El mercado, en problemas

Pese a ser su promotor, incluso el Banco Mundial reconoce implícitamente que la economía del merca
Alejandro Castillo

Ningún esquema de política económica puede considerarse exitoso si no crea las condiciones para que se resuelvan las necesidades de la población. Aunque los promotores de la economía de mercado suponen que esta es la mejor opción para crear esas condiciones, lo cierto es que algo está pasando porque, a pesar de las "reformas" que se han impulsado en los años recientes, los supuestos beneficios de la prosperidad no alcanzan a sectores mayoritarios de la población, e incluso en los países desarrollados se observan fuertes retrocesos.

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Al respecto vale destacar los señalamientos del presidente del Banco Mundial (BM), James Wolfensohn, en la apertura de la 49ª Asamblea Anual Conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM en Hong Kong. En esa ocasión, Wolfensohn advirtió a los gobiernos y agencias de desarrollo sobre la necesidad de reducir la brecha entre pobres y ricos, ya que las diferencias entre esos grupos de ingreso tienden a convertirse en una "bomba de tiempo". Implícitamente, ese paladín del libre mercado reconoció la incapacidad de éste para reducir las diferencias entre los extremos y estableció que el desafío actual consiste en incluir a las sociedades en los avances económicos, de modo que se debe tomar conciencia y colaborar para distribuir mejor los beneficios de la prosperidad, buscando construir sociedades más equitativas.

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El problema reside en que el esquema de libre mercado no tiene ese objetivo, pero además, en su operación reduce los recursos disponibles para atender necesidades sociales y, en cambio, multiplica los efectos no deseados del desarrollo, como son la desarticulación de la sociedad y la contaminación general, junto con el consumo desenfrenado de recursos naturales. Las consecuencias de ese proceso se han podido apreciar recientemente. A la imprevisión e incapacidad de gobiernos absortos en el "dejar hacer, dejar pasar", se suman la violencia social y los fenómenos naturales que propician la destrucción de bosques en Indonesia o graves daños en la de costa del Pacífico mexicano, por citar algunos ejemplos.

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Frente a eso, los gobiernos inmersos en un proceso de "reformas" hacia el libre mercado –como el mexicano– autolimitan su quehacer reduciendo la importancia de su actividad. Quienes lo justifican no dudan, por ejemplo, en rechazar la posibilidad de emitir bonos para construir obra pública, pero en cambio, elogian la emisión de bonos para liquidar el esquema de obras concesionadas. Así se tiene, en el caso de México, que en los años de esta administración el gasto social ha alcanzado el mayor porcentaje del gasto programable de los últimos sexenios.

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Desafortunadamente, buena parte de ese gasto se sigue aplicando en forma de dádivas o limosnas y no como parte de un ejercicio responsable, de una obligación del gobierno para con los contribuyentes. De ahí que, al mismo tiempo que se obliga al ciudadano a pagar a empresas privadas altas tarifas por servicios que debería proporcionar el gobierno, predominan en buena parte formas de clientelismo y paternalismo, no como una reminiscencia del pasado, sino como una condición para mantener el proyecto.

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El problema reside en que esas medidas no son suficientes y todo indica que las sociedades cada vez están más dispuestas a utilizar su derecho a votar para elegir esquemas que se basen en acuerdos racionales para conducir su economía, sin renunciar a ninguna herramienta para garantizar mejores condiciones de vida a sus ciudadanos. Una consecuencia de ello fueron los resultados de las elecciones del 6 de julio en México.

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Eso, y la advertencia de Alan Greenspan, acerca de reconocer que el crecimiento de la economía estadounidense –que ha sido el motor y la razón de las "reformas"– tiene límites, podría afectar a los mercados y dar aliento a una discusión sobre el camino que ha seguido hasta ahora el intercambio económico internacional.

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