La ineficacia del actual marco jurídico es una realidad. De cada 100 detenidos por cualquier delito, sólo se consignan dos. “La incertidumbre sobre cuál de todas las leyes se debe aplicar para perseguir el delito sólo provoca impunidad”, dice Efraín García Ramírez, doctor en derecho penal y autor del libro Lavado de dinero: Análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

- Un reflejo claro de estas carencias en las leyes del país se vive todos los días en los juzgados, cuando el Ministerio Público busca argumentar bien los casos para consignar a los delincuentes y se topa con pared. Para que la PGR pueda presentar ante un juez un caso de lavado, necesita cumplir varios requisitos. Uno, tiene que identificar los recursos (dinero, bienes, cualquier activo). Dos, debe probar, bajo ciertos elementos, que esos recursos derivaron de un delito. Al final, el Ministerio Público tiene que probar que la persona que hizo operaciones con esos recursos sabía que provenían de una actividad ilícita.

- “Llegamos a tener esas lagunas tan absurdas, que luego ya nos llevan a pensar, sinceramente, si es un desconocimiento o mala interpretación de la ley o es un desvío ya de la procuración y administración de justicia”, se queja Barrios.

- Otro obstáculo en los juzgados es la libre interpretación que hacen los jueces del Artículo 400 bis del Código Penal Federal, gracias a lo que varios lavadores de dinero han quedado libres, afirma Barrios. Este artículo señala que en casos de lavado en los que se utilice alguna institución financiera, “para proceder penalmente, se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

- Los huecos legales persisten en el país y no dejan que la justicia avance. “Si el juez tiene un vacío legal, aun cuando sepa que es culpable, por un tema administrativo los va a dejar ir (a los delincuentes)”, dice Quesada, de PWC.

- El Consejo de la Judicatura Federal tiene otro punto de vista. “Resulta absurdo pensar en juzgar a los criminales que operan en México, si antes no se les detiene, o que el Ministerio Público, aprehendiendo a los criminales, no realice una investigación profesional, que sirva de sustento para condenarlos”, argumenta Ricardo Ojeda Bohórquez, magistrado de circuito y Académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

- Ante las lagunas legales, es importante apoyar el combate antilavado con otras políticas de gobierno y leyes, como la de extinción de dominio, dice Luis Jorge Garay, quien ha sido investigador en las universidades de Oxford y de Cambridge y en el Banco Interamericano de Desarrollo, y es autor, junto con Eduardo Salcedo-Albarán, del libro Drug Trafficking, Corruption and States.

- La extinción de dominio pone la carga de la prueba en los criminales, quienes tienen que comprobar que sus propiedades fueron bien habidas, y no al revés, que sea el Estado el que deba probar que los activos se obtuvieron de forma ilícita.

- Expediente 4. ¿Incentivos adecuados?
El pasado 28 de abril, un día antes de clausurar el primer periodo ordinario de sesiones, los senadores aprobaron la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El reloj legislativo impidió que la Cámara de Diputados revisara y aprobara esta ley en ese mismo periodo.

- Esta iniciativa de ley busca cerrar los expedientes abiertos hasta la fecha. Tiene tres componentes: regular otras actividades económicas vulnerables, además de las del sector financiero; la restricción de operaciones con efectivo, y la coordinación entre las diferentes instancias encargadas de prevenir y combatir el lavado.

- Los senadores hicieron varios cambios a la iniciativa original que envío el presidente Calderón. “La rasuraron”, dicen fuentes de alto nivel del gobierno.

- Mientras la ley federal antilavado se aprueba o no en la Cámara de Diputados, siguen abiertos muchos expedientes en el combate efectivo del delito.

- Todo el dinero lavado alimenta casas de bolsa, emporios turísticos, asociaciones religiosas e, incluso, a la clase política, dice el diputado Arce. “Pienso que por eso no avanzamos, porque son tantos intereses que no permiten que se avance”.

- No hay incentivos adecuados. Somos vecinos del principal consumidor de droga del mundo. Más de 60% de la economía mexicana es informal y se maneja con efectivo. Más de 50% de los municipios del país no tiene acceso a la banca.

- Otro incentivo perverso es la corrupción. Por eso, Antonio Luigi, representante regional de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, dice que es fundamental reducir y controlar la corrupción, además de dar más transparencia a la gestión del dinero y de la riqueza y a la rendición de cuentas. Esto, dice, es indispensable en el proceso de consolidación de “una verdadera gobernabilidad democrática y ciudadana”.

- Para tener los incentivos adecuados para combatir el blanqueo de recursos, la única solución es contar con un sistema robusto de leyes, que se cumpla a cabalidad, con sanciones adecuadas, comenta Enrique Cárdenas, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Aún le queda a México mucho por hacer.

