En las entrañas del Software ilegal

México perdió, tan sólo en 1998, $147 millones de dólares y 28,000 empleos de alta calidad y bie
Julieta Castro Toral

Según el reporte más reciente dado a conocer por la Business Software Alliance (BSA), que representa a las compañías líderes del mundo en el desarrollo de software, tres de cada cinco programas que se distribuyen en México son ilegales o piratas, es decir, copias no autorizadas de productos de software protegidos por las leyes de derechos de autor y los tratados internacionales.

- A pesar de la falta de soporte técnico, las nulas garantías, la imposibilidad de obtener actualizaciones, el peligro de virus, el riesgo de enfrentar sanciones judiciales y otras eventualidades a las que se exponen los usuarios de este tipo de software, el uso ilegal de programas y aplicaciones está ampliamente extendido.

- Jorge Amigo Castañeda, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), asegura que en prácticamente la mitad de las empresas que ese organismo –descentralizado del gobierno– ha visitado hay programas pirata. Amigo Castañeda encuentra dos problemas: “El menos grave es la compra de programas de cómputo ilegales. No digo que no sea importante, pero lo más grave es que la mayoría de las empresas que hemos visitado tiene un programa legítimo cargado en más de una máquina, y no está pagando una licencia multiusuario.”

- La piratería no respeta jerarquías, clase social, grado educativo ni sectores, lo mismo hay escuelas de cómputo donde hasta 500 computadoras están cargadas con un solo paquete sin pagar las licencias multiusuario, que casos en verdad dramáticos, como el de Bital, un banco que empleaba un solo software para toda su red. “Esto no quiere decir que haya sido el único banco (en cometer este tipo de ilícito); puedo asegurar que después de haber visitado este se corrió la voz en otros”, refiere el  director del IMPI.

- Es un problema generalizado, admite, pues “aunque este tipo de prácticas son indebidas, mucha gente o no lo sabe o piensa que nadie se va a enterar”.

- Error. Amigo advierte que el instituto no está cruzado de brazos, cuenta con recursos cada vez mayores y efectúa entre 250 y 300 visitas mensuales a negocios distintos, “por lo cual, a aquellas empresas con software ilegal tarde o temprano les vamos a caer”.

- Guillermo Mendoza, gerente de licenciamiento de Microsoft México, considera que el crecimiento acelerado del número de usuarios de equipos de cómputo, tanto en empresas como en hogares está auspiciando la expansión de la industria y, al mismo tiempo, de la piratería. “La computadora se necesita para trabajar, es algo tangible, en cambio el software plantea la alternativa de copiarse de manera óptima y a bajo costo, por eso la gente fácilmente comete un delito de piratería.”

- Mendoza opina que el alto costo del software es un mito, ya que los programas más pirateados en el mundo –los juegos y los sistemas operativos– son los más baratos, por lo que el argumento de que mientras más caros más se piratean resulta insostenible.

- Autodesk, compañía especializada en software para diseño y miembro de la BSA, asegura en voz de su gerente en México, Javier Tejeida, que el precio está en relación con los beneficios que ofrece el producto. “Nosotros no consideramos que sea factor decisivo para que la gente haga piratería de software, porque entonces no harían piratería de productos que no son tan caros –o que incluso son baratos–, como algunos de Symantec o de Microsoft.”

- La BSA está convencida de que si los afectados y las autoridades unen esfuerzos, y se logra crear una real conciencia en el usuario de que los programas pirata no cuentan con garantía ni soporte técnico, entre otras desventajas, en unos cinco o seis años la duplicación ilegal de software en México podría bajar en 25%, como sucede en los países desarrollados.

- Los piratas avanzan
Desde las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Propiedad Industrial –publicada el 17 de mayo de 1999 en el Diario Oficial de la Federación–, la reproducción y uso ilegales de software se califican como un delito grave; quien incurra en él tendrá de tres a 10 años de prisión.

- De acuerdo con la BSA, en 1999 se realizaron 116 operativos, 56 a través del IMPI y 60 con la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR); se desmantelaron siete laboratorios en la Ciudad de México, se consignó a 32 personas y hay 12 bajo proceso penal, sin derecho a fianza.

