El financiamiento de las universidades

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Víctor M. González Romero

Trataremos de exponer en forma breve el problema del financiamiento a la educación superior. En primer término, existe imprecisión jurídica en cuanto a los conceptos de obligatoriedad del Estado y gratuidad de la educación superior que debieran estar definidos en las leyes respectivas.

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Habrá que responder las siguientes preguntas: ¿la educación superior es una obligación que deberá atender el estado, y si lo es, en qué consiste esta obligación y con qué alcances y calidad deberá ofrecerla? ¿Hasta qué grado debe ser gratuita la instrucción superior y cuáles son los límites?

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En los últimos años, en lugar de incrementar la prioridad de la educación, nuestro país la ha disminuido. El porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación en general (incluyendo gasto público y privado) ha pasado de 6.1% en 1994 a 4% en 1997, cuando debería crecer a por lo menos 8%, como recomiendan organismos internacionales.

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Otro dato preocupante: En México, la cobertura de educación superior, definida como el porcentaje de la población entre 20 y 24 años que estudia una carrera, es de 17%, contra cerca de 22% en Ecuador y Bolivia, 30% en Argentina, 69.8% en Estados Unidos y 70.3% en Canadá. Aunque la cobertura en educación superior se ha incrementado en los últimos años (en 1994 era 14%), el esfuerzo no ha sido suficiente.

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La inversión por alumno de educación superior en Estados Unidos es de $6,386 dólares al año. En México es de $2,780 y el promedio de los países de la OCDE es de $5,534.

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Del gasto federal dedicado a educación en general, en el sector de educación superior se pasó de 27.8% en 1987 a 17.8% en 1998. Además existe el problema de la falta de claridad en la distribución del subsidio entre las universidades públicas. La UNAM, la UPN, la UAM y el IPN sólo reciben subsidio federal, mientras que las 34 instituciones estatales reciben subsidio federal y estatal. Los porcentajes de las aportaciones de los estados y la federación oscilan entre la Universidad de Nayarit, que recibe 94% federal y 6% estatal hasta la Universidad Veracruzana, donde la proporción es de 47 y 53, sin que exista alguna razón objetiva para esta diferencia.

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Esto ha causado enormes disparidades en el subsidio por alumno de cada universidad. Aún se desconoce por qué una institución recibe cerca de $56,000 pesos anuales de subsidio por alumno, mientras otras reciben una décima parte.

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En síntesis, se deberá tomar en cuenta el papel estratégico que tiene la educación superior pública para el desarrollo y la equidad; segundo, se deben definir claramente los conceptos de obligatoriedad y gratuidad; tercero, incrementar el porcentaje del PIB destinado a educación; cuarto, definir criterios objetivos de asignación del subsidio y quinto, las instituciones deberán esforzarse por mejorar la calidad de sus servicios e informar con transparencia del uso de sus recursos.

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