Energía <br>Se acaba el plazo
Lo importante no es quién sea el propietario de los activos, sino construir la nueva infraestructura energética que requiere México para lograr un crecimiento económico de 7% anual. Este es uno de los argumentos con los que el presidente Vicente Fox justifica su posición de “no, no y no” privatizar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), como enfatizó en su discurso de toma de posesión.
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Sin embargo, permanece el reto de encontrar fórmulas para elevar sustancialmente la inversión privada en el sector energético nacional, en tiempos en que el presupuesto federal no alcanza para más. El secretario de Energía, Ernesto Martens, señala que evalúa diferentes opciones en ese sentido a fin de tener listas sus propuestas de reforma en energía eléctrica y petroquímica en los primeros 100 días de gobierno.
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Los rezagos en la infraestructura energética de México son enormes. En electricidad, el margen de reserva de generación ha caído a casi cero. En petróleo y gas se postergan los programas prioritarios de exploración desde principios de los años 90. En refinación, sólo se ha modernizado una de las seis plantas de Pemex, a pesar de que se precisó, hace un sexenio, la urgencia de ampliar todas ellas para evitar su obsolescencia y cierre. En petroquímica, no hay inversiones nuevas en la última década.
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“En ausencia de privatizaciones, se abre la perspectiva de que los particulares participen asociados con las empresas estatales. Hay muchísimo por hacer en todos esos ámbitos”, dice Gilberto Ortiz, presidente del Comité de Energéticos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). No obstante, agrega que la iniciativa privada nacional “ha perdido mucho terreno en el sector; es necesario hacer un gran esfuerzo para obtener mayor participación en los proyectos”.
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México necesita de una inversión de $32,000 millones de dólares anuales –6.2% del PIB nacional– para paliar el atraso en infraestructura, de los cuales $13,000 millones deberán destinarse al sector energético, según se informó durante la reciente presentación del Proyecto Nacional de Infraestructura Estratégica, elaborado por el equipo de transición de Fox.
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Al respecto, Pedro Strassburger Frías, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), comenta que “estamos muy lejos de cubrir ese requerimiento mínimo”; actualmente sólo se destina, a través de inversión presupuestaria y financiada, alrededor de la mitad de los montos considerados indispensables.
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En pocas palabras, la inversión privada ya no es vista como complemento de la pública, sino motor indispensable para la construcción de nueva infraestructura.
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Energía eléctrica
La prioridad oficial en la apertura del sector energético es lograr la aprobación de una reforma eléctrica, a fin de que el capital de riesgo participe libremente en la mayoría de los segmentos de la industria; es decir, la generación termoeléctrica, la distribución y la comercialización, mientras que el Estado mantiene el control sobre la transmisión de energía, los activos de CFE y Luz y Fuerza del Centro, y la energía geotérmica y nuclear.
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Será necesario encontrar fórmulas para que las compañías privadas financien la construcción de centrales generadoras. Pero, en la medida en que se demore la apertura al capital de riesgo que propone la reforma, la CFE deberá seguir licitando centrales bajo el esquema de Productor Independiente de Energía (PIE), aunque implica que el Estado otorgue garantías financieras.
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Con o sin avances en la reforma, se espera, en breve, la presentación de nuevas reglas para que los generadores privados, operados actualmente bajo esquemas de autoabastecimiento y cogeneración, puedan vender sus excedentes sin restricción a la CFE. En tanto, la transmisión –considerada como un monopolio natural– requiere inversiones elevadas, lo cual obligará a la CFE a continuar realizando concursos para ampliar la red.
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“Las metas económicas de la administración actual –PIB a 7% y la creación de 1’350,000 empleos anuales–, implica que la capacidad del sistema eléctrico nacional deberá crecer 9% cada año; un nivel sin precedente”, afirma Ricardo Charvel, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Energía Eléctrica (AMEE).
