El autor es socio‑director de ERI SC, Consultores Económicos.
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La política económica tiene que replantearse, dirigiéndose a la recreación de las condiciones de rentabilidad en los mercados; de otra manera, la crisis será cada vez más profunda y con crecientes costos para la sociedad. El programa de ajuste aplicado por el gobierno, es severamente recesivo, y su carácter antiproductivo se enfrenta a las crecientes demandas de empleo e ingreso para la población, que han sido largamente pospuestas.
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El objetivo central –el único‑ del programa de ajuste consiste en estabilizar los mercados de dinero y capitales. Para ello se ha restringido abruptamente la demanda agregada en la economía, generando un escenario que se hace crecientemente conflictivo. El programa no tiene los márgenes de flexibilidad necesarios, ni en términos técnicos ni políticos, para adaptarse al rápido deterioro de la economía. Tampoco tiene los márgenes para ofrecer opciones que representen la diversidad de intereses y necesidades existentes en el país. No hay ninguna atadura técnica para que un ajuste postdevaluatorio, como el que ahora enfrenta la economía mexicana, se enmarque en una recesión como la que se está provocando. El hecho de que la magnitud del ajuste que ahora se requiere provenga de una mala gestión financiera, del tipo de cambio y de la propia devaluación, vinculadas con las trabas impuestas por el gastado sistema político, pone en evidencia la dimensión de la crisis. El problema deja de estar centrado en decisiones técnicas, para ubicarse cada vez más en el ámbito de los nuevos acuerdos políticos que se requieren para ordenar las relaciones sociales en el país.
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No hay en el planteamiento oficial de la política económica ninguna propuesta de estímulo a la oferta para mantener activa la planta productiva y evitar el colapso del empleo y del ingreso. No es una buena política la que atenta, contra la capacidad de subsistencia de las empresas, especialmente cuando se ha hecho un asunto, de principio ‑y casi una cuestión de fe‑ la promoción de los mecanismos del mercado como forma privilegiada de la organización económica. El panorama productivo del país ya se caracterizaba, desde los dos últimos años del gobierno salinista, por una situación que provocaba la muerte de las empresas, más que el aliento a la competencia y la generación de riqueza. Hoy esta condición tiende a generalizarse. La resistencia de la mayor parte de las unidades productivas es cada vez menor y una de sus manifestaciones es la creciente acumulación de la cartera vencida de los bancos.
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En una economía de mercado deben validarse de manera constante las deudas contrarias y ello sólo se consigue cuando los agentes económicos operan en el marco de condiciones suficientes de rentabilidad. Es por ello un sin sentido plantear, y seguir sosteniendo, que las condiciones macroeconómicas pueden mejorar sin que lo hagan aquéllas vinculadas con el funcionamiento cotidiano de los mercados (de bienes, servicios, capital y trabajo), lo que en ese mismo discurso se denomina como la microeconomía.
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Es por la generalidad de las transacciones de endeudamiento que la crisis se manifiesta primordialmente en términos financieros. El desarrollo de la crisis en México es casi un ejemplo de libro de texto del proceso de deterioro de las condiciones productivas y el desestímulo a las decisiones de inversión. Estas condiciones se agravan por la propia política de ajuste, ya que con ella se afecta negativamente el precio de los activos de capital y el apalancamiento de las empresas. El flujo de recursos que generan los activos de capital se ve interrumpido y éstos pierden hasta el premio a la liquidez que debe caracterizarlos, ya que se limita su capacidad de ser vendidos o usados como garantía. La devaluación y la especulación distorsionan, así, el valor relativo de los activos en el mercado, afectando también a los acreedores. Ello obliga al gobierno a utilizar recursos para intervenir ‑como prestamista de última instancia‑ en las instituciones y mercados financieros, en un proceso muy incierto en cuanto a sus posibilidades de saneamiento y de reconstitución de la rentabilidad económica.
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La fragilidad financiera, y por lo tanto productiva, de la economía mexicana se manifestó con la devaluación. Sin embargo, esta condición sigue siendo definitoria de la estructura económica del país, que durante la última década ha mostrado una muy reducida capacidad de crecimiento y una constante vulnerabilidad del sector externo. Esta última crisis se presentó de la manera más convencional como una escasez de divisas. La economía mexicana no puede volver a sustentarse en esquemas de financiamiento que se desligan de las actividades productivas y generadoras de riqueza. El ajuste económico requiere de un sesgo eminentemente productivo cuya posposición acarreará un costo cada vez mayor.