El peso de la Ley

Son los nuevos amos de los negocios: ninguna operación se da sin su aprobación. detrás de su éxi
Lucía Pérez Moreno

En su mundo de “etiqueta rigurosa” (trajes Ermenegildo Zegna, zapatos Prada y plumas Mont-Blanc), los abogados corporativos no van a los tribunales, lo que hace que sean vistos como “superficiales” por el resto del gremio. En cambio, asisten a conference-calls, a asambleas de accionistas, a instancias regulatorias para “empujar” sus asuntos y de vez en cuando a Nueva York a cerrar tratos con bufetes asociados.

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“Este es un negocio de márgenes, todo se maneja con criterios de productividad”, reconoce Ricardo Ríos, uno de los socios de Ríos Ferrer y Guillén Llarena.

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Y eso se traduce en presión sobre quienes ejercen esta actividad. Por ejemplo, a sus escasos 28 años, Daniel Muñiz Quintanilla en un día cualquiera de trabajo toma decisiones que pueden ser determinantes para cerrar o rechazar operaciones millonarias por cuenta de sus clientes. Abogado de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes –uno de los grandes despachos que asesora a empresas triple A–, asiste a los socios (dueños) del bufete en la supervisión de grandes fusiones, adquisiciones, colocaciones en Bolsa y reestructuraciones, entre otras transacciones. “Aquí tomamos muchas decisiones y el trabajo es estresante.”

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Su vida social está ligada a la laboral donde, además, están sujetos a duras presiones. “Aquí todo es urgente. Los deadlines son muy agresivos”, comenta Muñiz. Todos los fines de mes la empresa de servicios jurídicos evalúa el desempeño de cada uno de sus operadores para ver si facturó lo suficiente.

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A cambio, su trabajo es muy cotizado. Algunas de las grandes firmas llegan a obtener ingresos por más de $20 millones de dólares al año , de acuerdo con una encuesta confidencial encargada por una de ellas. Una operación típica de fusión o adquisición le puede dejar a un despacho entre $70,000 y $120.000 dólares.

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Estos profesionales deben conocer a la perfección las leyes del país, manejar nociones de finanzas, administración y contabilidad, y ser bilingües. “El grado de responsabilidad es enorme y los errores pueden costar millones de dólares”, advierte Muñiz. También deben ser especialistas en derecho internacional, pues con la mundialización de la economía cada vez atienden más asuntos de empresas multinacionales. “La globalización avanza más rápido que las legislaciones locales, lo que crea muchos conflictos de leyes.”

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La mayoría de los abogados jóvenes de las principales compañías de este negocio proviene de las mejores universidades particulares, conoce el american way of life y tiene algún postgrado en Estados Unidos. Casi todos han pasado una temporada en bufetes de Nueva York o Londres.

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Muñiz, por ejemplo, estudió derecho en la Universidad Iberoamericana, tiene un postgrado de la Universidad de Georgetown, Washington, y trabajó un año en las oficinas de Baker & McKenzie en Londres, antes de aterrizar en su actual trabajo en México. No oculta su gran anhelo de volverse socio algún día. Para ello, además de dedicarle muchas horas a su trabajo y probar su habilidad, tendrá que mostrarle una lealtad a prueba de fuego a los demás socios.

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Un pastel que crece
Los primeros despachos corporativos que abrieron puertas en México fueron creados por estadounidenses hace poco más de un siglo. Cruzaban la frontera para defender los intereses de sus clientes. “Ellos nos enseñaron lo que es este trabajo”, dice Rafael Robles, socio de Franck, Galicia y Robles. Más adelante, proliferaron las oficinas de estos servicios jurídicos en la ciudad de México gracias a una clientela estable en el sector financiero y a la creciente inversión proveniente de la unión americana. Entre los más tradicionales están Basham, Ringe y Correa, que nació en 1904; Goodrich, Riquelme y Asociados, fundado en 1934; y Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, en 1936.

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La hora dorada para ellos llegó con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien abrió en grande las puertas a los capitales foráneos. Durante su gobierno el monto de inversión extranjera se multiplicó, lo que trajo una fuerte demanda de servicios legales. Ríos afirma que en ese sexenio el número de bufetes corporativos se duplicó.

