El IFE y la democracia

Dos de los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) analizan el momento político de M
Elia Parra Domínguez

Seguros de que las próximas elecciones son las más importantes de la época moderna, que México ya ha inaugurado una era de institucionalidad y se encamina de prisa rumbo a una democracia más participativa; confiados en que la alternancia en el poder –“que depende de los partidos políticos y de la ciudadanía”– no pondrá en riesgo la estabilidad del país; optimistas con respecto al resultado de los esfuerzos del Instituto Federal Electoral (IFE) por garantizar elecciones limpias, transparentes y, por ende, legítimas. Así se percibe a los consejeros electorales Emilio Zebadúa y Alonso Lujambio –ambos -colaboradores de Expansión– a pocos días de la jornada en la que se elegirá a gobernadores y autoridades locales de seis estados de la República, así como, por primera vez, al jefe de gobierno de la capital y cuando, asimismo, se decidirá el control de la Cámara de Diputados federal y la integración de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

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La importancia de la ciudadanización del IFE, el intenso trabajo desarrollado, sus facultades y limitaciones, la posición de los partidos frente al organismo y las aspiraciones de éste a mediano y largo plazo –ya que sus nueve consejeros permanecerán en sus cargos hasta el año 2003–, constituyen el grueso de la conversación. De igual manera, el fenómeno de gobiernos, federales o estatales, que gobiernan con Congresos minoritarios –“común en las democracias presidenciales en el mundo”– merece una contundente reflexión por parte de Lujambio.

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UNA LARGA Y ARDIENTE JORNADA
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“La autonomía del IFE me parece fundamental en un proceso real de democratización plena del país”, afirma Zebadúa, quien cree que sin una autoridad que se erija por encima de la contienda electoral, independiente del gobierno y de los partidos, y que funja como árbitro en la competencia entre éstos, el Estado mexicano no puede garantizar, a largo plazo, la estabilidad y el desarrollo económico y político que el país necesita.

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Sin duda, y felizmente –considera este consejero–, las reformas a la Constitución y al Código Electoral, el año pasado, fueron pasos cruciales que establecieron la autonomía del IFE, otorgando su dirección a ciudadanos sin militancia partidista ni vinculaciones con el gobierno.

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Aun así, señala que para lograr una plena independencia que permita realizar transformaciones importantes en la normatividad y en la estructura interna del organismo –después de estas elecciones–, se precisa de autonomía financiera y de poder para designar, de manera abierta, a todos los presidentes de los Consejos Locales (por ley tuvieron que ratificar a dos terceras partes de dichos funcionarios, lo “que significó una continuidad de la vieja estructura”). Asimismo, la mayoría de los estados, a través de convenios de colaboración, siguen aportando recursos a los Consejos Locales “y deseamos llegar a funcionar con fondos federales”.

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En cualquier caso, éstas son aspiraciones que, sin quitar el dedo del renglón, no les obstaculizan la visión, más sustantiva y actual, del bosque: “El solo hecho de que con nuestro trabajo garanticemos elecciones limpias, en un país con una larga tradición de jornadas electorales sospechosas, representa un gran aporte al proceso democratizador que hoy se vive”, señala Zebadúa.

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Y la labor del IFE no ha sido poca. Sus integrantes empezaron formando los Consejos Locales, labor que implicó viajes por todo el país, contactos con todos los partidos políticos y miembros de la sociedad civil de cada entidad de la República. Cada Consejo quedó constituido por seis representantes ciudadanos, sin militancia y prestigiados en su localidad; estos Consejos Locales integraron, con los mismos criterios, los Consejos Distritales en cada uno de los 300 Distritos del país. Asimismo, los consejeros generales cambiaron a algunos vocales ejecutivos (nueve de 32) y cerca de 30 de los 300 del nivel distrital, “lo que imprimió un elemento fresco, nuevo, al manejo del Instituto en los estados y distritos”.

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Posteriormente se votó la asignación de recursos financieros a los partidos políticos, aunque debieron limitarse a la ley, que autorizó un monto total de aproximadamente $2,300 millones de pesos, repartidos según lo establecía esta ley. A través de comisiones de consejeros, se supervisó y vigiló el trabajo operativo del IFE: organización y capacitación electoral (para ejercer como funcionarios de casilla, aun cuando sólo se necesitan 700,000, se ha capacitado a más de dos millones de ciudadanos elegidos a través de un sorteo “y que pueden o no ser militantes”); se entregaron las credenciales de electores; se depuró, mediante una -auditoría, el padrón, “para que sea confiable y válido”, y se elaboraron, por primera vez, las listas nominales con fotografía.

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LA PERSISTENTE DESCONFIANZA
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Pero, ¿todo este esfuerzo garantizará que los resultados de las próximas elecciones sean incontrovertibles? ¿Los partidos políticos se han expresado categóricamente en favor del trabajo del IFE, para que después, si pierden, no puedan excusarse con que éste los “perjudicó”? ¿La maquinaria estatal tendrá espacios para, de cualquier modo, intervenir?

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“En términos generales –responde Zebadúa–, sin ninguna duda contaremos con elecciones claras, apegadas a derecho e incontrovertibles también en el sentido político: los partidos confiarán en los resultados, tal como los emita el IFE.” Este consejero cree que ciertas impugnaciones –“que sin duda las habrá”– serán resueltas por cauces legales e institucionales: el Código Electoral, informa, prevé una serie de mecanismos a cargo del Consejo General o del Tribunal Electoral.

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Zebadúa agrega que todos los partidos no sólo han expresado numerosas veces su confianza y el aval que otorgan al Consejo General, sino que están “muy satisfechos de su labor en el diseño e -integración del mismo y ahora han vuelto su interés hacia la contienda electoral”.

