Rogelio Sada dice que como presidente municipal, más que administrar, le tocó “sufrir” el programa de Solidaridad. Por eso ahora asegura que como diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN) buscará la forma de mejorar los ingresos de los municipios y de los estados.
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Según Sada, cuando presidía el ayuntamiento de Garza García –en la zona metropolitana de Monterrey– le llegaban los recursos de Solidaridad “con etiqueta de cómo debía emplearse, hasta para el último renglón. Se autorizaba desde la federación cualquier programa, hasta una simple banqueta”.
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El programa Solidaridad ya no existe, pero ese es todavía el procedimiento para un gran porcentaje de los recursos que la federación reparte entre los estados. “Los recursos ya van amarrados, a tal grado que si el gobierno de un estado ahorra al construir un hospital, el restante también lo tiene que invertir en salud”, explica Fausto Hernández, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que ha elaborado algunas propuestas para mejorar los recursos para los estados.
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Cuando Rogelio Sada dice que “México viene de una cultura autoritaria, centralista, muy marcada, que hace que tengamos mucho que recorrer”, no parece descubrir el hilo negro. Algo muy parecido dijo el presidente Ernesto Zedillo en un seminario sobre federalismo fiscal, en Canadá.
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Zedillo explicó que para combatir ese centralismo, se ha repartido entre los estados más de 70% del gasto en educación y en salud.
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“Definitivamente que hay un crecimiento en las aportaciones, pero se trata de desconcentración y no de descentralización de facultades”, aclara Sada.
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El estado ejerce el gasto en educación, pero la federación le dice cómo. El problema ha sido mayor en los estados que tenían más inversión en educación antes de que empezara ese proceso de desconcentración, en 1995.
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En ese momento, Baja California, Nuevo León, Chihuahua y en menor medida otras entidades, tenían profesores estatales y federales. Cuando se desconcentra la educación, llega el dinero etiquetado para los profesores federales y la obligación de igualar el salario a los estatales. De manera que las entidades tienen nuevas presiones sobre su presupuesto.
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Hernández calcula que Baja California tiene que destinar 60% de su presupuesto a educación, un porcentaje que no tienen estados con mayores necesidades educativas.
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El gobernador de Nuevo León llamó la atención sobre el problema en una reunión con Zedillo en septiembre. La respuesta fue que no había condiciones para cambiar el reparto, porque otros estados quedarían “descobijados”. Pero Sada y los representantes de algunos gobiernos de estados norteños tienen otra idea. Proponen que para las entidades con “carga elevada educativa” se destine una partida especial, equivalente a 3% de la llamada “recaudación federal participable”. Es el concepto que engloba lo recaudado en impuesto sobre la renta, valor agregado y algunos otros más. Del total, el gobierno federal reparte entre los estados, 20%. Ahora se pide amarrar otro 3% para esas entidades.
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Según Sada, por lo pronto esa es la única forma de mejorar los ingresos de los estados que se han quejado, porque en lo que resta del sexenio no podrá haber una reforma fiscal. Pero Fausto Hernández advierte que podría haber problemas constitucionales, porque la propuesta implicaría dar trato desigual a miembros de la federación.
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Mejorar el ingreso de los estados “será el gran tema del próximo sexenio”, dice Hernández. Pero Sada considera que algo se puede hacer de aquí a fin de año. Además de la propuesta de los recursos educativos, se le podría “quitar la férula” a los recursos para seguridad pública, lo que ya sería un alivio.