- Tal vez hoy sólo haya un incentivo concreto para luchar contra este delito. “El lavado de dinero tiene consecuencias negativas para el sector privado, pues la criminalidad va acabando con áreas completas de negocios y también impide la llegada de inversión”, dice Luis Foncerrada, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

- Para el especialista colombiano Luis Jorge Garay, el peor efecto de una lucha infructuosa contra la delincuencia organizada y sus recursos es que, “por acción o por omisión, se va legitimando la ilegalidad”. Cuenta que a México le está pasando lo que a Colombia en los años 90: el narco primero atrajo a los sectores más pobres y vulnerables. Después, el incentivo del “dinero fácil” llevó a las filas delictivas a otros sectores, incluso a empresarios. Lo que empieza a ocurrir es una “aculturación delictuosa”, que distorsiona el Estado de Derecho, los valores y la cultura ciudadana, dice.

- Ante la aparente inutilidad del combate, se genera una inmovilidad que le da mayor margen de maniobra a la delincuencia. Para detener este fenómeno de “apagamiento ciudadano”, dice el experto Luis Jorge Garay, no basta con políticas públicas del gobierno ni con una lucha frontal. “Para revertir la desesperanza, se necesita una participación ciudadana decidida que impulse los valores y la cultura, y en la que participen banqueros, empresarios, maestros, intelectuales, obreros y estudiantes”.

- (Con información de Ariadna García y Óscar Machado.)

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-PALOMAS Y TACHES
-México cumple poco o nada 17 de las 40 recomendaciones del GAFI en materia de lavado de dinero. Éste es un ejemplo con 10 de ellas.
-Recomendación cumplida o ampliamente cumplida -Calificación -Recomendación incumplida o poco cumplida -Calificación
Mantenimiento de registros de información financiera. -..C.. Los informes de algunos sectores, como centros cambiarios, no se reportan a la UIF.  -.PC.
Personas políticamente expuestas sin requerimientos explícitos para explicar su fuente de riqueza. -.LC. Las sanciones para lavadores de dinero son insuficientes y poco disuasivas. -.PC.
Supervisión de actividades bancarias. -.LC. La reorganización de las fuerzas federales de investigación creó dificultades en la coordinación, lo cual afecta el procesamiento de delincuentes. -.PC.
Transacciones inusuales que se reportan sin suficiente análisis. -.LC. No hay leyes ni procedimientos apropiados para congelar fondos de terroristas u otros activos a petición de un país extranjero. -.PC.
Existencia de una unidad de inteligencia financiera. -.LC. Regulación, supervisión y monitoreo de negocios y actividades profesionales no financieras. -.NC.
-Guías de evaluación:
-C: Cumple por completo LC: Cumple ampliamente PC: Cumple parcialmente NC: No cumple
-Fuente: Mutual Evaluation Report. GAFI, noviembre de 2008.

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-CICLO DE LAVADO
-En la lucha que las autoridades llevan a cabo contra el lavado de dinero no se logra una adecuada coordinación, porque hay incomunicación en unos casos, y duplicidad de funciones en otros. En el siguiente gráfico se explican las dos formas más comunes en que se blanquea dinero en México, y las responsabilidades que tienen la SHCP, la PGR y la SSP.
-..1..
-
Persona dedicada a la delincuencia organizada
-tiene dinero mal habido por: secuestro, drogas,
-robo, contrabando u otras actividades ilícitas.
-DINERO SUCIO
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-SHCP analiza operaciones financieras para detectar posibles operaciones -sospechosas.
-
-SSP y PGR buscan
-(cada una por su lado) detectar recursos que
-provengan de
-actividades ilícitas.
-
-SSP y PGR investigan (cada una por su lado) vínculos entre activida-
-des y organizaciones
-criminales.
-
-PGR recaba pruebas
-que comprueben ante
-un juez el delito de
-lavado de dinero.
-También decomisa
-bienes de proceden-
-cia ilícita.
-
-PGR detiene al sospechoso del delito y,
-con el expediente de
-pruebas, lo lleva ante
-el juez. Muchas veces
-no cuenta con la información de la
-SHCP.
-
-
-DINERO LAVADO
-ESFUERZOS AISLADOS.
-En ninguna etapa del ciclo de investigación de lavado hay comunicación
-ni se comparte información
-entre las tres dependencias.
-..2..
-
Utiliza contactos (familiares, conocidos, amigos)
-para movilizar dinero sucio.
-TIPOS DE LAVADO
Contribuyente ilegal
-
Persona física
Empresa fachada
-
Persona moral
CARACTERÍSTICAS
-
Declaración de impuestos.
-Apertura de cuentas bancarias
-Operaciones económicas aparentemente lícitas.
-..3..
-
Compra bienes con dinero en efectivo, de los cuales declara impuestos. Otra parte la ingresa
-a una o varias cuentas bancarias. 
-..3..
-
Dos o más personas se
-asocian y crean una empresa
-que cumple con la ley.
-..4..
-
Recibe rendimientos
-de las cuentas y devolución
-de impuestos.
-..4..
-
Como empresa, compra insumos, bienes, materiales, tierras o inmuebles y transfiere dinero a otras cuentas bancarias.
-..5..
-
Deposita en otra cuenta
-bancaria y de ahí a otra y
-después a otra, hasta 3 o 4
-niveles. Finalmente, en algún momento, el dinero regresa a
-su origen, pero ya lavado.
-..5..
-
Su producción es ficticia, pero
-las ganancias son ‘reales’.
-Esas ganancias regresan
-paso por paso hasta el origen. 
-FUENTES: ‘Tipologías regionales GAFISUD, 2008’ y ‘Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, 2010’.

