El costo de la ley

El caso AHMSA ilustra los efectos de un sistema jurí­dico ineficiente. Afortunadamente, los cambios

Las malas leyes desbordan buenas intenciones. La promoción del empleo y la protección de los trabajadores, el apoyo a la industria nacional, la redistribución de la riqueza y muchas otras buenas causas han sido los motivos por los que, en México y Latinoamérica, un sistema jurídico deficiente ha conducido, invariablemente, a lo contrario: desempleo masivo o empleo informal, el derrumbe de las empresas locales y una agudización de las diferencias sociales. La Ley de Quiebras que estuvo vigente desde 1947 hasta mayo de 2000 buscaba defender a los trabajadores y prolongar la vida de las empresas en momentos difíciles. El efecto perverso de su pésimo diseño fue proteger a los dueños de cualquier riesgo económico –haciéndolos millonarios– y reducir a su mínima expresión el crédito a las empresas que iban bien.

Los bancos no se aventuraban a prestar ante las escasas garantías de recuperación y por eso muchos empresarios, en los últimos 15 años, optaron por cerrar o vender sus compañías. Menos empleo, menos empresas y más millonarios es el saldo de la apertura comercial. La crisis de 1995 potenció todas estas deficiencias.

Fueron necesarios dos casos ejemplares para que los legisladores se decidieran a cambiar la Ley de Quiebras: el de Grupo Azucarero México y el de AHMSA. Este último ocupa nuestra portada y causará más de una sorpresa.

La suspensión de pagos, durante nueve años, indigna aún a la comunidad financiera. Pero lo cierto es que Alonso Ancira y Xavier Autrey, principales accionistas de AHMSA –alguna vez prófugos de la justicia y objeto de escarnio–, tenían la razón jurídica, si bien algunos cuestionan que no actuaron con ética.

A finales de los 90, Hylsa y Sicartsa sufrieron también el desplome de los precios del acero, y pese a todo sus dueños honraron sus deudas, pero una ley que descansa en la ética personal es, sin duda, una pésima ley.

Ante la negativa de AHMSA a pagar, los bancos se rindieron, colocaron sus deudas a precios irrisorios y asumieron pérdidas millonarias en dólares. Su único consuelo fue la captura, por fraude fiscal, de los empresarios, pero el caso se cerró cuando Hacienda se limitó a cobrar lo debido.

Pero ahora, Ancira y Autrey, con una empresa que aún debe más de 1,000 millones de dólares y que los analistas valúan en más de 6,000 millones, tienen prisa por salir de la quiebra. La razón: en suspensión de pagos no pueden buscar alianzas ni aprovechar el boyante mercado de compras de acereras.

Ancira rehizo su vida en Israel, donde tiene una sana operación empresarial, y está en vías de convertirse casi en héroe nacional, si logra su proyecto de hacer una empresa israelí-jordana, como proyecto de paz. ¿Por qué (y la pregunta le sonará familiar, por manida) los mexicanos en el extranjero triunfan, cumplen la ley y hasta respetan las señales de tráfico? Porque las leyes están mejor hechas, y porque existe Estado de derecho.

La Ley de Concursos Mercantiles de 2000 corrige, afortunadamente, muchos de los defectos de su antecesora, y a ella podemos agradecerle si no una abundancia de procesos de concurso, sí una revitalización del crédito comercial.

Cuando Ancira, hoy capitán de AHMSA, vuelva al mercado, lo encontrará muy diferente.

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Comentarios: opinion@expansion.com.mx 

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