Estado de confianza

Cuando la corrupción entra por la ventana, la inversión sale huyendo por la puerta. Durante muchos años, las mordidas, los sobornos y los arreglos en lo oscurito que se daban en los negocios que se hacían con los gobiernos estatales no lograban ser detectados, registrados, ni dimensionados, a no ser en el largo plazo, cuando sus consecuencias minaban las cuentas públicas o afectaban los intereses de la sociedad.

- Desde la década de los 90, la realización de estudios de parte de organismos internacionales y la creación de diferentes índices de control y transparencia del Estado comenzaron a sacar a la luz una gran cantidad de información que, en particular, es de utilidad para el inversionista.

- ¿Dónde invertir con el menor sobre-costo de corrupción posible? Ésta es la gran pregunta que el dueño del capital se hace cada vez inicia un proyecto. ¿Por qué? “Porque la corrupción distorsiona los precios y las condiciones del mercado, aumenta la incertidumbre para realizar transacciones comerciales e incrementa los costos de operación de las empresas”, explica Arturo del Castillo, presidente de CEI Consulting and Research.

- CEI es una compañía mexicana que desarrolla tecnologías administrativas aplicables tanto a empresas como al gobierno para asegurar mejores resultados en términos de transparencia y responsabilidad social. En el marco de sus tareas de investigación acaba de publicar el primer Índice de Honestidad y Eficiencia en la Generación de Infraestructura Pública (IHE). Una suerte de lupa que puso bajo su lente a las 32 entidades federativas de la República. Las ubicó en un ranking que muestra claramente cuáles fueron las más y las menos eficientes y honestas al aplicar los presupuestos destinados a obra pública.

- Significativamente, el índice muestra que entre los primeros cinco más honestos no figura ninguno de los Estados con mayor poder económico del país. Los laureles se los llevan Michoacán, Jalisco, Baja California Norte, Veracruz y Colima. El Estado de México aparece en la posición 29 y el Distrito Federal en el último lugar. Los norteños, en su mayoría, se ubican del décimo lugar para abajo.

- “El objetivo (del índice) es propiciar que exista una mayor transparencia en el sector público y a su vez prever fraudes dentro de las empresas”, afirma Del Castillo.

- Cómo se construyó
El índice elaborado por CEI es producto de un estudio que demandó un año y medio de trabajo. Aunque es el único en su tipo en América Latina, su metodología se tomó de un estudio realizado por el académico Lucio Picci, de la Universidad de Bologna, que fue avalado por el Banco Mundial.

- “Lo que hicimos fue calcular la diferencia entre las cantidades de infraestructura física que existe, como escuelas, hospitales, viviendas, carreteras, puertos, agua potable, entre otras, y las cantidades de la inversión pública ejercida para construir dicha infraestructura a lo largo de 30 años”, explica el especialista del CEI. Esto implica –en términos llanos– comparar lo que los registros contables dicen que se ejecutó y los ladrillos que finalmente se ven en la realidad. “La diferencia entre estas dos variables es la que nos permite determinar el índice y qué Estado ha hecho la inversión más eficiente y honesta en esa materia”. Sin embargo, la herramienta no permite identificar razones precisas por las cuales se desviaron, subejecutaron, mal ejecutaron o sobredimensionaron los presupuestos.

- Al dividir el subíndice de “infraestructura existente” entre el “subíndice inversión” cada Estado fue acreedor de un número o factor que es el que revela cuánta más infraestructura pública debería tener tomando en cuenta el dinero que gastó durante los últimos 30 años. Los resultados son contundentes. “Si se hace la suma de todo el índice (de todas las entidades), se llega a la conclusión de que cada Estado tendría casi el doble de infraestructura de lo que tiene actualmente si se hubiera invertido de forma eficiente el gasto”, apunta Del Castillo.

- La pérdida de tiempo en el desarrollo de infraestructura en una economía globalizada y competitiva no es gratuita. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial para toda América Latina, por causa de la escasa infraestructura logística, las pérdidas en ruta de los negocios de la región son 20 veces mayores que las de los países industrializados, los costos logísticos son 2.5 veces mayores y los niveles de inventario son tres veces más altos.

- Para el caso de México, la realidad se vuelve más dramática aún si se considera lo que está demostrando el índice del CIE: es infraestructura que no existe, pero que sí tenía recursos disponibles.

- Deuda social
Aunque Michoacán fue la entidad mejor evaluada (y por ende, la que tuvo el comportamiento más eficiente y honesto) el  análisis desglosado de sus resultados no la dejan bien parada. En materia de salud, por ejemplo, el estudio indica que por cada 100,000 habitantes, debería tener 6.4 hospitales y 129 unidades de consulta médica más de lo que en realidad tiene. Esto no es un resultado neutral para su sociedad, es una situación que derrama sus consecuencias. Todo lo contrario. La esperanza de vida al nacer de los michoacanos es la segunda más baja del país.