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-CIRUGÍA LEGISLATIVA
-La iniciativa de ley antilavado, aprobada por el Senado el pasado 28 de abril, hizo ajustes decisivos a la iniciativa original enviada por el presidente Calderón. Los más importantes son:
-Iniciativa de Calderón -Ley aprobada por el senado
Establece ‘principios’ de coordinación entre la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda. Además de los ‘principios’ de coordinación, crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada en la PGR.
Se prohíbe la adquisición de cualquier inmueble en efectivo. Se permite la compra en efectivo de inmuebles en montos inferiores a 1 millón de pesos. 
Se prohíbe el pago en efectivo por más de 100,000 pesos de boletos de apuestas o sorteos. Se prohíbe el pago en efectivo por más de 200,000 pesos de boletos de apuestas o sorteos.
Se prohíbe el pago en efectivo por más de 100,000 pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos y terrestres. Se prohíbe el pago en efectivo por más de 400,000 pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos y terrestres.
Se prohíbe el pago en efectivo por más de 100,000 pesos en la compra de relojes y joyería. Se prohíbe el pago en efectivo por más de 300,000 pesos en la adquisición de relojes y joyería.
Se prohíbe el pago en efectivo por más de 100,000 pesos en la transmisión de títulos accionarios. Se prohíbe el pago en efectivo por más de 200,000 pesos en la transmisión de títulos accionarios.
No hay nuevas exigencias regulatorias para las entidades financieras. Se obliga a entidades financieras, además de los reportes que ya hacen de operaciones relevantes, a tener una política de identificación de clientes y de su perfil transaccional.
Se le da atribuciones a la Policía Federal, a la PGR y a Hacienda para verificar información en poder de los órganos federales. Se le quita cualquier atribución a la Policía Federal para acceder a la información.
Sanciones. Una pena de hasta 15 años de cárcel y multas por hasta 300,000 pesos. Sanciones. Una pena de hasta 16 años de cárcel y multas de hasta 4 millones de pesos o 100% del valor de la operación.
-FUENTES: Iniciativa de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo (enviada por Calderón) y Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (aprobada por el Senado).

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QUÉ HACER Y CÓMO
- Para mejorar la ley antilavado aprobada por el Senado y para mejorar la - efectividad de las autoridades en el combate del delito, diversos - especialistas proponen:
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- 1. Unidad nacional antilavado. La creación de un solo órgano - interinstitucional, fiscalía o unidad nacional antilavado, encargada de - supervisar que se cumplan los lineamientos antilavado y de llevar ante - un juez a quienes incurran en delito.
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- 2. Centralizar la información. Conjuntar las dos grandes bases de datos - que existen: la de los delitos y la de actividades financieras - inusuales.
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- 3. Extinción de dominio. Se requiere una Ley de Extinción de Dominio más - efectiva, a la que no le ponga obstáculos un Estado inadecuadamente - garantista de los derechos individuales. Esta ley debe estar acompañada - de una ‘orfebrería jurídica’ que permita construir acervos probatorios - sólidos contra los delincuentes.
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- 4. Inteligencia financiera en estados. Articular los estados para que - tengan la capacidad de realizar investigación financiera, con sus - propias unidades de inteligencia.
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- 5. Regulaciones y códigos internacionales. Al ser el lavado de dinero un - fenómeno y un delito global, debe haber cierto nivel de cooperación, - donde se comparta información de inteligencia entre los gobiernos. - También debe avanzarse en una regulación internacional y en un código de - ética global.
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- 6. Actividades vulnerables. La supervisión de más sectores económicos - vulnerables requerirá más presupuesto y capacidad técnica y humana de - las instancias del gobierno. Por eso, lo recomendable es incluir, de - forma paulatina, dentro de la regulación los nuevos sectores, mientras - se implementan los sistemas tecnológicos, se construye una base de datos - única y se capacita al personal de la UIF, que será la encargada de - recibir los reportes. Además, se debe incluir en la regulación a - partidos políticos, sindicatos, asociaciones filantrópicas y - asociaciones religiosas.
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- 7. Sistema judicial y ético. Uno de los cambios urgentes es en el - registro público de la propiedad de los estados, para que pueda ser más - rápido obtener información sobre cualquier transacción en la que se haya - cometido un ilícito. Además, urge terminar con las lagunas legales en el - sistema jurídico y judicial. De forma paralela, se deben impulsar - códigos de ética en los sectores público y privado.
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- FUENTES: Gopac, AMCC, ONU, CEEY, PWC, Inacipe y Luis Jorge Garay - Salamanca.
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