El poder Ejecutivo siempre se ha ufanado de que, año con año, el rubro presupuestal con mayor crecimiento es el de la educación. Pero en esta materia cuenta mucho más la calidad que la cantidad y esa lluvia de necesarios recursos públicos no se ha traducido, ni de cerca, en una política educativa que realmente desarrolle los conocimientos y las habilidades de la población.
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La inequidad social tiene uno de sus orígenes más claros en una educación elitista que permite sólo la inclusión de unos cuantos en esquemas de competitividad mundial. La gran mayoría puede aspirar únicamente a un empleo (o subempleo) mal remunerado, en el mejor de los casos. Algunos analistas económicos –Jonathan Heath, entre ellos– lo han dicho con todas sus letras: la educación mexicana es racista, porque está orientada a mantener una población “subordinada, ignorante y dependiente de una casta superior”.
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¿Puede pasar un país del subdesarrollo al desarrollo? Hay quienes tienen sus dudas, pero para al menos aspirar a un mejor estadio debe partirse de una base sólida: la educación participativa, esa que no propone la simple acumulación de conocimientos, sino la que enseña a pensar.
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Y es que el problema no está en el final del camino –las universidades e institutos tecnológicos–, sino en una muy deficiente educación básica, que se limita a enseñar a los niños las tablas de multiplicar, el natalicio de Benito Juárez, las insignes hazañas de los Niños Héroes y las primeras estrofas del himno nacional.
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El fin de siglo mexicano se ha convertido en el tiempo de las reformas. Si bien muchas de éstas son incipientes e inconclusas, la más urgente de todas es la del sistema educativo, destinada a subsanar el déficit de mexicanos pensantes, a brindar igualdad de oportunidades para todos, a favorecer el acceso a las nuevas tecnologías y a promover la vinculación efectiva con las necesidades del desarrollo. La primitiva y panfletaria política educativa es el obstáculo más importante para alcanzar el anhelado y largamente prometido “bienestar para la familia”.
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Pero para ello, sería necesario revisar primero cómo se educa e incentiva a los actuales maestros: no es posible que muchos de ellos malvivan en condiciones vergonzosas mientras en el salón de clases pregonan a los niños las grandezas históricas y culturales de un país que se ha olvidado de otorgar la mínima dignidad económica y social a la mayoría de sus habitantes.
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Incrementemos los recursos destinados a la educación, sí, pero no para favorecer la polémica retrógrada entre la burocracia y el sindicalismo magisterial, que en vez de generar noticias de progreso en las aulas, lo hace por dirimir sus permanentes conflictos en la calle. Además de su combatividad, la sociedad demanda de los maestros su contribución para garantizar educación de excelencia a través de una revisión integral de los planes de estudio y de un compromiso de calidad dentro del salón de clases.
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Sólo así conseguiremos que los hijos del taxista, la empleada doméstica, el ingeniero y el licenciado compitan en igualdad de condiciones por una plaza universitaria, un empleo bien remunerado, una casa digna y una prosperidad que los haga sentirse orgullosos del país que los educó.