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La planeación de la CFE estima que la mayor parte de esa ampliación de capacidad será con base en centrales de ciclo combinado que usan gas como combustible. “Este tipo de plantas son las más ventajosas; son económicas y rápidas de construir”, asegura Charvel. Agrega que la competencia incentivará la inversión en el sector, además de tener otros beneficios como calidad, precios competitivos y garantías de suministro.
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Los montos de recursos privados requeridos en electricidad, según la AMEE, son de entre $1,800 y $2,400 millones de dólares al año en generación, más unos $3,000 millones de dólares anuales adicionales en transmisión, distribución, pagos a las centrales tipo IPP existentes, mantenimiento y otras inversiones. En un caso optimista –suponiendo el éxito de la apertura– llegaría a cifras superiores, con lo que se sustituiría gran parte de la infraestructura obsoleta, sobre todo en distribución.
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La política eléctrica, sin embargo, no se podrá basar sólo en centrales de generación termoeléctrica a gas. En este sexenio se construirá una nueva carboeléctrica en las costas del Pacífico, así como dos centrales hidroeléctricas, una en Guerrero y otra en Michoacán, según informa Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE. Esta clase de proyectos implica grandes obras de construcción, y suelen favorecer a las empresas nacionales del ramo, además de requerir mucha mano de obra.
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Petróleo y gas
Aunque no se prevén cambios en las restricciones constitucionales relativas a las obras de exploración y producción de petróleo y gas, continuará por lo menos durante tres años más el macroproyecto Cantarell de Pemex y habrá necesidad de fortalecer la exploración –actividad semi abandonada durante casi 10 años–, incorporar nuevas reservas y empezar a producir en campos y regiones no explotados.
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Todo esto implica que habrá trabajo a través de contratos de servicios, otorgados vía licitación pública. Muchos de esos contratos han sido muy lucrativos y están sujetos a una apertura gradual –casi total– a empresas extranjeras bajo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), que aportan tecnología y servicios especializados.
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La inversión en el Proyecto Cantarell es del orden de $10,500 millones de dólares; de ese monto, $5,000 millones ya se erogaron y otros $5,000 se gastarán en los primeros tres años del presente sexenio. A pesar de que los principales contratos del proyectos ya se adjudicaron, la preponderancia económica de las obras de producción petrolera aseguran un fuerte ritmo de inversión en nuevos planes de desarrollo.
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Además, se deberá emprender un programa agresivo de exploración y producción de campos de gas natural seco, como nueva prioridad de Pemex. Se estima gastar, en el largo plazo, $12,000 millones de dólares en el Programa Estratégico de Gas, monto a considerarse como el gasto mínimo necesario frente al acelerado crecimiento de su demanda.
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El ex secretario de Energía, Luis Téllez, envió señales a la iniciativa privada de que la actividad de exploración y desarrollo de campos de gas seco podría abrirse totalmente al capital de riesgo en varias cuencas con reservas posibles en campos de limitada rentabilidad. El gobierno de Fox no ha avalado esa propuesta, que requeriría un cambio constitucional. Por razones políticas la opción podría resultar inviable, pero ello no excluye la posibilidad de apertura dentro del marco legal actual, bajo un esquema similar al CAT (Construir-Arrendar-Transferir) que permitiría a empresas privadas realizar las obras en los pozos y transferir éstos a Pemex para operar la producción.
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En cuanto al transporte y a la distribución de gas natural –abierto a los particulares y ampliamente promovido en el sexenio pasado– existe el temor de que los altos precios del combustible, además de la carga de trabajo de las compañías del ramo, elimine los incentivos para construir nuevos ductos grandes e iniciar proyectos de distribución en más ciudades. No obstante, la Comisión Reguladora de Energía lleva a cabo una consulta pública nacional cuyo fin es buscar formas de orientar e incentivar la participación privada en el ramo del gas natural.
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En cuanto a la distribución de gas LP, queda pendiente la posibilidad de entrada de capital extranjero en algún momento, actualmente sólo para mexicanos. Ello requeriría cambios a la Ley de Inversiones Extranjeras y parece ser que no se realizarán.
