Empresas en guardia

Entre los hombres de negocio hay rechazo a la miscelánea fiscal de diciembre. Los amparos inundan l
Alberto Bello /

En Márquez, Ojeda y Compañía el empleo tiene un comportamiento peculiar en estos tiempos de incertidumbre. Este despacho de asesoría fiscal ubicado en el Pedregal, una colonia residencial de la ciudad de México, acaba de sumar dos abogados a su plantilla de 45 trabajadores. En el mundo del derecho tributario, al menos, hay buenas oportunidades laborales en 2003.

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Las contrataciones responden a que en el curso del año la firma ha visto más que duplicarse las solicitudes de amparos contra algunos impuestos de la reforma aprobada en diciembre. “Ya conocemos los resultados de los presentados en años anteriores, y como las normas fiscales tienen vicios y defectos que las hacen inconstitucionales, creo que este año habrá más”, dice Óscar Márquez.

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Un amparo es un recurso judicial por el que un ciudadano va a los tribunales para no cumplir una ley por considerarla contraria a derecho. En impuestos eso significa acudir ante el juez antes de pagar para evitar el desembolso o después para que Hacienda lo devuelva con intereses. En 2002, según el informe del procurador fiscal de la federación, Juan Carlos Tamayo, se presentaron 7,010 recursos de este tipo en respuesta a los parches aplicados in extremis por la Cámara de Diputados en diciembre de 2001 a la Ley de Ingresos.

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Este año no cantan mal las rancheras. “El paquete no es tan controvertido como el de año pasado –dijo Tamayo en diciembre de 2002– pero estaremos presentes en todas las impugnaciones que haya.” Los buenos propósitos de Hacienda chocan con la realidad de una legislación que, según los fiscalistas, está llena de agujeros y que podría violar los principios de equidad –mismo trato para todos– y generalidad –mismo trato a los casos idénticos– establecidos por la Constitución.

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“Todo se deriva del fracaso de la reforma fiscal integral –opina Luis Gabriel Sienra, presidente del Colegio de Contadores Públicos– lo que veremos en los años próximos son reformas con enfoque recaudatorio que dirigirán a los sectores cautivos, con lo que se pierde de vista el concepto de integralidad.”

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El rechazo del Congreso al proyecto que presentó el Ejecutivo hace ya dos años para recaudar $120,000 millones de pesos al año con la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a todos los bienes, alimentos y medicinas obliga cada fin de año a arañar los pesos para que a Hacienda le cuadren las cuentas. Con cinco millones de contribuyentes registrados en el padrón, entre personas físicas y morales, lo que está sucediendo es que quienes cumplen son los que sostienen la carga fiscal.

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“México ya no es rentable”, asevera Yolanda Ramírez, asesora fiscal de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex). Algunos de sus clientes están despidiendo a sus trabajadores –ella piensa que en próximas fechas irán a la calle alrededor de 70,000 personas de su sector– mientras otros planean hacer maletas para mudarse a Centroamérica o a Asia. Según sus cálculos, la contribución al Seguro Social, el Infonavit, el crédito al salario nacional o estatal y el fondo de ahorro encarecen 40% los salarios, frente a 28% que estima para la supuestamente paternalista Europa.

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“Es falso que la presión fiscal en México sea baja”, asegura Sienra. Pese a que las tasas del impuesto sobre la renta son inferiores a las de otros países (34% este año, frente a 40% vigente en otras naciones para las empresas), la acumulación de ISAN, tenencia, predial o los gravámenes especiales dibujan un panorama mucho menos competitivo.

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Así que algunos han decidido no quedarse con los brazos cruzados. Este año las estrellas de los juzgados son el impuesto sustitutivo del crédito al salario –que ha golpeado a las compañías con mano de obra intensiva (textiles, autopartes, servicios, entre otras)–, la aplicación del IVA al reparto de alimentos a domicilio y la exención del pago de ISR por las bonificaciones a los empleados públicos y legisladores, que ha abierto la puerta del amparo a los trabajadores privados que reciben beneficios extra por su trabajo.

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Ampararse no está al alcance de cualquiera: cuesta aproximadamente $200,000 pesos. En el caso de los bonos puede repartirse entre varios si los amparados trabajan en la misma organización. Ojo, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza los casos que se acumulan sobre su mesa para sentar jurisprudencia, siempre cabe la posibilidad de perder el juicio.

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Tela para cortar
El impuesto de tenencia de vehículos se inventó para financiar los Juegos Olímpicos de 1968  y sigue vivito y coleando 35 años después. Un subsidio creado por el gobierno para compensar la caída del poder adquisitivo de los trabajadores en 1995 se convirtió el año pasado en un nuevo tributo: el impuesto sustitutivo al crédito al salario (ISCAS) que deben pagar las empresas por lo que dan a sus empleados bajo tal concepto o como 4% de la nómina. La propuesta inicial quería incrementarlo hasta 6% desde el 3% vigente, a partir de su aprobación el año pasado. Inicialmente era deducible –es decir, se podía acreditar contra el pago de otros impuestos–, pero desde 2003 sólo genera un ahorro fiscal de 34%, según Ramírez.

