El efecto Bolivia
“Bolivia no puede darse el lujo de no vender gas”, afirmó inesperadamente el presidente boliviano Carlos Mesa en su toma de posesión, el 17 de octubre. La sangrienta represión a las protestas populares contra la exportación de gas natural a México y Estados Unidos había provocado la salida del país de su antecesor, el empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada. El nuevo mandatario defendió la necesidad de mantener el proyecto: anunció que convocará un referéndum para dejar la decisión a las urnas.
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A este lado del ecuador, la petrolera española Repsol YPF, en la que Pemex tiene 5% del capital, licita por el suelo del puerto de Lázaro Cárdenas. Su propósito es construir una planta procesadora de gas licuado, el cual pretendía importar desde el bloque Securé, en el Chaco Boliviano, donde tiene una concesión obtenida en 1999.
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Un consorcio formado por Repsol British Gas y Pan American Energy (participada en 60% por British Petroleum) aspiraba a llevar el energético hasta el Océano Pacífico a través de Chile. Para eso debía invertir $5,200 millones de dólares. El plan preferente era el transporte de 30 millones de metros cúbicos de gas diarios a Estados Unidos, procesados en una planta en Baja California.
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La empresa española, ganadora del contrato de servicios múltiples en el bloque Reynosa- Monterrey por $2,450 millones de dólares, tendrá que esperar. Mesa dedicó sus primeros días en el poder a calmar los ánimos de los líderes cocaleros y sindicales que convocaron las marchas. El referéndum quedó en veremos.
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El proyecto movió los ánimos antichilenos de los bolivianos, que no perdonan que en 1879 aquel país les “arrebatara” la salida al mar. Pero el reclamo principal era que el gas debía quedarse en Bolivia. Si este es el resultado final, Repsol deberá comprarlo en Australia o Indonesia, o renunciar a la licitación en Lázaro Cárdenas, que se resolverá en diciembre.