El otoño pertenece al Congreso

La administración de Fox basa todas sus esperanzas en un plan que no convence a la oposición. Por

Es muy dudoso que el presidente Fox logre que el parlamento apruebe sus principales iniciativas de reforma, que se supone servirían como base para el plan económico en lo que resta del sexenio, estima The Economist Intelligence Unit en su más reciente análisis de riesgo para México. Este es un extracto del documento.

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A la luz de la crisis en la cooperación política y frente a las próximas elecciones legislativas, programadas para julio de 2003, no esperamos que se logre mucho en el último periodo ordinario legislativo (del 1 de septiembre al 15 de diciembre) antes de que las campañas electorales empiecen. Es muy dudoso que el mandatario sea capaz de conseguir el suficiente apoyo para la desregulación en materia laboral o la liberalización del sector energético, dos importantes modificaciones contenidas en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) publicado el 11 de junio. El respaldo para otros cambios, que requerirían transformaciones constitucionales, también es incierto. Entre éstos está el permitir que los puestos del gabinete sean aprobados por el Congreso y la reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales, en un esfuerzo para mejorar la rendición de cuentas. Fox también quiere que los ciudadanos propongan mejoras a la legislación y que el gobierno tenga la opción de realizar referendos, cuyos resultados comprometerían a los diferentes órganos de gobierno (esto es, tanto al Ejecutivo como al Legislativo) a realizar políticas específicas.

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Tendencias en política económica
El gobierno continuará con las directrices ortodoxas en el periodo 2002-2003, con un énfasis particular en la reducción del déficit fiscal, el control de la inflación y el manejo de la deuda. La tendencia conservadora ha permitido mantener estabilidad financiera durante la recesión, que empezó en la segunda mitad de 2001. También hará posible que la economía se recupere rápidamente a medida que se fortalezca la demanda estadounidense de exportaciones mexicanas. Para lo que queda de la administración de Fox, la elaboración de políticas tendrá como guía al Pronafide.

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Este programa tiene dos objetivos interrelacionados: aumentar los ingresos para recortar los requerimientos financieros del sector público y reestructurar el gasto con el fin de mejorar la asignación de recursos. En particular busca reformar el sistema tributario mediante el aumento en la cobertura del impuesto al valor agregado (IVA) y la reducción de las exenciones tributarias. Tales cambios fueron incluidos en la reforma fiscal presentada al Congreso en 2001, que fue considerablemente alterada. Se propone restringir el gasto corriente mediante la disminución de sueldos del sector público y sustituir los subsidios generalizados, particularmente en servicios, con apoyo medido a los hogares de bajos ingresos.

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Todos los proyectos de inversión tendrán que pasar por un análisis de costo beneficio antes de ser aprobados. Los préstamos de las organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) serán usados cuando sea posible, con la base de que sus términos son en general más favorables que los que se pueden encontrar en los mercados de capitales. Emisiones de bonos en éstos serán ofrecidas en euros y yens, para repartir el riesgo del tipo de cambio. Adicionalmente, el Pronafide propone modificaciones en la ley laboral y el sector energético. El programa compromete al gobierno a mantener el régimen de libre flotación del tipo de cambio.

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Política fiscal
En este renglón el gobierno se dirigirá a conseguir una meta de déficit de 0.65% del producto interno bruto (PIB) en 2002, la misma que se propuso para 2001 pero que fue ligeramente rebasada. De acuerdo con datos preliminares publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) en julio, el sector público obtuvo un superávit no financiero de $20,000 millones de pesos (cerca de $2,100 millones de dólares). Este resultado representó una sensible baja respecto al superávit de $32,100 millones de pesos obtenido en el mismo periodo del año pasado.

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Menores ingresos y un mayor gasto público hacen dudar de la capacidad del gobierno de cumplir con la meta de déficit para este año. Sin embargo, la venta de activos tendría que permitirle cumplir sus objetivos fiscales. La administración se propone liquidar su participación en los bancos comerciales (las acciones que tenía en BBVA-Bancomer las vendió en junio). Para 2003 se espera la privatización de las principales líneas aéreas, en las que el gobierno es accionista mayoritario.

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Además, la SCHP ha mostrado en el pasado su voluntad de recortar el gasto público, sin poner demasiada atención en el costo político. En un reciente esfuerzo para contener el déficit, la dependencia disminuyó su gasto de abril en $10,100 millones de pesos, como lo permite el mecanismo de estabilización automática acordado en el presupuesto. The Economist Intelligence Unit pronostica que la meta de 2002 sí se cumplirá. El secretario Francisco Gil Díaz probablemente utilice cualquier ingreso tributario mayor al esperado para reducir la deuda, en lugar de incrementar el gasto. Bajo el supuesto de que en lo que queda del año los precios del petróleo continuarán por arriba de su nivel del primer trimestre, no serán necesarias más disminuciones.

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