Empresarios en fuga

Cuando fabricar en las cárceles deja de ser un buen negocio.
Tania Lara Ortiz

María Elena Rojas aún no se acostumbra al encierro. Odia el silencio del penal y la manera en que la tratan los custodios. “Un día de éstos me voy y no regreso más”, piensa cada mañana. Aunque Rojas ha estado más de 800 días en prisión, jamás ha despertado en una celda.

- Cada mañana, la regiomontana llega a las siete horas al penal de Cadereyta, en Nuevo León, y se retira a las cuatro de la tarde. En este lapso, 69 presos obedecen sus órdenes para maquilar 2,000 camisas semanales.

- Pero eso cambiará muy pronto. En unas semanas más dejará de comer lo mismo que los presos y discutir con los guardias que últimamente le ordenan desnudarse para permitir su entrada al centro de producción. Esta última regla nunca la ha obedecido, pero es una de las razones por las que la maquiladora de ropa para la que trabaja dejará de producir en la cárcel. “Han recrudecido la seguridad y las revisiones son exhaustivas”, dice Víctor Espino, director de Producción de la firma que emplea a Rojas.

- Rentar una nave industrial en la cárcel y tomar como empleados a los reos le genera a esta empresa un ahorro de 25% en sus costos de producción. Pero algunas normas del penal están diluyendo esta ventaja.

- Sólo en ingresar la materia prima se tardan aproximadamente seis horas, mientras los custodios revisan que todo esté en orden. Para retirar el producto terminado se requieren seis horas más.

- Espino tampoco está contento con la productividad de los talleres. “Los internos sólo trabajan para cubrir un horario y no les importa cuánto hicieron”, asegura. En su análisis, el trabajo que en el exterior requiere 35 personas, en el penal necesita 50.

- Antes, todo esto era diferente en el penal más moderno de México. Fiel a la vocación emprendedora de la región, el penal de Cadereyta es un centro donde 93% de los presos realiza actividades productivas, mientras que en el resto de la República sólo 8% de los reos trabaja, apunta un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

- Inaugurado en junio de 2001, este reclusorio fue diseñado para funcionar como un centro industrial con 14 naves productivas. En marzo pasado, había ocho empresas que empleaban a 106 presos. Este trabajo es administrado por Fomento Laboral Penitenciario (Folapac), una asociación civil conformada por cámaras empresariales de Nuevo León, autoridades locales y organizaciones religiosas.

- Las cuestiones de seguridad dependen de las autoridades del penal. En enero pasado, las autoridades les encontraron droga a los proveedores de agua y en el uniforme de un custodio. Por eso, Humberto Treviño, director del centro de Cadereyta, ordenó políticas más estrictas. “Los empresarios se han quejado por las nuevas medidas. Pero la puerta está abierta porque la seguridad es primero”, afirma.

- Folapac respeta las nuevas políticas de vigilancia, pero no puede evitar que los empresarios se vayan. Muebles Prommont, igual que la fabricante de camisas, también busca la retirada. “Cada vez es más ilógico trabajar aquí”, dice José Martín Galindo, gerente general de esta comercializadora.

- Desde la aparición de la droga en el penal, las autoridades exigen revisiones dobles a cada camión que sale del taller. “Antes, los muebles se pintaban adentro de la cárcel. Ahora no nos dejan y lo hacemos fuera”, se queja Galindo. El ensamble de puertas, que antes realizaban los internos, ahora también se hace en el exterior.

- Ausencio Flores, el supervisor de los internos, tampoco tiene teléfono para solicitar material o herramientas cuando éstas faltan en la carpintería de Cadereyta. Su salida del penal es cuestión de meses.

- Según Galindo, anteriormente, los ocho empresarios que arriendan naves industriales en este penal se reunían cada mes con el director para dar sugerencias para este proyecto. Pero eso se acabó. “En tres años, han habido tres directores y cada uno tiene una práctica nueva”, relata Espino.

- Lejos están los resultados de 2002, cuando entraron al sistema penitenciario. “El primer año fue muy bueno, no sentimos que estábamos en el penal y nunca tuvimos problemas de seguridad”, recuerda el productor de camisas.

- Caras más duras
Las caras de los custodios se han endurecido casi tanto como las medidas de seguridad puestas en marcha en todos los penales, sobre todo a partir de los hechos delictivos ocurridos en los últimos dos años en algunos de ellos.

