Escenario ambientales y agenda nacional

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Boris Graizbord Y Cuauhtémoc León

La humanidad enfrenta en el umbral del siglo XXI un problema de dimensiones globales cuya solución podría afectar la forma de vida que han adoptado las sociedades postindustriales, y del mismo modo cancelar las aspiraciones de aquellas que han emergido en la segunda mitad del siglo que termina.

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Se trata, entre otros, del “cambio climático”, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, el aumento de la aridez. Creer que estos cambios globales beneficiarán sólo a unos y perjudicarán únicamente a otros es producto de una irresponsable miopía.

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Lo anterior toma cuerpo en la agenda política nacional a la luz de lo que podríamos enunciar como los tres grandes paquetes temáticos ambientales: uno, que se conformará en función directa para atender la dinámica, los compromisos y las presiones globales; el segundo, más bien de origen endógeno, resulta de la experiencia y los problemas ambientales inmediatos del país; y un tercero, basado en la específicidad de nuestro medio natural y el nivel de desarrollo socioeconómico, político y cultural que, aunque difuso, complicado y poco explorado, no por ello es menos importante y espera ser descubierto o expresado explícitamente como parte de la agenda pública en nuestro país.

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Lo internacional en lo nacional
El gobierno de México enfrenta compromisos internacionales derivados de la firma de convenios, pero debiera promover y eventualmente liderear nuevas posiciones en la arena internacional. Mucho de las políticas nacionales puede explicarse como consecuencia o por la influencia de este contexto mundial; pero otras no han sido claramente definidas y, por tanto, está pendiente su traducción e incorporación a la política nacional. Podríamos enlistar aquellos temas en proceso de definición:

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  • Cambio climático y consumo energético.
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  • Deforestación y captura de carbono.
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  • Pesquerías y océanos comunes.
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  • Mercados verdes y ecoetiquetas.
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  • Bioseguridad y propiedad intelectual.

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Y los más o menos definidos:

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  • Biodiversidad, fragmentación y pérdida de hábitats y especies.
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  • Esfuerzos de cooperación internacional para la conservación de ecosistemas a mesoescala (v. gr. corredor mesoamericano y arrecifes coralinos caribeños).
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  • Relocalización industrial-paraísos ambientales.

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En documentos oficiales recientes se muestra que algunas acciones gubernamentales asociadas a varios temas caminan por una ruta positiva, por lo que el explícito reconocimiento de ello sería suficiente razón para promover su continuidad.

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En el ámbito productivo la agenda nacional tendrá que buscar un acuerdo que revalorice el papel del sector industrial, reconociendo que la atención ambiental depositada sólo en las empresas grandes –y no en las micro, pequeñas y medianas no conducirá necesariamente a mejoras sociales ni ambientales.

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Habrá que atender de manera inmediata, por el riesgo de pérdida irreparable o elevados costos futuros, los siguientes ocho aspectos:

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Disponibilidad y calidad del agua viz a viz la creciente competencia entre las actividades productivas sectoriales y el consumo urbano propiamente; elevadas tasas de deforestación y la pérdida de suelos por erosión; disposición y manejo de basura municipal (urbana y rural); riesgos en la salud; residuos industriales peligrosos; mercado negro de especies; estrategias de regulación ambiental (comando y control y/o estímulos económicos), y mecanismos de participación social.

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Habría que resaltar el papel aún incipiente de los partidos políticos para conducir y permear una discusión social de los aspectos ambientales. Lo mismo puede decirse de los medios masivos de comunicación, cuya participación seria y especializada es más que urgente.

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Un aspecto adicional que constituye un reto institucional es la contradicción asociada a la política económica ambiental del país que, por un lado, fomenta ciertas actividades productivas (por ejemplo las pesqueras, forestales) y, por otro, debe regularlas para evitar su deterioro. Las autoridades ambientales, sin suficiente fuerza para inducir acciones de política proambiental en el resto de los sectores de la administración pública, deben dirigir sus acciones a paliar o incluso resarcir los impactos directos y las consecuencias negativas que se generan por actividades promovidas por ellos.

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Con relación a la participación social, en la cuestión de la propiedad de la tierra y de los recursos naturales, queda por resolver si la política continúa afectando las tierras comunales campesinas y de grupos indígenas, o bien se reconoce desde ahora su responsabilidad de mantener y conservar el patrimonio natural. La pregunta sería: ¿En quién recae la custodia: en los campesinos, los indígenas, el Estado, las fuerzas del mercado?

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La descentralización y la capacidad estatal y municipal para la gestión ambiental enfrentan serias deficiencias para resolver los retos ambientales locales. Los municipios no tienen, en el sentido productivo o de arreglo institucional, una identidad ambiental tal que les permita mantener una cohesión o integración territorial ya sea con base en el paisaje (costas, desierto, bosques o selvas) o a partir del proceso económico regional (urbano, industrial o fronterizo).