- Everardo Moreno Cruz, subprocurador de procedimientos penales “A” de la PGR, asegura que se han realizado operativos importantes gracias a los cuales se ha podido detener a  comerciantes que manejaban un sinnúmero de copias ilegales. Vale anotar que este delito se persigue por querella, es decir, mediante denuncia; pero, igual que el denunciante puede solicitar acción penal contra el pirata de software, también puede darle el perdón. Esto, opina el funcionario, resulta ser un aspecto clave del proceso judicial ya que se deja de actuar cuando los ofendidos otorgan el perdón y en muchos casos ese perdón se obtiene a cambio de dinero, algo que la Procuraduría ve muy mal, confiesa Moreno.

- Al respecto, el IMPI piensa que esta forma de negociar de las empresas “genera ruido”. Amigo apunta: “Si se considera delito grave a la piratería, lo lógico sería que no se tuviera la oportunidad de otorgar el perdón al delincuente. No obstante, el sistema jurídico mexicano permite ese tipo de salidas en el caso de que a alguna persona se le hubiera consignado indebidamente; la desventaja es que si en realidad es un pirata y se pone de acuerdo con la empresa que lo demandó, la autoridad judicial ya no puede hacer nada.”

- Mendoza añade: “Nosotros levantamos una denuncia para que las autoridades actúen y una vez que se atrapa al culpable, se piden indemnizaciones. Tratamos de que nos reparen el daño porque la persona detenida por varios años ha utilizado el producto sin pagar una licencia.”

- Más conciliador, Fernando Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de la Información (AMITI), que congrega a los distintos sectores que conforman este ámbito de negocios, afirma: “La ley es muy clara, lo que se hace es lo mismo que se hace con otras instancias judiciales, hay una etapa de conciliación durante la cual las partes se reúnen, pueden llegar a un acuerdo donde los usuarios ilegales regularicen su situación. Más de 80% de los casos que hemos atendido se han resuelto por esa vía.”

- Amigo resume así los esfuerzos del organismo que preside: “Lo que estamos haciendo, tanto el IMPI como la PGR, apoyados por todos los abogados que se dedican a este tema de piratería, es investigar dónde está la fabricación, cuál es la red de distribución y, evidentemente, llegamos hasta los mercados. A veces no es fácil. Es un trabajo de detectives.”

- También la PGR expone su postura. “Las personas que venden software ilegal en la calle no estarían cayendo dentro del supuesto de delito grave, lo cual es explicable porque, aunque estén incurriendo en una conducta indebida, no se puede castigar con la misma severidad al que vende en la calle, al que vende en un establecimiento o al que lo está produciendo.”

- Contra lo que dicen algunos afectados, Moreno Cruz considera que no es necesario hacer una nueva modificación a la ley: “Tratándose de propiedad intelectual no necesitamos reformas, lo que necesitamos es que se presenten más querellas, no hay una sola que no sea atendida. Tenemos los instrumentos legales, como la Procuraduría que está empeñada en atacar este fenómeno.”

- Microsoft refuta esa postura: “Nosotros necesitamos que se mejoren las leyes de propiedad intelectual para que se impongan penas mayores, nos gustaría que estuvieran tomados en cuenta dentro de esa ley los daños y perjucios, no tener que ir a pelear en otras vías, como la civil. Nos gustaría  que la ley no distinguiera entre el que vende dentro y fuera de un techo; todo aquel que venda producto ilegal debe ser considerado como delincuente”, exige Enrique de Icaza, director jurídico de la empresa.

- El abogado subraya que en México no existe una ley que tipifique a la piratería como un delito de evasión fiscal, no obstante que al no pagar los impuestos a que obliga la adquisición de un programa de software, se está incurriendo en defraudación fiscal.

- Casos como el de Italia ilustran bien los efectos positivos de detener la evasión fiscal originada por la piratería. Hace cuatro años ese país tenía el mismo nivel de piratería que México, pero con el involucramiento de la policía fiscal en un año se redujo 30% la duplicación y uso ilegal de software.

- La BSA continúa sus gestiones para convencer a Hacienda de que es necesaria la intervención de la policía fiscal para atacar de frente este problema.  Pero la realidad demuestra que la situación aún es grave, pese a las campañas en los medios de comunicación, los programas de descuento para que los estudiantes puedan adquirir software de manera legal (tal como lo está haciendo AutoDesk en algunas de las universidades del país), los operativos de la PGR, las inspecciones rutinarias del IMPI y la interlocución de la AMITTI entre usuarios y fabricantes para lograr arreglos en caso de detectar el uso ilegal de software. De 1994 a la fecha la piratería en México sólo se ha reducido en 9%.

Ahora ve
¿Te imaginas que te pagaran por irte a trabajar en bicicleta eléctrica?
No te pierdas
×