En pie, la venta de electricidad a Calif

La justicia estadounidense autoriza a firmas multinacionales a seguir exportando desde Mexicali.
David Shields

Sempra Energy e InterGen podrán exportar electricidad, durante por lo menos un año, desde sus centrales recién construidas en Mexicali, Baja California, de acuerdo con el fallo emitido por Irma González, jueza de distrito en San Diego.

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La magistrada rechazó la petición de Earthjustice y de otras organizaciones ecologistas que buscan la revocación de los permisos otorgados por el Departamento de Energía de Estados Unidos para proveer de energía a la red de California.

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Los ambientalistas demandaron el año pasado a la dependencia, afirmando que había violado las leyes federales al expedir su aprobación. Sostienen que ambas firmas –que figuran entre las presuntas culpables de la crisis eléctrica en California en 2000 y 2001– habían instalado sus plantas del lado mexicano de la frontera para no tener que cumplir con ciertos requisitos ambientales del estado, y que las centrales, aun estando en México, causarán daños a la calidad del aire en el Condado Imperial y en el agua del Mar Salton.

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En mayo pasado González dictaminó que el Departamento, al otorgar permisos presidenciales para las líneas de transmisión, no había evaluado adecuadamente el impacto que las centrales y las líneas tendrían sobre la ecología californiana.

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Sempra e InterGen decidieron instalar sus fábricas en México y exportar energía, a raíz de que el gobierno de Estados Unidos le pidió al país que exportara electricidad para paliar la crisis.

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Ahora cuentan con un año de respiro, mientras el Departamento de Energía realiza un nuevo análisis del caso para ratificar o, en su caso, modificar los permisos. Por lo pronto, las líneas de transmisión pueden operar, pero su futuro es incierto.

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Al conocer todos los detalles de este caso, las senadoras Dianne Feinstein y Bárbara Boxer, así como el representante Richard Filner, presentaron proyectos de ley para detener la compra de electricidad a plantas generadoras en México y contra la venta de gas natural, de origen estadounidense, para su uso como combustible en esas plantas. Tales iniciativas, que todavía no han sido dictaminadas, crean un riesgo político potencial para todos los proyectos de gasoductos y generación eléctrica en el lado mexicano de la frontera.

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