Entre el decir y el hacer

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No es justificable el abandono, la indiferencia y la lentitud con la que se administra la política comercial e industrial en el país: por goteo, llena de inconsistencias y de anuncios espectaculares de medidas que no se llevan a la práctica y que terminan por generar confusión entre los agentes económicos.

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También resulta difícil comprender porqué las complejas disposiciones legales que establecen los derechos que tiene la planta productiva nacional en defensa de sus intereses ‑en materia de prácticas desleales de comercio, de administración aduanera o de normalización‑ conservan un elevado margen de discrecionalidad en sus procedimientos, diagnósticos y aplicación. Con ello se falla a los compromisos gubernamentales de aplicar las leyes con rapidez, claridad y certidumbre.

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Un ejemplo de la distancia entre el decir y el hacer gubernamental, es el anuncio hecho el 28 de febrero por el Presidente de la República, de que se utilizaran los máximos niveles arancelarios de 35% permitidos a México por la Organización Mundial de Comercio, a las importaciones de productos de cuero, calzado y a las confecciones textiles procedentes de todas las naciones con las que no se tiene firmado ningún convenio comercial. A pesar de que la medida fue ratificada en diversas ocasiones, su publicación en el Diario Oficial de la Federación se realizó hasta el 30 de mayo y su entrada en vigor será a partir del 9 de junio. Mientras, los productores de calzado y confecciones textiles resintieron los efectos del dumping, el contrabando y la subfacturación.

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Otro caso es la lentitud del manejo procesal y los cambiantes criterios de interpretación de la legislación comercial relativa a las prácticas desleales de comercio. En este campo se ha hecho ya una costumbre la conclusión de las investigaciones en plazos mucho mayores que los autorizados por la ley, con el resultado de que al llegar el momento de emitir las resoluciones finales las prácticas desleales que dieron origen a la investigación materialmente se han extinguido.

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Con esta falta de claridad y de certidumbre en la aplicación de las leyes, muy pronto podría darse el caso de que las empresas industriales dejen de hacer uso de los recursos disponibles en los distintos ordenamientos legales, máxime cuando estos representan elevados costos para las industrias afectadas y no existe siquiera una garantía de aplicación correcta de la ley.

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