Energía. Precios altos vs. desabasto
Se eliminarán los subsidios y aumentarán las tarifas eléctricas, dicen las autoridades del sector. No es cualquier cosa, ya que tal apoyo económico ascenderá a $55,000 millones de pesos en 2001. El argumento oficial: si los costos no se incrementan el consumo se disparará, rebasará la capacidad de generación y habrá riesgo de desabasto de electricidad en el país.
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Entonces, ¿no queda más que apretarse el cinturón? Curiosamente, en el caso del gas natural y del licuado de petróleo (LP) los precios bajaron a principios de este año, a pesar de que el país ya es deficitario en su producción. Se importa alrededor de 6% del consumo nacional del primero y 30% del segundo. Las presiones de los industriales y de la sociedad, en esta ocasión, resultaron más fuertes que la voluntad gubernamental.
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En cuanto al gas natural, se derrumbó la teoría de que los usuarios deben pagar un precio que fluctuaría de acuerdo con una referencia internacional. En su lugar se estableció un valor fijo de $4 dólares por millón de unidades térmicas (Btus) durante tres años. Respecto al LP , el precio bajó 7% por decreto presidencial –con un impacto que repercutió íntegramente en los distribuidores– debido a las protestas de políticos y amas de casa.
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Las interrogantes son muchas. ¿Por qué no hacer lo mismo con la gasolina ? Si ésta es en México más cara que en Estados Unidos, ¿sería justo aplicarle otro impuesto de $0.20 pesos como parte de la reforma fiscal integral? Dado que en el caso del gas natural se desligó el precio internacional del que paga el usuario final, ¿por qué no hacer lo mismo para reducir los importes de venta del combustóleo, diesel y gas LP?
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"¿Por qué no promover una baja generalizada de las tarifas de los energéticos para dar mayor competitividad a la economía nacional?" pregunta Gilberto Ortiz, presidente del Comité Ejecutivo de Energéticos de Canacintra. En su opinión, los precios deben establecerse de modo que permitan a las empresas contender en el mercado y no con el fin de financiar el gasto público. Una disminución en la gasolina, por ejemplo, ayudaría a frenar la inflación.
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"Los precios de los energéticos en México no están ligados a sus costos de producción. En muchos casos son mucho mayores, porque el objetivo es aportar recursos al erario federal. Por lo mismo, cuando los funcionarios dicen que estos recursos están subsidiados, sus afirmaciones no resisten ningún análisis. No se ve ninguna relación entre el costo del kilowatt-hora o del litro de gasolina y lo que el consumidor paga por ellos", puntualizó.
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Según cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), que consideran producción de crudo, transformación en gasolina y gastos administrativos relacionados (salarios, etcétera), el costo de producción de un litro del combustible es $1.81 pesos, mientras que el público paga $5.36 pesos por el tipo Magna en las gasolineras.
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Habría que realizar una comparación similar a propósito de los petrolíferos. "Aquí no hay subsidio –dice Ortiz–. Más bien el precio, que no es de mercado, es más alto en el país que en Estados Unidos. México tiene el recurso natural, pero la industria y los consumidores no lo sienten de esa manera."
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Las autoridades dicen que los subsidios a la electricidad "son un cáncer", pero –a juicio del industrial– no se cuenta con información objetiva para analizar si esto es cierto o en qué forma fijan las tarifas.
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Al establecer los precios de los energéticos de acuerdo con referencias internacionales "simplemente anulamos las ventajas competitivas que tiene México por poseer petróleo", opina José Luis Manzo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco (UAM-A). Como el país tiene reservas abundantes, el costo de producción es más barato aquí que en Estados Unidos. Para aprovechar esa circunstancia, la venta al público debería considerar el costo de producción, más una ganancia atractiva y sin subsidio. Así, la gasolina y el gas LP "costarían casi la mitad de su precio actual".
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Víctor Rodríguez, investigador de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que todo incremento en las tarifas de los carburantes por aumento de impuestos tiende a afectar la competitividad de la economía mexicana; sobre todo si se considera que la mayor parte del transporte de mercancías se efectúa por carretera y que la demanda de los combustibles es inelástica; lo que significa que, ante el alza en el precio, la cantidad demandada no baja significativamente en el corto y mediano plazos.
