El presidente y el primer ministro

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Emilio Zebadúa

El cambio más significativo que el nuevo presidente Ernesto Zedillo decidió hacer al integrar su gobierno fue reemplazar al titular de la Secretaría de Hacienda. Pero no lo hizo para enviar una señal sobre su propósito de modificar el rumbo económico o, al menos, hacer un ajuste necesario en el modelo. Al contrario.

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Si en alguna ocasión histórica la continuidad en el manejo de las finanzas públicas se ha impuesto sobre el proceso de cambio en los jefes de gobierno en México, ha sido indudablemente ésta. La última renovación del Pacto, por ejemplo, esta vez se llevó a cabo, o bien sin la participación directa del presidente electo o con su aprobación a distancia, pero en cualquier caso antes de que se llevara a cabo la transferencia efectiva del poder político en el país.

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Con ello, el marco de la política económica de¡ actual gobierno fue impuesto clara y definitivamente por el gobierno anterior, estableciendo así el margen de maniobra estricto al que se tiene que sujetar la Secretaría de Hacienda en el corto plazo si no está dispuesta a hacer (o siquiera aparentar) un quiebre abrupto en la continuidad del modelo.

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Durante el periodo de transición de un gobierno a otro Zedillo no protestó por este hecho e, incluso, accedió a participar personalmente en una ratificación extraordinaria del Pacto que se llevó a cabo en vísperas de su viaje a Estados Unidos y Canadá. Con ello volvió a dar muestras de que su gobierno garantiza (o al menos desea garantizar) la continuidad hasta del más mínimo detalle de la política macroeconómica del anterior sexenio.

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Después, en su discurso de toma de posesión y en las primeras declaraciones que ha hecho sobre temas en materia económica, el nuevo presidente ha vuelto a patentizar su conformidad con las directrices de la economía salinista, haciéndolas suyas. Esto explica en gran medida el porqué su equipo económico está integrado por veteranos del gabinete anterior como Luis Téllez (en Presidencia), Guillermo Ortiz (en Comunicaciones y Transportes), Carlos Sacristán (en Pemex) e incluso Angel Gurría (en Relaciones Exteriores).

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Pero el nombramiento más significativo en este sentido es el de Jaime Serra como secretario de Hacienda que, al combinarse con la designación del antiguo subordinado de éste Herminio Blanco, como secretario de Comercio, le otorga a Serra una posición privilegiada para dirigir la política financiera del gobierno sin grandes restricciones políticas.

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Al presidir un gabinete económico disminuido –en el que ya no participa el Banco de México y no existe la Secretaría de Programación y Presupuesto–, Serra ha quedado en la práctica en calidad de primer ministro del gobierno de Zedillo. Ni Téllez, Ortiz o Gurría (mucho menos Blanco) representan alternativas de política económica. Y, sin embargo, la concentración de autoridad en esta materia en manos de Serra no corresponde, paradójicamente, a la tarea más importante que tiene frente a sí el gabinete hoy en día: continuar por el mismo rumbo trazado por el gobierno de Salinas.

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En otras palabras, Zedillo optó por reemplazar al secretario de Hacienda Pedro Aspe (que estableció las bases de la propia continuidad macroeconómica) y, además, modificar los flujos internos de autoridad en materia económica, para favorecer a Serra, sin que ello fuera motivado por ningún cambio (actual o anunciado) en la política económica. De hecho, implícitamente, el gabinete económico ha sido reorganizado profundamente –en su forma de operar y en el proceso mismo de toma de decisiones–, pero para continuar con la misma política macroeconómica.

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En otras ocasiones, el cambio de secretario de Hacienda ha correspondido con una intención de cambiar la política económica –al menos, hacer un ajuste importante–. Esta vez se cambió a un secretario experimentado y exitoso para no realizar ningún cambio en la política. Creo que es la primera vez que sucede algo así.

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El autor está trabajando en un libro sobre La Reforma del Banco de México.

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