- En enero de 2004, sicarios de la banda conocida como ‘Los Zetas’, asaltaron el penal de Apatzingán, en Michoacán, para liberar a cinco compañeros.

- En octubre pasado, el reo Miguel Ángel Beltrán Lugo, apodado ‘El Ceja Güera’, fue asesinado en el penal de La Palma. Otro homicidio ocurrió en diciembre pasado, cuando en plena sala de visitas un sujeto mató a Arturo Guzmán Loera, alias ‘El Pollo’.

- El gobierno vinculó estos hechos con bandas de narcotraficantes y vendetas propias de este gremio. Para la opinión pública, en cambio, lo que propició estos eventos fue la ineficiencia y la corrupción de quienes se encargan de cuidar el orden en lo penales.
“Nadie quiere salir en la prensa, por eso refuerzan la seguridad en las cárceles”, opina Fernando Tenorio, investigador de Derecho y Control Social en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

- Para él, el endurecimiento de las reglas en el penal de Cadereyta es coyuntural, pero está convencido de que este sistema de producción en los penales no funciona a largo plazo. “Una empresa que fabrica en la cárcel dura seis meses, en promedio”, asegura.

- De las 20 empresas que producen en alguna de las cárceles del Distrito Federal, 19 tienen menos de un año utilizando este sistema. La excepción de esta regla la representa Enkaplast, una compañía que hace ocho años empezó a fabricar plásticos en el penal de Santa Martha Acatitla.

- Este intento por hacer más seguros ciertos centros penitenciarios, como el de Cadereyta, contrasta con los beneficios aparentes de utilizar los penales como centros de producción.

- Según las autoridades penitenciarias, mantener a cada reo cuesta $110 pesos diarios que salen del presupuesto local. A los administradores de estas cárceles les urge hacerse de más recursos que compensen los gastos.

- La renta que cobra el gobierno del DF por usar las naves industriales varía entre $40 y $60 pesos el metro cuadrado. En Cadereyta, Nuevo León, el precio es de $27 pesos. “Una cárcel reduce 20% de sus gastos si renta talleres a las empresas”, señala Fabrice Martin, vicepresidente de la constructora francesa Bouygues, que edifica cárceles en el Estado de México, Veracruz y Michoacán.

- En Nuevo León, “las empresas generan ingresos que sirven para hacer un fondo que atienda las necesidades urgentes del penal”, declara Jorge Salazar, director de Readaptación Social del Estado.

- Según las autoridades, la producción industrial en los penales también ha disminuido los conflictos entre reos y ha acelerado su readaptación social. “La gente está dispuesta a trabajar”, reconoce José Antonio Bernal, tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Pero falta interés de las autoridades para retener empresas”.

- Es poco probable, sin embargo, que las empresas mejoren las condiciones de los reos dentro de los penales, uno de los rezagos más significativos de la industria penitenciaria y uno de los focos de la inseguridad en las cárceles.

- En el Distrito Federal, por ejemplo, el presupuesto para sus reclusorios aumentó 6.7% este año.

- No obstante, las autoridades creen que la población recluida podría aumentar aproximadamente 22% en este mismo periodo.

- Muchos penales siguen muy lejos de solucionar los problemas que les ocasiona la sobrepoblación que experimentan. La Comisión Nacional de Derechos Humanos cree que las cárceles del Distrito Federal tienen 56% más presos de los que deberían. Sólo hay dos casos más dramáticos que este caso: Sonora y el Estado de México, cuya sobrepoblación se calcula en 144% y 82%, respectivamente.

- Los que se quedan
Las maquilas que permanecen bajo este sistema laboral y geográfico de producción, son las que no cuentan con una planta en el exterior de la cárcel.

- Éste es el común denominador de Enkaplast, Confecciones Santoyo y Muebles Ispesa.

- Desde que, Ispesa entró a Cadereyta en 2003, la empresa ha crecido rápidamente. El primer año produjo 235 muebles. El año pasado logró fabricar 870 y este 2005 planea producir 3,000 muebles y, con ello, exportar a Estados Unidos. La palanca de este crecimiento es un fabuloso margen de utilidad de 60% (el doble que su competencia) que Ispesa ha conseguido con su estrategia de producir en las cárceles y tomar como obreros a los presos.

- “Mi competencia no saben dónde fabrico y por qué mis costos son más bajos”, dice Francisco Guerrero, director de Ispesa.