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La lógica oficial
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¿Cómo se ven las cosas desde la perspectiva oficial? Un factor toral que influye en la política de precios es la insuficiencia en la producción nacional. De la energía que se consume en México, 10% es importada. A pesar de que nuestro país es un importante exportador de petróleo, es un comprador neto de todos los combustibles líquidos y de gas natural, y es apenas autosuficiente en la generación de electricidad. La autonomía en este último rubro es esencial, ya que las interconexiones con Estados Unidos aún son débiles y permiten adquirir en ese país sólo alrededor de 2% del consumo nacional.
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La lógica oficial propone que si los precios de los energéticos no aumentan, por lo menos al mismo ritmo que la inflación, se dispararía la demanda. Esto provocaría importaciones muy elevadas que tendrían un fuerte impacto en la balanza comercial. En el caso de la electricidad, el incremento del consumo implicaría desabasto y graves problemas económicos y sociales. Lo mismo ocurriría si no hubiera disponibilidad de combustibles líquidos en el exterior para poderlos comprar.
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Además, de acuerdo con las prospectivas que ha publicado la Secretaría de Energía, el déficit entre la oferta y la demanda continuará por lo menos en la próxima década, aun cuando se lleven a cabo los proyectos previstos en la planeación energética oficial.
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En gas natural se pronostica un crecimiento anual de la demanda de 10.1%, lo cual significa un incremento de casi 119% en diez años. La proyección supone que este combustible desplazará al combustóleo en la mayor parte de las centrales generadoras del país. En cambio, se prevé un aumento de sólo 7.1% anual en la oferta de gas producido localmente, incluso en el supuesto de que Pemex encuentre reservas significativas no asociadas al petróleo. Las crecientes importaciones cubrirán la diferencia.
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En gasolinas, la curva ascendente de las necesidades para los próximos 10 años rebasa en todo momento la del abasto. El déficit tenderá a ampliarse en el largo plazo, aun en la hipótesis de que Pemex logre modernizar y ampliar todas sus refinerías en los tiempos previstos, y construya una nueva.
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En lo referente a electricidad, el margen de reserva operativo respecto a la capacidad de generación del país ha bajado de 24 a 4% en los últimos cinco años, y las autoridades advierten que habrá que realizar inversiones por $45,000 millones de dólares en nueva infraestructura en la próxima década para mantener cierto nivel de provisión y evitar desabasto y apagones.
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La reciente decisión de reducir el precio al público del gas LP genera una nueva preocupación para las autoridades. México importa 30% del consumo de este combustible y la previsión oficial es que mantendrá este perfil deficitario durante 10 años más. La baja de 7%, generada por protestas político-sociales, contrasta con el propósito original de las autoridades, que era el de elevar mensualmente el precio 2% durante 2001. Estos aumentos se habrían aunado al 44% de incremento acumulado en 2000.
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Ahora se ha roto la idea de que la tarifa de dicho energético siempre aumentará, lo que a su vez rompe con la intención de controlar la demanda a través del precio. "Esto cambia radicalmente la perspectiva de la demanda de gas LP. Permite prever mucha más que la que estima la prospectiva oficial", comenta Rodríguez Padilla.
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Justo Medio
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De ahí las preguntas: ¿qué sucedería si hay presiones político-sociales –como es probable– y el gobierno no lograra imponer la eliminación de los subsidios a la electricidad?, ¿qué efectos tendría la reducción del precio de la gasolina? Si pasara algo así, las autoridades perderían un valioso instrumento para contener el aumento de la demanda en esos rubros. Pero no sólo eso: en el caso de mantenerse las subvenciones a la energía eléctrica para hogares y agro, el gobierno no podría ahorrarse los recursos destinados a ellos.
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Cáncer económico
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Los subsidios a la electricidad se eliminarán en forma paulatina porque "son un cáncer que provoca una economía perversa", asegura el secretario de Energía, Ernesto Martens. Con el fin de corregir el problema se diseñará una estrategia para afectar lo menos posible a los sectores más pobres de la población, asegura el funcionario, sin explicar cómo se les protegerá.
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A partir de julio, los recibos de luz detallarán cuál es el costo real del servicio y cuánto es el apoyo del gobierno.
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Según Víctor Rodríguez, "cuando sea conocido el subsidio habrá presión para reducirlo en el caso de los usuarios con mayor capacidad económica".
