Electricidad a medias

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Alejandro Castillo

Uno de los actos más relevantes de la presente administración es la propuesta del pasado 2 de febrero para privatizar la industria eléctrica del país. Si bien ha provocado comentarios muy elogiosos de algunos sectores, conviene evitar  las soluciones fáciles, cuyos supuestos beneficios se revierten en enormes costos al paso de unos años. Un cambio de ese tipo difícilmente prevalecerá si no se arraiga en la conciencia social, como parte de los consensos que requiere México.

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En esa línea, la propuesta es incompleta. No alcanzará sus objetivos en materia de generación de electricidad, a menos que se modifique el marco legal de la industria petrolera o, en su caso, se defina el programa de desarrollo energético del país –que, igual que la reforma fiscal integral, se ha pospuesto una y otra vez–. Eso será necesario porque un alto porcentaje de las nuevas tecnologías se basan en el uso de gas y se debe saber cuánto se tiene o en qué condiciones se obtendría y a qué precio, en un escenario de largo plazo, para evaluar las posibilidades de hacer negocios con la electricidad. Lo de los precios es muy importante, porque todos sabemos que gracias a los impuestos que cobra el gobierno a Pemex, en México se pagan los hidrocarburos más caros del mundo.

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Del mismo modo, cualquier inversionista buscará saber con certidumbre qué va a pasar con la intención de mantener el control sobre la red nacional de transmisión o cómo evolucionará la energía nuclear, factores con los que podría quedar en desventaja. Si el actual gobierno cree en lo que propone, entonces es muy inconsistente. Los mismos argumentos que utiliza para la privatización de la industria eléctrica son aplicables en la petrolera: hay nuevas tecnologías, es necesaria la competencia y, también, al abandonar esa actividad, se dedicaría a sus “objetivos prioritarios en desarrollo social y combate a la pobreza”. Un argumento similar pudo haber expresado antes de asumir los pasivos del Fobaproa. En el fondo, lo que está en discusión es definir qué tipo de país queremos. Todos aspiramos a que el servicio eléctrico mejore, pero no sólo éste; también todos los demás servicios.

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Asimismo preocupa que se generen fuentes de empleo, pero, entonces, ¿por qué se restan incentivos a las empresas, como ocurrió con los cambios impositivos de este año? También se reconoce la necesidad de que los electricistas –y se podría añadir una lista con petroleros, microbuseros, ambulantes...–, demuestren más compromiso con el país, pero también los funcionarios públicos y los empresarios deberían hacerlo.

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Por desgracia, la propuesta, lejos de corregir fallas, se asemeja mucho a las disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Frente a la negación de racionalizar el comportamiento de los capitales, se obliga a los países a vender activos nacionales; de esa manera obtienen recursos que mantienen artificialmente una estabilidad sostenida a costa de la compresión del mercado interno. Sería bueno que los funcionarios analizaran con más cuidado las “virtudes” de la privatización argentina en la que se basan: no es un buen ejemplo, por lo que es necesario encontrar otras opciones.

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El autor es editor ejecutivo de Tendencias Económicas y Financieras.

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