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Refinación
Para muchos observadores, la prioridad en refinación es avanzar más rápidamente con la modernización de las seis plantas de Pemex, y crear mecanismos de financiamiento para la participación de compañías nacionales en esas obras, a fin de que no sólo las realicen compañías coreanas, como sucedió con las cuatro obras de actualización de refinerías adjudicadas durante el sexenio de Zedillo.
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De las seis refinerías, la de Cadereyta casi está terminada y ya iniciaron la modernización de otras tres: Madero, Salamanca y Tula. Aún falta concursar y asignar las dos grandes del sureste, Minatitlán y Salina Cruz, no incluidas en el presupuesto de 2001. En el presente sexenio se tendrá que decidir si se requiere construir una o varias refinerías más para satisfacer la creciente demanda de combustibles del país. Actualmente, México lo importa para cubrir alrededor de la cuarta parte de las necesidades.
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El secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, menciona la posibilidad de “internacionalizar Pemex”, haciendo que invierta en refinerías en el exterior para procesar crudo mexicano allí y traerlo convertido en gasolina. La Constitución prohibe la inversión privada directa en plantas refinadoras y no se prevén cambios en ese renglón.
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Petroquímica
En cambio, la Constitución no restringe la inversión privada en la llamada “petroquímica secundaria”. El presidente Fox afirma que, como no existen obstáculos legales a la inversión en nuevas plantas petroquímicas, las compañías del ramo pueden invertir a partir de ahora. Sin embargo, como lo reconoce Eduardo Sojo, comisionado del Gabinete Económico, faltan incentivos para que las nuevas inversiones se realicen y eso es lo que el gobierno deberá atender.
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La nueva estrategia en petroquímica tendrá que ofrecer un plan para reactivar la inversión en la industria en general, y ello implica partir del espinoso problema de qué hacer con las plantas de Pemex-Petroquímica que no han recibido recursos en una década y que registran creciente obsolescencia. El presidente Fox tiene el compromiso de no privatizarlas, pero ¿cerrará las que han dejado de ser rentables?
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“Está demostrado que la falta de incentivos y de un buen manejo de la inversión privada hizo que se desplomara la petroquímica mexicana. Ahora urge reconstruir todas las cadenas productivas, y la inversión privada nacional y extranjera podrá y deberá tener una participación clave en esa tarea”, señala Ortiz, de Canacintra.
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La solución, por lo menos para los complejos más viables de Pemex, como Morelos y La Cangrejera, podría ser a través de la búsqueda de asociaciones entre Pemex-Petroquímica y la iniciativa privada. Estas alianzas serían de diversos tipos, según la línea de negocios y sus objetivos. Habrá coinversiones para financiar la modernización de las plantas de Pemex con recursos privados, a cambio de garantías de abasto de la producción de las plantas.
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Por ejemplo, empresas privadas financiarían la ampliación de las plantas de etileno de Pemex, con tal de recibir el etileno para proyectos propios, como la construcción de plantas de producción de polietileno y glicoles. Sin embargo, es importante que se defina con claridad cuáles son los proyectos específicos en los que Pemex buscará crear asociaciones.
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El reto principal en petroquímica, no obstante, será el de atraer nuevas inversiones hacia la construcción de plantas privadas. La inversión privada a 100% no es restringida por ley, pero los inversionistas no muestran interés en construirlas por diversas razones, entre ellas, los precios poco competitivos del gas y de otros insumos petroquímicos, la falta de contratos de largo plazo con Pemex para la compra de insumos, la ausencia de incentivos fiscales y la deficiente infraestructura carretera, aérea y portuaria en el sureste del país.
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Si todo es cuestión de crear incentivos para la inversión, como dice Eduardo Sojo, el reto será aclarar cuáles son. Es algo que Ernesto Martens seguramente revelará al cabo de los 100 días, cuando dé a conocer su propuesta para la petroquímica.