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Expertos en la materia coinciden en que elevar el costo de la electricidad frenaría la demanda. La política de precios de la gasolina tuvo ese efecto durante la década pasada: a principios de los años 90 ésta aumentó vertiginosamente, pero a partir de 1993, con los precios en continuo ascenso, se mantuvo sin crecimiento hasta el año pasado. Sin embargo, también es cierto que cuando se detiene la demanda de energéticos se corre el riesgo de reducir el dinamismo económico del país.
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Uno de los argumentos que pesará en el debate sobre electricidad será la propuesta de crear esquemas progresivos de costos (a mayor consumo mayor tarifa), porque muchos consideran que hoy son regresivos para los usuarios domésticos. La iniciativa de Vicente Fox para abrir y reorganizar el sector eléctrico –la cual aún no llega a discutirse en el Congreso– plantea que el subsidio sea sólo para los consumidores con pocos recursos y se elimine, aunque sea en forma gradual, en el caso de las empresas.
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Documentos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) indican que 40% de los usuarios con menor consumo sólo reciben 10% del subsidio total, mientras que 20% ubicado en el otro extremo concentra 40% de la subvención.
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Situación similar se presenta respecto al gas doméstico. Según Carlos Imaz, dirigente del Partido de la Revolución Democrática en la ciudad de México –quien recientemente encabezó las protestas de amas de casa por el precio del energético–, una familia que gana el salario mínimo destina 15% en adquirir mensualmente 30 kilos de gas, mientras que otra con ingresos de 20 salarios mínimos utiliza sólo 0.75%. Es decir, el impacto en el gasto familiar es 20 veces mayor en las familias pobres. "No se debe continuar con una política que profundiza las desigualdades sociales", afirma el político.
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Un análisis realizado por Manzo, de la UAM-A, con base en datos de Pemex, revela que el costo de producción del gas LP en febrero pasado fue de sólo $0.55 pesos por kilo. Sin embargo, la paraestatal se lo vendió a los distribuidores en $4.08 pesos y éstos se lo entregaron a los consumidores domésticos en $6.10. El catedrático considera que, reduciendo los márgenes de ganancia de Pemex (e indirectamente de Hacienda) y de los distribuidores a niveles más razonables, el combustible se podría vender al público en aproximadamente $3.31 pesos por kilo.
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¿Existen soluciones al dilema entre alza de precios o desabasto? "Hay dos grandes retos: asegurar el suministro tanto de electricidad como de gas natural en el largo plazo. Además, ambos están muy vinculados, debido al rápido crecimiento del empleo del segundo en la generación eléctrica", asegura Rodríguez Padilla.
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"En electricidad hay dos opciones: 1) aprobar, como plantea el gobierno, la propuesta de cambio constitucional para que entre el capital privado a la industria asumiendo sus propios riesgos, o 2) subir las tarifas sin crear un mercado. En este segundo caso, si se eliminan los subsidios y la reforma fiscal es realmente integral, la CFE dispondrá de más recursos propios para sus necesidades de inversión."
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En cuanto al gas natural, según Rodríguez hay un par de posibilidades que también pasan por el Congreso: una es la modificación legislativa para que haya apertura y contratos de riesgo en la exploración y producción de gas no asociado al petróleo; la otra es que la reforma fiscal deje a Pemex mayores recursos para explorar y producir gas. Esas alternativas podrían complementarse con cierto nivel de importaciones, ya sea por ducto o en forma de gas natural licuado.
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Respecto al gas LP apunta que "el precio de referencia internacional no es relevante para el mercado mexicano, excepto con el fin de asegurar un importante ingreso fiscal y como parte de la política energética que busca que el gas natural lo vaya desplazando. Además, no hay transparencia en la estructura de costos ni en los márgenes de ganancia."
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En este tema, igual que en el de la gasolina, se percibe una "voluntad de buscar mayor autosuficiencia" por parte de las autoridades, que analizan la posibilidad de construir dos nuevas refinerías: una para elaborar gasolinas y otros combustibles, la otra para producir insumos petroquímicos. "Tales proyectos, en caso de realizarse, tenderán a equilibrar las cadenas y asegurar que haya más producción y disponibilidad de combustibles en el largo plazo. Así no será tanto el problema."
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El reto es encontrar el justo medio; es decir, un precio justo para cada tipo de consumidor, que sin gravámenes excesivos promueva el crecimiento económico, y una ganancia razonable para las empresas de energía, que les permita cubrir sus costos y construir nueva infraestructura. ¿Será tan difícil?
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