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Volkswagen, Televisa, Hitachi y McDonald’s son algunas de las corporaciones que se enfrentan en los juzgados a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Las compañías de menor tamaño preparan amparos en masa, esperando que la Corte dicte sentencia sobre si el ISCAS es o no inconstitucional por incidir en las empresas de mano de obra de bajos sueldos y no en todas, lo que violaría el principio de equidad.

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 “De lo que hablamos es de una infraestructura competitiva o no –opina Raúl Torres, director general de Compañía Industrial de Parras, uno de los primeros fabricantes de mezclilla del mundo–. Nos está matando el contrabando, que es el origen de 58% de las prendas que se venden, y si la luz cuesta más cara que en otros países, si los impuestos son mayores, son puntos que se acumulan contra la competitividad.”

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IVA a domicilio
El sushi que se pedía desde la casa o la oficina garantizaba hasta ahora un margen mayor para el restaurante que el del mismo platillo consumido, por igual precio, en sus instalaciones. Ello obedece a que no se debía pagar IVA. La miscelánea fiscal aprobada el último diciembre exigió el cobro de este impuesto, a razón de 15%, a las 18,000 empresas que reparten comidas a domicilio, 2,500 de ellas franquicias hasta entonces exentas.

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“El gobierno y las autoridades de Hacienda vuelven a agarrar al sector restaurantero como conejillo de indias”, asegura José Pesa, vicepresidente de Delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), en alusión al impuesto suntuario vigente en 2002 y ya suprimido. Los miembros del gremio estiman en $34 millones de pesos el pago que deberá hacer la industria. Grandes y pequeños han respondido con indignación al tributo.

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Dada la situación económica y la caída de las ventas, muchas compañías han decidido absorber el IVA en el precio. Sostienen el amparo con el argumento de que el impuesto es inequitativo desde el momento en que los alimentos preparados que se venden en los supermercados no están sujetos al tributo. “Compras unas tortillas y no están gravadas, el pan igual, está listo para consumir y te lo llevas. Esa es la inconstitucionalidad que está en la ley”, dice Lizette Chang y García, vocera de la Alsea, la compañía mexicana a la que pertenece Domino’s Pizza, una cadena que cuenta con más de 425 establecimientos en todo el país. La opinión del gremio es que tiene sentido pagar IVA por lo que se consume en el local –donde existe una inversión en infraestructura y un servicio–, pero no en el reparto a domicilio.

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Impreso en Hong Kong
No todos los sectores pueden recurrir al amparo. Algunos optan por la alternativa del cabildeo. Por ejemplo, los que provocan que muchos de los libros de diseño o de arte de editoriales mexicanas lleven el sello “Hecho en Hong Kong”. De nuevo, el afán recaudatorio o el de proteger a determinados productores ha puesto contra las cuerdas a la industria gráfica, que ve cómo el sector editorial manda imprimir sus libros en otras regiones del orbe: en Sudamérica o Asia, por mencionar dos casos.

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El motivo son los aranceles que pagan los impresores por las materias primas: tintas, equipo y película del que están exentos los productos terminados, como las revistas procedentes de Estados Unidos, China o Europa. Rafael Sáenz, de la importadora Lithkem y presidente de la Asociación Nacional de Industriales y Distribuidores Gráficos (Anidigraf) ha visto cómo alguno de sus clientes perdían un pedido en favor de alguna imprenta colombiana –generalmente beneficiada por ayudas a la exportación de las que carecen las mexicanas–. “Tenemos la tecnología y la capacidad instalada, pero perdemos competitividad por los aranceles elevados”, explica el directivo.

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“Se comienza a legislar por excepción y se pierde la generalidad y equidad constitucionales –apunta Sienra, del Colegio de Contadores– y Hacienda queda expuesta a perder muchos juicios. Antiguamente los perdían porque no tenían gente instruida; hoy lo hacen porque no tienen el soporte jurídico para poderlos ganar.”

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Lo cierto es que los legisladores son quienes tienen la última palabra, ya que la Cámara de Diputados aprueba o no una iniciativa fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público rehusó comentar sobre el tema.

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A nadie le gusta pagar impuestos, pero alguien tiene que hacerlo. La queja de los sectores afectados es que se sienten golpeados por ser los únicos que están en la legalidad.

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“Nuestra inconformidad es que lo que sea valido para uno lo sea para todos. Que se pongan de acuerdo”, pide Chang y García, de Alsea.

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Sienra no espera muchas sorpresas en lo que llama “el pequeño lapso de cordura” entre las elecciones legislativas del 6 de julio y el inicio del próximo periodo de sesiones.

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Algunas voces extraoficiales creen posible un acuerdo sobre la reforma integral en el que sería clave la introducción gradual del IVA generalizado, tal vez a una tasa más baja que el 15% propuesto por el Ejecutivo en 2001.

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Óscar Márquez anticipa que no sería tan sencillo y que a los dos nuevos abogados de su despacho podría unirse alguno más. “Hay una evasión flagrante que es ignorada por las autoridades fiscales –argumenta, aludiendo al comercio informal–. Si se aplica un IVA generalizado no se podrá fiscalizar a todos los pequeños establecimientos, habría nuevamente inequidad.”

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De todos modos, si hace dos años resultó imposible lograr consensos, parece poco probable que las normas fiscales dejen atrás las excepciones, exenciones y tratamientos especiales que minan su legitimidad. “Déjeme externar mi incredulidad de que veamos esa reforma este año”, dice Sienra.

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