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Si bien algunas firmas no sobrevivieron a la crisis de 1995, otras se fortalecieron. Algunos de los grandes bufetes que quebraron fueron adquiridos por extranjeros más poderosos. Tal fue el caso de Bufete Sepúlveda, comprado por el multinacional Baker & McKenzie, el más grande de México hoy día.

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Luego el mercado volvió a crecer y diversificarse. Actualmente, “hay tanto negocio que podemos darnos el lujo de ser selectivos” comenta Samuel García-Cuéllar, socio de Creel, García-Cuéllar y Müggenburg y con más de 50 años de práctica.

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De acuerdo con la revista Latin Lawyer México tiene más oficinas de abogados corporativos que Brasil. No hay un registro de la cantidad exacta, pero en el medio se cree que de unos cuántos que existían antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy operan en el país miles, si se incluye a pequeñas oficinas y profesionistas independientes; los grandes y medianos despachos no son más de 15 o 20.

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La atomización del mercado se debe en parte a las constantes escisiones. Dionisio Kaye, socio del multidisciplinario Sánchez, Devany y Eseverri, con 30 años de experiencia, afirma que en México los abogados no saben trabajar en equipo; las oficinas “parecen pequeñas boutiques. No entienden que el siglo XXI es para sumar y no para restar.”

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Dada la enorme cantidad de dinero que se maneja en este negocio, “la causa más común de las separaciones son los conflictos económicos”, explica Francisco Cossu, socio de Cossu-Sáenz, un despacho ubicado en Los Cabos, Baja California, donde brinda asesoría en asuntos inmobiliarios, fiscales y fiduciarios.

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Otra razón, agrega Kaye, es la falta de oportunidades para los jóvenes. “Los despachos tradicionales sufren escisiones porque los muchachos se hartan de no progresar y de no conocer la información sobre los ingresos” de la compañía donde trabajan.

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Últimamente, la competencia ha crecido como consecuencia de la llegada de muchas filiales de grandes bufetes de Estados Unidos y Europa que vienen a representar a sus clientes; a raíz de los tratados de libre comercio ellos ya pueden prestar servicios aquí, siempre y cuando cuenten con profesionales egresados en escuelas mexicanas, de modo que conozcan las leyes locales.

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“Hay mucha competencia que se manifiesta en la contratación de abogados”, señala Carlos Creel, otro de los socios de Creel, García-Cuéllar y Müggenburg. Los despachos más poderosos están atentos a los pasos de los especialistas del medio y se los disputan.

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Para conseguir clientela, despliegan toda clase de recursos y encantos. La mayoría hace una intensa labor de relaciones públicas y mercadeo. Los nacionales se asocian con grandes participantes internacionales del ramo e invitan a clientes potenciales a sus oficinas. Sin embargo, para Robles es “indigno” salir a buscar clientes.

Una práctica que se extiende y que revela la creciente concurrencia en este medio es que las compañías interesadas en contratar servicios jurídicos corporativos invitan selectivamente a varios bufetes para que presenten sus propuestas y presupuestos.

A diferencia de las poderosas estadounidenses, con alto grado de especialización, en México la mayoría de las firmas tratan toda clase de asuntos, como laborales, fiscales y de litigio. “Aquí todos somos un poco todólogos”, admite Muñiz. “No tenemos el volumen de asuntos que tienen los grandes despachos en Estados Unidos, donde se producen 10 fusiones a la semana”, dice Ríos.

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Ética y derecho
Mientras en la unión americana los profesionistas deben acreditar sus conocimientos no sólo con su universidad, sino con la barra de abogados de su estado, donde se les imponen normas de ética rigurosas, en México cada uno es libre de adscribirse a las asociaciones de abogados que desee y de fijar sus propios estándares de actuación. Aunque la gran mayoría tiene códigos muy rigurosos de comportamiento para mantener en alto su reputación, existen numerosos incidentes que demuestran que este medio se presta a toda clase de actos ilícitos, admite un experto del sector que pidió el anonimato.