Lo que subyace
Algunos fenómenos no han sido informados o están poco documentados. Aquí señalamos algunos que como temas emergentes se presentan de manera compleja y ajena al tratamiento sectorial convencional. Es posible que por ello no hayan sido incorporados a ningún discurso y mucho menos integrado a una política pública. Entenderlos, sin embargo, es urgente por cuanto toca a su interdependencia (sectorial y social), pero sobre todo debido a que su tratamiento parcial o sectorial no podrá ser efectivo. -

Un primer tema se refiere a un posible escenario donde los problemas ambientales se consideren  postergables, no críticos, o bien un mal inevitable, y como tal ni siquiera se visualice su capital importancia para mantener la calidad de vida y, más aún, para sostener la economía. ¿Cómo evitar o responder a ello?

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El tema de la sustentabilidad urbana, de los intercambios de agua o energía con el resto del territorio y su interdependencia creciente, deberá llevar  al reconocimiento y a la creación de políticas que mantengan la viabilidad y la calidad mínima del paisaje rural, boscoso o de selvas, para asegurar, por ejemplo, el abasto de agua a las ciudades.

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Un tercer tema es el de las costas, que deberá verse como un ámbito regional altamente productivo y de alto crecimiento poblacional. Sin embargo, por su vulnerabilidad ecológica requiere de una política explícita para resolver o planear su desarrollo.

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Las grandes facturas: deterioro por deforestación, fragmentación y simplificación de los ecosistemas, cambios de uso de suelo y en general los pasivos ambientales provocados por las políticas sectoriales (en particular las agropecuarias), conducirán a la necesidad de plantear políticas transectoriales e instrumentos de política ambiental nuevos, tales como elevar las obligaciones de evaluar el impacto económico-ambiental de planes y programas. Ello no sólo para enfrentar la creciente pobreza y desigualdad social sino para sustentar la base productiva misma.

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Los desastres naturales recientes demuestran que, ante montañas deforestadas, los impactos en la economía son con mucho superiores a lo que costaría mantener lo que queda y recuperar lo perdido de los bosques y selvas del país.

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En este contexto se hace necesaria una nueva visión de políticas de largo plazo: que recuperen el potencial productivo (deterioro ambiental y pasivos), que visualicen tendencias y oportunidades (agricultura orgánica) de la economía y que permitan desarrollar mecanismos para crear o adaptarse a nuevas condiciones del entorno y así, tal vez, evitar “llegar tarde” nuevamente.

Cambios institucionales
La agenda ambiental deberá estar conformada por una discusión impostergable asociada a nuevos arreglos institucionales. Desde nuestro punto de vista podría haber tres tipos de propuesta: uno relacionado con regresar a esquemas previos a la conformación de una secretaría de estado –la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Semarnap– que agrupó a casi todos los temas, grupos y subsectores de lo ambiental; otro que concedería a la actual Semarnap la fuerza para consolidar su papel, sugiriendo quizá algunos cambios, y un último que impulsará un esquema de desmantelamiento de la misma bajo argumentos de eficiencia, proponiendo que cada sector atienda prioridades ambientales propias, en el mejor de los casos, o bien que sea el mercado el mecanismo a través del cual se responda a la calidad ambiental y la explotación racional de los recursos. -

De cualquier modo la institución (re)creada deberá resolver básicamente dos retos: las relaciones intersecretariales o la consistencia y congruencia necesarias para que las prioridades ambientales crucen transversalmente cualquiera de las políticas del estado (generales o sectoriales); y la inclusión del discurso y, por tanto, de las prioridades ambientales en el gabinete económico.

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De esto dependerá que el diseño institucional sea serio, a la altura de las realidades económico-ambientales del país y permita enfrentar de manera realista el mito de la abundancia de recursos naturales, o bien se convierta en cosmético, paliativo y simbólico con el solo fin de evitar la impopularidad, por cuanto no se fomenten visiones gloriosas y triunfalistas, como ha sido la costumbre.

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La fuerza del “nuevo político” y su riesgo –tal es el caso de la actual secretaria del ramo– radica en hablar de manera realista, mostrando cifras que no permiten soñar futuros venturosos, pero que en principio permiten visualizar la fuerza de sus propuestas y acciones a la luz de la realidad.

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Boris Graizbord
es geógrafo y profesor investigador desde 1979 del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México. Desde 1995 coordina el Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México).

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Cuauhtémoc León
es ecólogo y coordinador académico de LEAD-México en El Colegio de México desde 1995.

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