Al iniciarse las discusiones sobre el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación, lo único que queda absolutamente claro es que el entorno político ya cambió. No obstante, el debate de los legisladores opositores con el Poder Ejecutivo se ha convertido en un simple juego de vencidas, cuyo propósito parece ser el de demostrar quién tiene la última palabra en el manejo del dinero público.
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Priva, pues, la irresponsabilidad. La discusión sobre un déficit fiscal mayor o menor al 1.25% del Producto Interno Bruto propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es estéril. Lo que está de fondo –y los señores legisladores no alcanzan todavía a vislumbrarlo– no es restar o sumar décimas al déficit, sino modificar la estructura del ingreso y el gasto para proporcionar mayores beneficios a la lastimada sociedad mexicana.
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Ciertamente el gobierno federal tiene la obligación de cuadrar sus cuentas. Pese a que el propio secretario de Hacienda asumió no poseer la verdad absoluta ante el pleno de la Cámara baja, el presidente Ernesto Zedillo dibujó un panorama catastrófico para el país si a los diputados del bloque opositor se les ocurre cumplir con sus promesas electorales y disminuyen los impuestos. De acuerdo, no es el momento de recurrir al sobre endeudamiento externo para financiar las tareas del Estado. Pero hay un detalle: la reforma fiscal no se ha consumado, convirtiéndose de hecho en otra de las grandes asignaturas pendientes de la administración zedillista.
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Los impuestos sí pueden bajar. Y no sería catastrófico, como lo señaló Zedillo en Washington. La condición es que el bloque opositor de la Cámara de Diputados entienda que lo importante no es quitarle de un plumazo cinco puntos porcentuales al tributo al consumo, sino concretar la muy esperada reforma fiscal integral y garantizar la eficiencia del gasto público. El aparato estatal mexicano es obeso e ineficiente. El ejercicio del gasto público permite aún discrecionalidad y corrupción. No es secreto, por ejemplo, que precisamente en este mes varias secretarías de Estado y dependencias públicas agotan sus presupuestos en infinidad de superficialidades con tal de no sufrir una baja de ingresos para el próximo año. Así se las gastan.
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En efecto, pueden reestructurarse el IVA y el ISR. Y los ingresos que dejen de percibirse en este sentido deben equilibrarse con una baja en los gastos innecesarios del Estado. ¿Cuándo se incorporará la economía informal al sistema tributario? ¿Cuándo habrá un estrategia de largo plazo? Una vez más, el gobierno llega tarde a la realidad.