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En cuanto a la intervención del Estado, el consejero opina que se ha trabajado mucho para evitarla, aunque no todos los vicios se han erradicado, “por lo que nuestra labor de depuración y de salvaguarda del proceso continúa”.

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Y las dudas persisten: ¿Podrán evitarse los fraudes en el momento de votar, o durante los escrutinios en las casillas? ¿La falta de equidad en los medios de comunicación puede echar por la borda los esfuerzos del IFE?

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Zebadúa no se da por vencido. “El Instituto hará un trabajo de observación durante la jornada misma y posteriormente, en los cómputos”, afirma. Además de la presencia de los representantes de los partidos, de los observadores y funcionarios electorales en cada casilla –“y son más de 202,000 casillas en todo el país”–, el IFE pondrá en marcha un operativo de campo, con un equipo de encuestadores que dependerá directamente de y reportará a los consejeros; ellos “evaluarán el desempeño en un número amplio de casillas para detectar cualquier irregularidad”.

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Zebadúa reconoce, en cambio, que hay un rezago, fundamentalmente de los medios de comunicación electrónicos, “frente a la creciente pluralidad que vive el país”, es decir, existe una falta de equidad que él espera se vaya desvaneciendo poco a poco. “En todo caso, esto de ninguna manera pone en riesgo los avances logrados en materia electoral ni la actual competencia partidista –asegura el consejero–. Pese a la parcialidad de los medios, la ciudadanía, cada vez más participativa y educada políticamente, está empujando el proceso de cambio democrático, lo que se demuestra muy bien con los resultados electorales de los últimos años y meses.” Y añade que, como Consejo, participaron e hicieron públicos los lineamientos y sugerencias que los partidos plantearon a la Comisión de Radiodifusión relativos a objetividad, imparcialidad y profesionalismo de los medios. “Hasta aquí llegan nuestras facultades, esperamos que sean los medios los que consigan –como parte de su responsabilidad– ser imparciales u objetivos, fundamentalmente.”

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Zebadúa también delimita las prerrogativas de los consejeros respecto de las características de las campañas. En el artículo 109 del Código Electoral, indica, se señala que el Instituto puede organizar debates, por ejemplo, siempre que sean a petición de los partidos; pero, por otra parte, “se dispuso que el IFE no puede meterse en todos los detalles de las campañas, sino que los propios partidos deben ir estableciendo su dinámica”.

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En cuanto a delitos o faltas en que puedan incurrir éstos –difamación, uso de recursos públicos, coacción del voto, etcétera–, Zebadúa explica que otras instituciones (la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, el Tribunal Electoral de la Federación o el IFE) tienen facultades para investigar y sancionar.

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NI INGOBERNABILIDAD NI DESESTABILIZACIÓN
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Zebadúa y Lujambio intentan demostrar que el país ha entrado a una era de institucionalidad y estabilidad a través del cambio que observan, por ejemplo, en los partidos, producto de una mayor conciencia ciudadana.

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“Creo que hay un cierto elemento de realismo y pragmatismo en todos ellos –indica Zebadúa–; ven que hay reglas del juego con las que se puede ganar, siempre que se acepten, y no hay mejor aliciente para subordinarse a ellas que tener la posibilidad de triunfar y legitimar ese triunfo.” En esta actitud incluye también al partido de gobierno porque, dice, hay una necesidad mundial de contar con autoridades legitimadas a través de elecciones transparentes; de lo contrario, la capacidad de gobernar se dificulta. “Aunque al PRI le ha costado adecuarse a no controlar a la autoridad electoral, tiene que aprender que en la democracia a veces se gana y a veces se pierde.”

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Lujambio añade que el cambio en los partidos responde, lógicamente, a una exigencia social que han ido traduciendo. “El que en seis estados, y curiosamente en elecciones intermedias, se hayan dado gobiernos divididos, significa que el electorado está modificando sus preferencias, castigando o premiando partidos. Empezamos a experimentar la alternancia.” Lujambio también opina que la novedad en este último tiempo no está en quien gane o quien pierda en una contienda, sino en que todos acepten los resultados, legitimando así el proceso democrático. Y añade: “Los partidos pactaron para que el jefe de gobierno de la ciudad de México, por ejemplo, fuera elegido directamente y que permaneciera tres años en su cargo; saben a lo que van y todos compiten, ninguno quiere perder. Cualquier resultado será positivo, el escenario que se produzca va a ser enriquecedor para el país y para su experiencia política.”

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Por otro lado, y aun cuando ambos insisten en que su labor no es favorecer la alternancia, o a uno u otro partido, coinciden en que si las próximas elecciones no favorecen al partido de gobierno, no se producirá ingobernabilidad o desestabilización política ni económica. Para Zebadúa, México se está acostumbrando a que la oposición obtenga triunfos importantes y gobierne con eficacia. Igualmente cree que hay un reconocimiento de que el pluralismo es una forma de vida política “que está agarrando base en este país”.

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Finalmente, los entrevistados fueron cuestionados acerca de sus pronósticos sobre los resultados de las contiendas que se avecinan. “Más que pronóstico –responde Lujambio–, puedo manifestar el deseo del Consejo General de que, cualesquiera que sean los resultados, si garantizamos transparencia y limpieza en las elecciones, éstos serán asumidos por todas las partes. Los costos y beneficios para perdedores y triunfadores ya son asuntos de la ciudadanía, que debe responsabilizarse de sus decisiones.” Ambos consejeros coinciden en que se enfrentan fenómenos connaturales a la competencia democrática y que, lejos de espantarse, hay que estar conscientes de que “la construcción de instituciones democráticas no es suave, el proceso de competencia política es aguerrido, y qué bueno que lo sea”, concluye Lujambio.

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