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Hay casos documentados de abuso de información en los que algunos abogados utilizaron su conocimiento de las operaciones de sus clientes para sacar ventaja de la compra o venta de acciones de empresas. En México nunca se ha seguido un procedimiento penal por este tipo de conductas, pero en Estados Unidos se han abierto investigaciones contra bufetes mexicanos. Un caso muy sonado es el de Alejandro Duclaud, acusado a finales de 2000 por la Securities and Exchange Comission (SEC) de uso de información confidencial para adquirir títulos de CompuUSA, cuando estaba a punto de ser comprada por Grupo Sanborns. El entonces socio de Franck, Galicia, Duclaud y Robles –como se denominaba en aquel momento este despacho vinculado al empresario Carlos Slim–, sostiene su inocencia, pero su reputación se vio seriamente dañada. Para evitar que salpicara a todos los demás fue eliminado del directorio. “Ahora se dedica a la práctica independiente”, informa Robles, uno de sus ex socios.

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Es obvio que los abogados corporativos tienen acceso a cierta información privilegiada pero la necesitan para el desempeño de su profesión”, dice Roberto Martínez Guerrero, socio fundador de Martínez, Algaba, Estrella, de Haro y Galván-Duque.

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Un conflicto de interés que surge a menudo en este ámbito es cuando una misma firma maneja los asuntos de dos clientes enfrentados en una operación. Recientemente, una paraestatal solicitó varias propuestas de asesoría jurídica en financiamiento de proyectos, con la condición de que el ofertante del servicio no tuviera entre su clientela a los bancos con los que dicha empresa de gobierno quiere negociar, lo cual es difícil de encontrar. “Este problema se da mucho en el medio porque hay poca especialización”, dijo uno de los involucrados en la negociación. Lo único que puede hacer el cliente en estos casos es pedir a su asesor jurídico que no maneje asuntos de su contraparte por algún tiempo, pero no hay reglas escritas al respecto.

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A últimas fechas, entre las críticas más recurrentes a los abogados corporativos está la creciente influencia que ejercen sobre las autoridades con el fin de lograr posiciones ventajosas para sus representados en concesiones o regulaciones. No hay pruebas a la vista, pero sí sospechas y acusaciones recogidas en la prensa de los presuntos vínculos entre esos profesionales y funcionarios. “En México existe un problema de sobrerregulación económica y nosotros lo que buscamos es mayor claridad de reglas que suplan las lagunas de la ley”, se defiende Kaye con respecto a las relaciones de su despacho con el gobierno.

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Martínez Guerrero sostiene que la existencia de tales vínculos es “natural” debido a la frecuencia con que los abogados tienen que acudir a las instancias regulatorias, pero que “no debe verse de manera inconveniente” porque no necesariamente implica una actuación indebida.

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La queja más común proviene de los propios clientes. Se dan situaciones en las que el asesor jurídico enreda los asuntos para tardarse más tiempo en resolverlos y facturar más . “Es como los taxistas que prefieren irse por la ruta más larga para cobrar más”, reconoce Robles, y señala que muchos hasta se inventan áreas del derecho.

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Kaye acusa que “en algunos despachos la presión por facturar es tan grande que los abogados se ven obligados a mentir con el número de horas trabajadas”, lo que infla las cuentas por pagar de los clientes. Debido a ello las empresas exigen cada vez más detalle en las facturas de servicios jurídicos.

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Pese a los abusos, los abogados corporativos son un eslabón imprescindible al interior de la cadena de los negocios. La complejidad del mundo legal impide cerrar cualquier operación, por sencilla que sea, sin su apoyo y asesoría. En tiempos de crisis, sirven por ejemplo para hacer contratos de reestructuras financieras y, en la bonanza, asisten en los planes de inversión y crecimiento. “Nos gusta más ayudar a nuestros clientes a expandir sus negocios, pero también tenemos mucho trabajo en tiempo de crisis”, puntualiza Creel.

Como los médicos respecto a sus pacientes, para muchos empresarios son un mal necesario, o más aun, imprescindible: ayudan a mantener su salud financiera. Y eso, en tiempos de la globalización, tiene un alto precio.
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