- En materia de educación el diagnóstico se repite. El Estado debería tener 1,533 escuelas de educación básica y 25 escuelas de educación media más de las que en realidad tiene. Mientras tanto, el analfabetismo en mayores de 15 años alcanza a casi 16% de su población.

- Si así le fue al mejor, ¿qué decir del Distrito Federal que quedó en último lugar y bastante lejos de Campeche, que es la entidad que le precede? En particular, son lamentables los resultados de la infraestructura asociada a los servicios públicos de la capital del país.  “Debería tener cubierta la demanda por los servicios de drenaje, agua entubada y energía eléctrica en más de 500% de cada uno de los servicios, de lo que realmente ofrece”, indica Arturo del Castillo. Dado el gasto que se ha hecho durante 30 años deberían existir más de 12 millones de hogares extras con energía eléctrica, 11 millones con servicio de agua potable y otros 11 millones con drenaje, más de lo que en realidad se cuenta.

- “En materia de educación y salud, el índice también muestra cuestiones impactantes”, señala la gente del CEI. “El DF debería contar con 579% más escuelas de educación básica y media superior de las que tiene”. Además, unos 600 hospitales adicionales y unas 4,000 unidades de consulta médica por cada 100,000 habitantes.

- El IHE refleja los datos que se obtienen de forma acumulada, por lo tanto “no podemos saber cuál sexenio fue en el que se presentaron los mayores fraudes”, dice Del Castillo. “Pero –agrega– los resultados pueden ser interpretados como indicadores de una mala administración, fraudes y desperdicio doloso de recursos públicos”.

- Al exponer sus conclusiones, el CEI se esfuerza en neutralizar cualquier interpretación de sesgo político que pretenda darse a su trabajo. “El índice no dice que la culpa es de López Obrador. Hay tres formas en las que podemos demostrar que el índice no es tendencioso o tiene fines políticos”, dice el director de la consultora. Y enumera: “Nuestros datos son públicos, cualquiera tiene acceso a ellos. En segundo lugar, a quién podemos favorecer si en primer lugar está Michoacán, que es del PRD, y en último está el DF, que también es PRD. En tercer término está, claro, que somos una empresa, nuestro interés no es pegarla a nadie, sino vender nuestro índice”.

- Impacto en los negocios
El tipo de información que el índice del CEI busca revelar parte de una preocupación que la comunidad de negocios mundial dejó plasmada en el Informe Global de la Corrupción 2005 elaborado por Transparencia Internacional (TI), y que fue presentado en España, en marzo pasado. Según este informe, la obra pública es el sector de la economía donde se produce un mayor grado de corrupción, lo que supone un obstáculo para el crecimiento sostenible de los países y las empresas. “Cuando la dimensión del soborno tiene prioridad sobre el valor del dinero, el resultado son construcciones de mala calidad y manejo deficiente de la infraestructura”, dijo Peter Eigen, presidente de TI. “El dinero se malgasta, los países caen en bancarrota y la gente muere”.

- Este diagnóstico está impulsando a nivel mundial la creación de sistemas de medición y herramientas que auxilien a la iniciativa privada en la toma de decisiones ante escenarios de crisis de la inversión en infraestructura por burocracia, corrupción, ineficiencia o deshonestidad. El índice de competitividad del ITESM y el índice de Opacidad de PricewaterhouseCoopers se inscriben también en esta tendencia.

- Manejar esta información “beneficia al empresario“, afirma Del Castillo. En el caso del IHE del CIE, es una herramienta de análisis de riesgo de inversión a nivel estatal. “Aquellos Estados que tengan un índice más positivo pueden representar mejores ganancias para las empresas en tanto que se puede asumir una mejor calidad en la infraestructura económica. Esto es: mejores carreteras, aerovías, puertos…”, indica. Además, al considerar infraestructura pública social, el ranking de los Estados también puede ser leído como un indicador para saber en dónde los habitantes tienen un nivel de vida más alto y, por tanto, las empresas pueden esperar trabajadores mejor preparados y con mejores estándares de salud.

- Por más prejuicio o desconfianza que pueda plantearse a este conjunto de instrumentos que están poniendo el dedo en el renglón de la corrupción, lo que no puede soslayarse es que este tema se ha convertido en el palo en la rueda de la reproducción equilibrada del capitalismo. Un estudio del Banco Mundial (BM) sobre economías en transición señala que los niveles de inversión en países con altos índices de corrupción son 6% menores que en países con niveles de corrupción media.

- Para aquellos gobernadores y funcionarios públicos que aún conserven deseos de minimizar el tema, en perjuicio de la comunidad que administran cabría recordarles un cálculo elaborado por el profesor Shang-Jin Wei, de la Escuela de Gobierno Kennedy en la Universidad de Harvard: cada punto de incremento en la percepción de corrupción de un Estado reduce 11% la inversión extranjera directa.