- Por el momento, tampoco se prevén nuevas retiradas en las cárceles del Distrito Federal, donde todavía existe una luna de miel entre empresarios y reclusorios. “Lo que en un taller nuevo se produce en 100 días, en la penitenciaría se ha logrado en 70”, dice Abel Leyva, director de Producción de la firma de lencería Vicky Form. Sus resultados son tan optimistas que en junio planea contratar a 100 internos más, que se sumarían a los 46 que actualmente laboran para la empresa.

-  Además de esta contratación, triplicarán la superficie del taller que actualmente arriendan, para entonces ocupar 700 metros cuadrados.

- Para esta marca, la pesadilla de la rotación terminó en la cárcel. En diciembre pasado, un nuevo taller de playeras que se instaló junto a su maquiladora en Hidalgo, se llevó a 90 de sus empleados en una semana. “Me desgració la producción”, lamenta Leyva.

- El directivo confía en que esto no le sucederá en la cárcel más antigua del DF. En los últimos tres meses, sólo dos presos han desertado. Esta cifra contrasta con el índice de rotación de 20% que sufren en la planta que tienen en el exterior y en donde laboran 1,800 empleados.

- Los productos que requieren mano de obra intensiva y se sujetan a temporalidades en la demanda, encuentran un paraíso flexible en la cárcel.

- “Si el mercado tiene un paro, yo debo mantener la plantilla en el exterior. Aquí si la demanda baja, ya no se factura más. Tengo esa facilidad”, explica Enrique González, socio de los plásticos Enkaplast en la penitenciaria de Santa Martha. El fabricante de joyería Oreda puede responder en tres semanas a una demanda alta y eso es una ventaja contra productos chinos, que tardan más en surtir pedidos para catálogos como Arabela y Füller.

- “El nuevo gobierno nos deja trabajar, nunca nos pone trabas y por eso es fácil estar en el reclusorio”, expresa José Delfino Reyes, dueño de la joyería.  Pero este hombre ignora si las facilidades se mantendrán cuando cambien los funcionarios del gobierno.

- Hasta ahora, la camioneta de Vicky Form tarda menos de dos horas en ingresar materiales a la penitenciaría y cuando se trata de llevar maquinaria nueva, el proceso dura hasta cuatro horas. Para Leyva esto todavía no es problema. “Estamos en una etapa de conocimiento”, expresa.

- Él sabe que en una cárcel, la seguridad no depende de la empresa y ellos se deben sujetar a las normas de las autoridades. Leyva también desconoce si los costureros mantendrán el mismo ritmo de productividad.

- Pero hay pronósticos en contra. “Al principio, el trabajo les fascina, pero después pierden el interés”, prevé Carmen Luna, catedrática de la UNAM.

- Tenorio, investigador de la UAM, también sostiene que una industria penitenciaria sólida necesita eliminar aspectos como el exceso de burocracia, la sobrepoblación y la corrupción. “Lo importante es que las empresas desarrollen una expectativa real para el interno”, añade el investigador.

- Para mantenerlos entusiasmados, las empresas podrían darles a los reclusos trabajo cuando una vez obtenida su libertad, pagarles un sueldo justo y un fondo para el retiro.

- “Normalmente, la empresa no cubre sus expectativas de producción y se retira”, dice Tenorio.

- Uno de los factores que explica el ahorro que obtienen las empresas al producir en las cárceles es que no pagan las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo exige a los patrones.

- Ni siquiera les pagan a los internos el mismo sueldo que una persona en libertad cobraría en el exterior del penal por hacer este mismo trabajo.

- Todo parece indicar que la industria penitenciaria es un flechazo de amor que, a fin de cuentas tarde o temprano, desilusiona a los empresarios que no obtienen la rentabilidad prometida, a los internos que pierden motivación por falta de planes para su libertad y a los gobiernos que necesitan tapar los huecos de seguridad antes que cualquier otra cosa.

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- Antes de que María Elena Rojas abandone el penal de Cadereyta y comience el recorrido de hora y media para llegar a su casa, ubicada en el municipio de Monterrey, anota el número 600 en el pizarrón del taller de camisas.

- Son las prendas que faltan para cubrir la producción mínima mensual. Mientras tanto, piensa por cuánto tiempo más, cada etiqueta esconderá una fábrica con rejas detrás de la leyenda “Hecho en México”.

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